El Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto a solicitar que todos los fondos europeos -tanto los Next Generation EU, como los conocidos como Fondos Estructurales- tengan como criterio de reparto la atención prioritaria a las zonas despobladas.
En el transcurso del plenario del Comité de las Regiones, celebrado los días 26 y 27 de enero, la directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha trasladado que el Ejecutivo que preside Emiliano García-Page valora que los fondos Next Generation EU tengan en cuenta la densidad de población para su asignación, “pero, para poder atender adecuadamente la desigualdad social y territorial en las zonas con una población escasa, envejecida y dispersa, es absolutamente necesario dar atención prioritaria a estos territorios a la hora de establecer el criterio de reparto de todos los fondos europeos, aplicando medidas de discriminación positiva en beneficio de las regiones que presentan este fenómeno adverso”.
Asimismo, la directora general de Asuntos Europeos ha insistido en la importancia de que la aplicación de los fondos europeos sea más flexible en el ámbito rural, a fin de facilitar su ejecución por parte de administraciones y entidades muy pequeñas.
Es fundamental, ha dicho, “que la Comisión afronte el reto demográfico de forma transversal y que se reoriente hacia políticas que fomenten la inversión y la calidad de vida para atraer empresas y población”.
Una zonificación más exacta
Durante su intervención, Marco ha destacado que, para aplicar las medidas sociales y económicas en el medio rural de forma eficaz, es necesario bajar de la demarcación de la provincia (o zona NUT3) -como se viene haciendo desde la Unión Europea- para considerar zonas como la Guadalajara despoblada, para afrontar el declive poblacional de las zonas rurales escasamente pobladas con el fin de reducir las disparidades existentes entre territorios.
En este punto, ha recordado que en Castilla-La Mancha, de forma pionera, ya ha hecho este trabajo de zonificación atendiendo a la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha. Se trata de una nueva regulación por la que se establecen un total de 52 zonas, atendiendo a las comarcas de la región según sus zonas básicas de salud, de las que 14 corresponden a zonas de extrema despoblación en las que se incluyen 523 municipios donde viven 197.762 habitantes; y diez a zonas de intensa despoblación, que incluyen 173 municipios donde viven 208.569 habitantes.
