El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa el desarrollo económico y social de las zonas rurales con ayudas por 687 millones de euros

El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene su firme compromiso en la lucha contra el despoblamiento de las zonas rurales. El Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha políticas destinadas a combatir este fenómeno tales como la Estrategia de Inversión Territorial Integrada, el impulso a la extensión de la fibra óptica o el impulso del Pacto por la Despoblación; políticas que han derivado en la implementación de medidas de discriminación positiva para favorecer la inversión y la puesta en marcha de proyectos generadores de empleo en estas zonas.

Esas medidas de discriminación positiva, que aumentan el impacto de las ayudas para los espacios ITI, han supuesto el impulso directo a 150 empresas para la consolidación o creación de más de 1.300 puestos de trabajo y apoyo para la creación de medio millar de proyectos de autoempleo.   

El Ejecutivo autonómico coordina el proyecto ‘Redera+’, una iniciativa que pretende generar una red de aprendizaje centrada en la mejora del acceso y la eficacia de la formación profesional e las áreas rurales menos pobladas para fortalecer la inclusión social, la triple sostenibilidad económica, ambiental y social; y contribuir a fijar población en estas áreas.

El proyecto celebra durante hoy y mañana sendas jornadas de trabajo en Toledo, con presencia de representantes de los siete socios europeos llegados de países como Italia, Países Bajos, Alemania y Eslovenia; jornadas que han sido inauguradas por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Rosa Ana Rodríguez.

La titular regional de Economía, Empresas y Empleo ha reconocido que el despoblamiento y el envejecimiento poblacional son dos de los retos a los que se enfrenta el territorio, y ha recordado el comportamiento de la curva de población en la región en los últimos años. “La población creció de manera intensa en la región en la primera década de este siglo, y superó los 2,15 millones de habitantes en el año 2011”, ha detallado Patricia Franco, que ha explicado que, con la llegada de la crisis económica, “la tendencia demográfica se invirtió y no fue hasta el año 2018 cuando se recuperó la tendencia al alza”, hasta alcanzar los 2.032.863 habitantes con los que cuenta en la actualidad la región.

Ese comportamiento, que no ha sido homogéneo en las cinco provincias, se ha sumado al envejecimiento paulatino de la población; un envejecimiento que se hace más palpable en las zonas rurales, “ya que en los municipios de menos de 2.000 habitantes las personas mayores de 65 años suponen un 29 por ciento de la población, doce puntos por encima de su proporción en los municipios más poblados”, ha dicho la consejera.

Patricia Franco ha subrayado el “compromiso inequívoco” del Gobierno de Emiliano García-Page en el desafío del despoblamiento, con la puesta en marcha de políticas activas destinadas a incentivar el desarrollo económico y social de las zonas rurales. Entre ellas, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha citado la Estrategia de Inversión Territorial, que incluye a 632 de los 919 municipios que conforma la región y que ha puesto sobre la mesa más de 60 líneas de ayudas por un importe de 687 millones de euros destinados a la digitalización del territorio, el fomento de la actividad económica y el aprovechamiento sostenible de los recursos disponibles.

“Sólo en el año 2018, el Gobierno regional llevó la fibra óptica a 183 localidades de la región, y la cobertura 4G ha crecido un 135 por ciento en nuestro territorio por el 30 por ciento que ha crecido en el conjunto del país”, ha remarcado.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo también ha subrayado las medidas de discriminación positiva que se incluyen en las políticas que se llevan a cabo en su departamento, destinadas a incentivar la inversión y el empleo para fijar población en estos territorios. “A lo largo de la pasada legislatura destinamos más de 20,5 millones de euros para el fomento de la inversión y la mejora de la productividad en estas zonas, que han servido para consolidar 1.300 puestos de trabajo y crear 135 nuevos empleos, y de los que se han beneficiado más de 150 empresas”, ha indicado Patricia Franco, quien también ha señalado el impacto del Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento en este sentido, ya que a través de sus seis líneas de apoyo “hemos contribuido a crear casi 500 proyectos en zonas despobladas, con un incremento en la cuantía de ayuda del 20 por ciento”.

Por su parte, la consejera de Educación, Rosa Ana Rodríguez, ha destacado que el que estén implicadas estas dos Consejerías –Educación y Empleo- en el proyecto ‘Redera+’, da cuenta de “la importancia que da el Gobierno de Castilla-La Mancha a este tipo de iniciativas”, al tiempo que ha recordado que “esta doble vía que tiene la FP, que afecta tanto al empleo como la educación, es fundamental al conseguirse experiencias como esta”.

“Unas experiencias que nos van a permitir la internacionalización de nuestras propias prácticas educativas y también el recibir otras de otros países”, ha dicho la consejera de Educación. “Engrandeciendo con esto nuestro proyecto educativo, y beneficiando, de forma directa, al desarrollo de todos los procesos educativos y de aprendizaje que se van a producir en nuestra región”, ha añadido. 

Por último, la consejera ha explicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha cuenta con otros 188 proyectos como el ‘Redera+’, que tienen aparejada una inversión para su desarrollo de casi 6,5 millones de euros. Además, ha añadido que también “tiene experiencia en la coordinación de consorcios educativos. Y tanto es así, que el pasado mes de diciembre fue galardonada, a nivel europeo, con el reconocimiento a la calidad por el Proyecto del Consorcio ‘E+Lazos”.

Cabe recordar que, actualmente, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes coordina dos Consorcios Erasmus: el ‘E+Startls’, en el sector de educación escolar; y ‘Vet Going On’, en el sector de Formación Profesional. En ambos, tanto el profesorado como el alumnado podrá llevar a cabo actividades de formación en periodos de prácticas en diferentes países de Europa.

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