CSIF estima que el Gobierno regional «duplica» el número de altos cargos desde 2017

Comunicado.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, cuando se cumplen seis años de la investidura de Emiliano García-Page como presidente de la Junta de Comunidades, lamenta que el Gobierno regional alcance actualmente 137 altos cargos, que suponen un coste anual total de 8.910.056,12 euros en retribuciones.

En 2017, primer año en el que el Portal de Transparencia de Castilla-La Mancha publica la relación de altos cargos y sus retribuciones, el número de estas figuras institucionales se situaba en 76 y suponían un gasto para las arcas castellano-manchegas de 4.823.625,8 euros. Es decir, la estructura de altos cargos en los últimos cuatro años casi se ha duplicado, con 61 puestos más, y el desembolso ha aumentado un 45,8 por ciento.

Estos altos cargos que disfrutan de una generosa nómina y que han sido nombrados a dedo, suponen una discriminación directa hacia el resto de empleados públicos de la Junta de Comunidades que han accedido a sus puestos de trabajo mediante un proceso que garantiza la igualdad, mérito y capacidad.

CSIF critica que mientras los empleados públicos de la región continúan sin recuperar muchos derechos, el presidente del Ejecutivo ha utilizado su mayoría absoluta a modo de ‘rodillo’ para crear una administración clientelar paralela.

A este uso particular de los fondos públicos se suma la utilización partidista de los mismos: el Ejecutivo de García-Page ha concedido del dinero de todos, 43,7 millones de euros a CCOO, UGT y Cecam desde 2014. El problema es la institucionalización de las ayudas directas a las organizaciones afines, como el recientemente creado Consejo de Diálogo Social, los planes de empleo, los planes de recuperación, el Consejo de Relaciones Laborales o el Plan Corresponsables, todos ellos millonariamente subvencionados.

CSIF considera que el Gobierno de García-Page debería derogar de una vez por todas la ‘Ley Cospedal’, que continúa plenamente vigente tras seis años de Gobierno de García-Page, cercenando la recuperación de derechos a los empleados públicos. Todos los logros en Función Pública en Castilla-La Mancha provienen del II Acuerdo de Mejora del Empleo Público firmado por el sindicato con el Ministerio de Hacienda en marzo de 2018.

A ello se suma que la gestión de la pandemia de coronavirus no ha sido buena, la precariedad sigue instalada en el mercado laboral de la región, los accidentes laborales han aumentado, los índices de pobreza son muy altos y las tasas de temporalidad e interinidad son muy elevadas.

CSIF considera que García-Page debería abandonar las políticas de anuncios, autobombo y autocomplacencia, y dedicarse a lo verdaderamente importante: a luchar por mejorar las condiciones laborales, económicas y sociales de todos los castellanos-manchegos, algo que no ha conseguido mejorar en sus seis años al frente del Gobierno regional.

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2 COMENTARIOS

  1. En cuanto obtuvo mayoría absoluta empezó su reconquista del califato.
    Suprimió las 2 legislaturas como máximo como presidente.
    Modificó la RPT para, como dice el artículo, aumentar el número de altos cargos
    Modificó y creo consejerías para lo mismo, ya que ha conseguido que funcionen aún peor si cabe. Entre ellas la Consejería de Igualdad que en resumen es el instituto de la mujer con un alto cargo más por provincia y una consejera …

  2. Al hilo del tema:
    https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/stas-denuncia-desaparicion-vacantes-ultimo-concurso-traslados-personal-funcionario-junta_1_8098252.html

    El sindicato STAS de Castilla-La Mancha ha denunciado la “desaparición” de vacantes después de que se haya publicado el último concurso de traslados del personal funcionario de la comunidad autónoma. Así lo ha afirmado tras realizar una búsqueda de vacantes en la publicación del Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), algo que esperaban “con expectación”. “Vuelve a oler a podrido en la Función Pública”, recalcan.

    “Nos hemos dado de bruces con lo que no queríamos encontrar, otra desdotación masiva de vacantes, como el pasado diciembre justo antes de la adjudicación de la Oferta Pública de Empleo (OPE), desdotación que conseguimos detener”, argumentan desde este sindicato.

    Añaden que resulta “vergonzoso y miserable” que tras una legislatura en la que Emiliano García-Page se ha dedicado a la creación de puestos eventuales y de la eliminación de los puestos de secretarios provinciales, es ahora el personal funcionario de a pie, que “basa casi exclusivamente su promoción profesional en el concurso”, el que “ve truncada su trayectoria, su conciliación, su futuro por un ¿ahorro económico? que no es tal”.

    Por eso, STAS-CLM avanza que acudirá al Portal de Transparencia para que le detallen pormenorizadamente cada una de las desdotaciones de plazas que hayan tenido lugar entre el 12 de mayo de 2021, fecha de la última Relación de Puestos de Trabajo (RPT) hecha pública por la Junta y el 21 de junio, que es el día usado para relacionar los puestos.

    «Torticero» movimiento
    Finalmente, afirma el sindicato que le faltan los “calificativos” para definir al director general de Función Pública, José Narváez, debido a este “rastrero y torticero” movimiento de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, “que dirige el desaparecido Juan Alfonso Ruiz-Molina”. “Nos vais a tener enfrente porque estáis destrozando la vida, las ilusiones, los planes de futuro y la conciliación familiar a las personas que son las que realmente levantan la Junta cada día. Desde vuestra atalaya os creéis intocables, pero no lo sois”, le dicen a este departamento.

    El DOCM publicó ayer este concurso de traslados con 1.324 plazas vacantes, enfocado a “favorecer la promoción interna de los funcionarios y funcionarias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como la conciliación de su vida personal y laboral”, según informó la Consejería. Destacó que el presente concurso general de méritos puede participar el personal funcionario de carrera de la Administración de la Junta de Comunidades y de otras administraciones públicas que cumplan los requisitos generales de la convocatoria.

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