El sector público perdió peso en 2021 a pesar de la necesidad de hacer frente a los efectos de la pandemia

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) celebra el descenso del paro en Castilla-La Mancha, que finalizó el pasado año con 39.400 desempleados menos. La cifra total de parados, 133.600 personas, es el mejor dato desde el tercer trimestre de 2008, según reflejan los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Frente a la buena evolución, durante el pasado año disminuyó la ocupación en el sector público: 3.400 personas menos a pesar de la necesidad de hacer frente a los efectos de la pandemia de coronavirus. A esta pérdida de efectivos se suma que la contratación temporal aumentó 14,5 puntos en el sector público: menos empleo y de peor calidad.

Desde CSIF se lamenta que ámbitos fundamentales en la prestación de los servicios que recibe nuestra ciudadanía dependan de un contrato temporal, con la precariedad e incertidumbre que ello implica.

A ello se añade que el desempleo femenino continúa siendo predominante, con una tasa de paro (18,21%) que dobla a la masculina (9,43%); el aumento de las jornadas a tiempo parcial (4,6%), además de que la región cuenta con 78.000 parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de un año.

Para CSIF, una de las prioridades para acabar con la precariedad laboral debe ser la eficacia en la gestión del dinero público, más incluso con la llegada de los fondos europeos de recuperación frente a la pandemia.

En este sentido, el sindicato vuelve a censurar, una vez más, que las ayudas millonarias concedidas a CCOO, UGT y Cecam no han servido para poner fin a la precariedad ni para crear empleo de calidad. Las subvenciones que han percibido las tres organizaciones, las últimas asignadas el pasado mes de diciembre, ascienden a 46,8 millones de euros desde 2014 por parte del Gobierno de García-Page.

Cuando los esfuerzos de toda la sociedad deben ir hacia la recuperación, cualquier subvención a organizaciones afines bajo el pretexto de fomento del empleo sería condenable. CSIF considera que las cantidades percibidas por CCOO, UGT y Cecam deberían ser reintegradas para ayudar a los sectores más vulnerables y desfavorecidos.

Por último, para CSIF, la oposición política consiente con su silencio el uso partidista de dinero público por parte del Ejecutivo autonómico.

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