La flexibilización para aplazar y fraccionar deudas tributarias beneficiará a unos 4.500 contribuyentes y supondrá inyectar en la economía regional 10,5 millones

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una orden de medidas excepcionales en el ámbito tributario para flexibilizar las condiciones de aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas de naturaleza pública con la Administración regional, de las que se podrán beneficiar unos 4.500 contribuyentes, por un importe estimado de 10,5 millones de euros, lo que supondrá una nueva inyección de liquidez para la economía de la región.

Datos que han sido aportados hoy por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, en una rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de Fuensalida, para informar de esta orden, que entrará en vigor mañana con su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

El objetivo de esta orden, según ha explicado Ruiz Molina, es contribuir a aliviar la complicada situación que la crisis sanitaria del coronavirus está suponiendo en los operadores económicos de la región, al permitirles mitigar los problemas de liquidez que pudieran estar teniendo, especialmente aquellos cuyos ingresos provienen del ejercicio de actividades empresariales y profesionales.

Así, gracias a esta orden, los recursos económicos podrán continuar en manos de los contribuyentes, en lugar de ser recaudados con carácter inmediato por la Administración regional, lo que les ayudará a superar las posibles dificultades transitorias de tesorería que la crisis ocasionada por la COVID-19 les esté pudiendo ocasionar.

Entrando en los detalles de esta normativa, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha resaltado que la orden establece tres medidas en materia de aplazamientos y fraccionamientos de deudas de naturaleza pública con la Administración regional.

En primer lugar, se establece que no se exigirá aval a los contribuyentes que tengan una deuda de hasta 30.000 euros de recursos económicos propios de la Administración regional cuando soliciten aplazar o fraccionar su pago.

Actualmente, el límite con el que no se exige aval para las deudas que los contribuyentes tienen de recursos propios de la Administración regional es de 6.000 euros, por lo que el mismo se incrementa en 24.000 euros.

En segundo término, la orden recoge la posibilidad de conceder fraccionamientos de manera automática, sin ningún trámite, cuando el importe de las deudas que se pretenden fraccionar sea inferior a 10.000 euros.

Ruiz Molina ha señalado que los fraccionamientos de concesión automática son aquellos que se conceden sin estudio previo de la viabilidad del cobro y, actualmente, se conceden por deudas inferiores a 3.000 euros, por lo que con esta orden este límite se incrementa en 7.000 euros.

Finalmente, la nueva orden de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas establece que se concederá una carencia de hasta seis meses en el pago de las cuotas derivadas de aplazamientos y fraccionamientos de deudas sin necesidad de justificación. Esta medida se podrá aplicar tanto a los aplazamientos y fraccionamientos que se soliciten ahora como a los que ya están concedidos.

Sobre la vigencia de esta orden, Ruiz Molina ha indicado que se fija hasta el 31 de diciembre de este año, aunque se recoge la posibilidad de prorrogarla un año más.

Tal como ha enfatizado Ruiz Molina esta orden se ha elaborado “teniendo en cuenta el perfil medio del contribuyente de Castilla-La Mancha”, por lo que se estima que se podrán beneficiar aproximadamente el 95 por ciento de los contribuyentes que habitualmente solicitan aplazamientos o fraccionamientos de las deudas tributarias.

Por otra parte, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha indicado que las medidas incluidas en esta orden ya se comunicaron a los agentes sociales en la negociación del Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica y que también formaban parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno regional con los partidos políticos con representación parlamentaria que se han adherido al Acuerdo por la Reconstrucción Social y Económica.

Bonificación de tasas

A continuación, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas se ha referido a otras medidas que ya ha aprobado el Gobierno de Emiliano García-Page en el ámbito tributario.

En este sentido, ha recordado la ampliación de los plazos de presentación y pago de las autoliquidaciones de los tributos que gestiona la Comunidad Autónoma, que fue aprobada en marzo y que ha permitido inyectar liquidez a la economía doméstica y facilitar el pago de las obligaciones tributarias en una situación excepcional. Gracias a esta medida se han podido inyectar hasta 66,8 millones de euros en la economía regional, beneficiando a casi 50.000 sujetos pasivos, entre familias y empresas.

Además, en la sesión de hoy de las Cortes regionales está previsto que se apruebe la Ley de medidas urgentes para la declaración de proyectos prioritarios en Castilla-La Mancha, en la que se incluyen importantes medidas tributarias, en concreto, dos bonificaciones.

Una de ellas es la bonificación de la tasa fiscal que grava las máquinas o aparatos de juego en un porcentaje equivalente al tiempo que estos establecimientos permanecieron cerrados. Dicha bonificación afectará de forma directa a las 175 empresas operadoras de este tipo de máquinas y de forma indirecta a los más de 5.000 establecimientos de hostelería que tienen máquinas instaladas, con un impacto presupuestario de 9 millones de euros.

La otra, ha añadido Ruiz Molina, es una bonificación temporal de un año del 100 por cien en la tasa de espectáculos taurinos.

Recuperar cuanto antes el nivel de bienestar y riqueza anterior a la pandemia

Finalmente, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha subrayado que el Gobierno de Emiliano García Page está utilizando la política presupuestaria como instrumento para aliviar la complicada situación que la crisis del coronavirus está suponiendo.

Así, por un lado, actúa desde el estado de gastos, con un reforzamiento de los servicios públicos esenciales y una política de incentivos a los diferentes sectores económicos de la región. Por otro, ayudando desde el punto de vista más social, con actuaciones como el decreto de Ayudas de Emergencia Excepcional para personas en situación de dificultad económica y social, dotado con 14 millones de euros.

“Pero también estamos actuando a través de los ingresos públicos, demorando en unos casos su ingreso y bonificando en otros casos el pago de los tributos de competencia de la Comunidad Autónoma”, ha añadido Ruiz Molina.

El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha finalizado señalando que, tal como ha manifestado el presidente García-Page, se tomarán todo tipo de medidas para no dejar a nadie atrás y recuperar cuanto antes el nivel de bienestar y riqueza que había con anterioridad a la pandemia.

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