El Gobierno regional forma al personal de los servicios de consumo para atender quejas y reclamaciones relacionadas con el comercio electrónico

Mejorar la formación sobre comercio electrónico de los profesionales al frente de los servicios de consumo de la Administración regional y de las oficinas municipales es el objetivo de las jornadas programadas a lo largo de este mes por el Gobierno de Castilla-La Mancha en Ciudad Real.

Estas sesiones informativas las ha organizado el Servicio de Agenda 2030 y Consumo de la Delegación de la Consejería de Desarrollo Sostenible y están incluidas dentro del Plan de Formación Continua Interadministrativo del año 2021 promovido por el Ministerio de Consumo.

A cargo de las mismas está Pascual Martínez Espín, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha, profesor de gran prestigio y experiencia que es una de las mayores autoridades en el ámbito del Derecho de consumo. Martínez Espín forma parte del CESCO (Centro de Estudios de Consumo) de la UCLM, un referente a nivel nacional de investigación y formación en el ámbito de las relaciones de consumo.

La inauguración de las jornadas contó con la presencia del delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Fausto Marín, quien hizo especial hincapié en el carácter práctico de la formación y subrayó que la pandemia ha actuado como catapulta del comercio electrónico y que con ello han crecido de forma exponencial las reclamaciones interpuestas por las personas consumidoras ante los organismos de consumo como consecuencia de los distintos incumplimientos por las empresas de la normativa vigente.

Entre las vulneraciones más comunes se encuentran no entregar los bienes adquiridos en el plazo legal o pactado, la no aceptación del derecho a desistir que tienen las personas consumidoras de las contrataciones online realizadas,  la falta de información precontractual en las páginas web en donde se publicitan los distintos productos o servicios o los casos de publicidad engañosa, sin olvidar otros supuestos más graves que pueden suponer ilícitos penales, como es el caso de los timos y estafas.  

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