El Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja para adaptar el desarrollo del proyecto Redera+ a las circunstancias del COVID-19

El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando para adaptar a las actuales circunstancias derivadas de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 el desarrollo del proyecto Redera+, una iniciativa que pretende generar una red de aprendizaje centrada en la mejora del acceso y la eficacia de la Formación Profesional en las áreas rurales, para fortalecer la inclusión social, la triple sostenibilidad y contribuir a fijar población.

Representantes de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y de la Consejería de Educación, coordinadoras del programa, han celebrado esta mañana una reunión con el resto de miembros y participantes del proyecto, para plantear el desarrollo, en primera instancia, de la parte teórica del programa aprovechando la posibilidad existente de alargar un año su duración para garantizar el desarrollo de la parte presencial. 

Éste es el planteamiento que elevará el Ejecutivo autonómico, junto con el resto de participantes en el proyecto Redera+, a la Agencia Europea que coordina el programa, para garantizar su desarrollo y sus efectos a la hora de alcanzar los objetivos marcados. En la reunión – presidida por la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, Nuria Chust – se han puesto de manifiesto las instrucciones del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPEI) para la implementación de medidas específicas relacionadas con el COVID-19 en estos proyectos, que permiten extender el periodo de ejecución del proyecto hasta 12 meses más para flexibilizar el logro de los objetivos por parte de los beneficiarios.

El proyecto Redera+ ha retomado su actividad después del parón obligado a causa de la crisis sanitaria. Cuenta con siete socios europeos de países como Italia, Holanda, Alemania y Eslovenia, y buscan la puesta en marcha de sinergias que deriven en una red de aprendizaje que contribuya a la lucha contra el despoblamiento de las zonas rurales, a través de la mejora del acceso y de la eficacia de las iniciativas de Formación Profesional en los entornos rurales, contribuyendo a fijar población y a fortalecer la inclusión social, además de avanzar en la triple sostenibilidad económica, ambiental y social de estas zonas.

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