«Construir el mejor futuro posible para la región sin dejar a nadie atrás», objetivo prioritario del Presupuesto de Castilla-La Mancha para 2022

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado que el Presupuesto de la Junta para 2022 consolida el gasto público alcanzado en 2021, garantiza que nadie pueda quedarse atrás, pone los mimbres para sacar el mayor beneficio a la oportunidad que brindan los fondos europeos, aborda una reducción impositiva y es “fiel reflejo del diálogo social”. Todo ello con el objetivo prioritario de “construir el mejor futuro posible para la región”.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido así el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para el próximo ejercicio, durante el Pleno de las Cortes regionales que se celebra hoy, donde ha hecho hincapié en que con estas cuentas “se pretende apuntalar las tasas positivas de crecimiento y creación de empleo que estamos experimentando”.

En su intervención, Ruiz Molina ha recordado que, según las estimaciones realizadas en relación al PIB, en 2020 la caída en Castilla-La Mancha se cuantifica en el 8,1 por ciento, dos puntos y medio menos que a nivel nacional, que se calcula en -10,8 por ciento, mientras que para este 2021 se prevé que la tasa real del PIB crezca un 4 por ciento en la región y un 5,5 por ciento en 2022. Unas previsiones que, como ha apuntado el consejero, “están avaladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)”.

Igualmente, ha indicado que el último informe de BBVA estima que Castilla-La Mancha sea una de las seis comunidades autónomas que recuperará el próximo año su nivel de riqueza previo a la crisis de la COVID-19, con lo que “queda claro que la región está muy bien situada para recuperar en 2022 la riqueza perdida por la pandemia y que las previsiones macroeconómicas que ha elaborado el Gobierno autonómico se han hecho con la máxima sensatez”, e incluso en algunos casos son “excesivamente conservadoras”, ha puntualizado.

Además, ha resaltado que Castilla-La Mancha es la región que lidera el gasto sociosanitario en la lucha contra el coronavirus, en relación a su PIB; la que más fondos procedentes de la Política de Cohesión Europea ha reprogramado para reforzar su sistema sanitario durante la pandemia, con 308 millones de euros; y la que más empleo ha creado en el último año; además de que ha movilizado más de 672 millones para ayudar a los sectores más afectados, dentro de las 60 líneas recogidas en el Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica.

El titular de Hacienda y Administraciones Públicas también ha repasado las líneas generales del proyecto de Ley de Presupuestos y ha distinguido entre dos grandes grupos de políticas: las dirigidas al Estado del Bienestar y las actividades de carácter económico.

Más de 6.700 millones para el Estado del Bienestar

Respecto al primer grupo, Ruiz Molina ha indicado que se destinarán más de 6.700 millones a reforzar los servicios públicos fundamentales, es decir, sanidad, educación y servicios sociales, lo que supone un incremento del 2,35 por ciento respecto a 2021.

En este sentido, ha explicado que los recursos dirigidos a financiar el Estado del Bienestar suponen en torno al 70 por ciento del gasto total de carácter no financiero. Dentro del conjunto del gasto social, sanidad es la partida más alta y supera los 3.600 millones de euros; seguida de educación, que asciende a 2.181 millones. Por su parte, servicios sociales es el área, dentro del gasto social, que más incrementa su cuantía respecto a 2021, el 8,5 por ciento, seis veces más que el crecimiento total del presupuesto. Esto va a permitir disponer de más de 950 millones de euros, 75 millones más que el presupuesto anterior, ha continuado.

El consejero ha incidido en que, desde que gobierna Emiliano García-Page, el gasto dirigido a sostener el Estado de Bienestar se ha incrementado en más de un 50 por ciento, pasando de un volumen de 4.500 millones en 2015 a 6.758 en el presupuesto de 2022, a la vez que ha hecho hincapié en que “la mitad de ese importante incremento se ha producido desde que estalló la crisis sanitaria”.

Las actuaciones de carácter económico contarán con 1.863 millones

En relación a las actuaciones de carácter económico, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha detallado que superarán los 1.863 millones de euros, 108 millones más que en 2021, lo que supone una variación del 6,1 por ciento, cinco veces más que el crecimiento medio del presupuesto.

Estas políticas presupuestarias irán encaminadas al fortalecimiento y la modernización del tejido productivo, unas partidas que crecen un 10,5 por ciento respecto al año pasado, hasta alcanzar los 900 millones; la apuesta por las nuevas tecnologías y la I+D+i, con 255 millones; el refuerzo de las infraestructuras básicas, al que se dedicarán 435 millones; y el impulso a la sostenibilidad ambiental, con 259 millones.

Se consolida el compromiso de robustecer las plantillas

En cuanto a la distribución del gasto por capítulos, Ruiz Molina ha dicho que los recursos humanos, con 3.843 millones de euros, representan el 39 por ciento del gasto no financiero y, de esa cuantía, el personal empleado en los servicios públicos fundamentales absorbe el 91 por ciento del gasto total en el capítulo 1.

De esta manera, ha remarcado que “se consolida el compromiso del presidente García-Page de robustecer las plantillas” y ha añadido que está incluida una previsión de subida del sueldo de los funcionarios del 2 por ciento, el máximo previsto para el personal empleado público, y que desde 2015 se han incrementado de media más de un 20 por ciento su retribución.

Sobre las operaciones de capital, es decir, las inversiones, ya sean realizadas por la propia Administración regional o por terceros, ha precisado que cuentan con 1.463 millones de euros, una variación del 4,4 por ciento respecto a 2021, 61,1 millones más para destinar a las infraestructuras en el ámbito de los servicios públicos fundamentales, la modernización del tejido productivo, la transformación digital y las infraestructuras de carácter general, dirigidas a la cohesión territorial.

Ruiz Molina ha remarcado, asimismo, que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2022 incluye “un importante volumen de recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”, concretamente 728 millones de euros que se distribuyen entre las diferentes políticas tractoras.

Finalmente, ha reparado en que en 2022 “nuestra política de refinanciación de la deuda nos va a aportar un ahorro de 50,6 millones” que, unido al de 2021, hace un total de 98,7 millones en dos años, lo que permitirá hacer frente a la bajada de impuestos prevista para el próximo ejercicio, que se calcula que va a suponer una merma en la recaudación de en torno a 41 millones de euros.

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