La jueza del juzgado número 3 de Puertollano ha sustanciado las diligencias procesales y las acusaciones contra una veintena de personas, incluido el exalcalde de Puertollano, Joaquín Hermoso Murillo, exconcejales y técnicos municipales aún en funciones, investigadas en el conocido «caso Cerrú» relacionado con los expedientes administrativos y las contrataciones vinculadas a la construcción del estadio de fútbol del Cerrú, y una operación vinculada a este proyecto: la permuta de terrenos en la barriada de El Abulagar planeada entre el consistorio y la empresa que inicialmente iba a construir el campo, inaugurado en 2010.
En el auto, de 21 de marzo de 2023, y tras la investigación de la UDEF, la jueza transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, sustanciando también las acusaciones, ya que, en un contexto de presuntas contrataciones «a dedo», los considera componentes de «una auténtica trama u organización», por los presuntos delitos, según el caso, de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos en el ejercicio de su función, y falsedad documental. Estos delitos se imputan a J.C.H.M., J.L.V.C., F.P.N., C.S.A., E.A.M., M.L.C.V., F.S.M., J.L.M.P., M.I.M.P., R.A.S.S., A.F.M.S., C.F.C.M., F.J.A.A., J.L.S.C., J.L.M.P., M.I.M.P., A.R.M. y L.F.P.R.
En el mismo auto, la jueza instructora ordena abrir pieza separada y se deduce testimonio contra ocho personas y dos sociedades por la presunta comisión de los delitos de malversación de fondos públicos, exacciones ilegales y blanqueo de capitales. Dicho procedimiento judicial en pieza separada ya se ha incoado y está en fase de instrucción. En el mismo aparecen en calidad de investigados J.C.H.M., J.L.V.C., E.A.M., M.L.C.V., F.S.M., C.F.C.M., M.C.S.A. y F.J.B.A, así como dos sociedades.
Según el auto, consultado por Europa Press, «que se trata de una organización queda evidenciado en el momento en que faltando uno de los investigados a los hechos delictivos cometidos, estos no se hubieran producido pues todos ellos funcionaban con un engranaje perfecto: contratos firmados al margen de la ley en la que intervenían cada uno de los investigados por su distinta profesión, informes previos y posteriores a dicha contratación emitidos con el mismo concierto fraudulento, negociaciones prohibidas con empresas privadas por miembros del entramado, etc.», subraya.
Así, según consta en el auto, este grupo de personas podrían haberse concertado de forma permanente en el tiempo, y de forma «totalmente coordinada» para realizar actuaciones presuntamente delictivas.
Para la jueza, las obras del campo de fútbol de Puertollano se realizaron “bajo la apariencia de un contrato de permuta entre la sociedad Proinsa y los entonces alcalde y secretario del Ayuntamiento, contraviniendo la normativa de contratación pública vigente en octubre de 2007; es decir, en el contrato de permuta se escondía un contrato de obra llevado a cabo por el Ayuntamiento a favor de PROINSA». Esta circunstancia, prosigue, podría haber derivado en adjudicaciones «a dedo», previo consentimiento del alcalde y de su asesor, «produciéndose un gasto con cargo al Ayuntamiento de Puertollano a todas luces muy superior al que se obtendría mediante concurso”.
De este modo, la mercantil PROINSA habría subcontratado a la empresa Norten Prefabricados de Hormigón sin estar prevista expresamente la mencionada subcontratación en el contrato de permuta, al tiempo que las obras no fueron concluidas por Proinsa, sino que fueron terminadas por otra empresa subcontratada llamada Teconsa.
Según dicho contrato de permuta, la sociedad Proinsa entregaría suelo patrimonial en una de las parcelas del sector IV y el aprovechamiento del 10% de cesión obligatoria que le otorgaba el plan de actuación, valorado en más de once millones de euros, a cambio de construir para el Ayuntamiento un campo de fútbol valorado en 7 millones de euros más la cantidad de 1,6 millones de euros.
Uso «interesado» de la normativa»
El auto de diligencias previas señala que «es un hecho acreditado por la documentación obrante en las actuaciones que el alcalde, el secretario y los servicios jurídicos llevaban a cabo un uso interesado de la normativa a aplicar en cada momento, y se habían puesto de acuerdo para llevar a cabo resoluciones con múltiples irregularidades». En este sentido «durante todo el procedimiento de contratación se eludieron los principios de publicidad y concurrencia, igualdad y no discriminación, y en toda la documentación facilitada se pone de manifiesto que el alcalde, el secretario, los servicios jurídicos y el representante de la intervención de fondos del consistorio pertenecientes al área de urbanismo, se habían puesto de acuerdo para llevar a cabo resoluciones con múltiples irregularidades”.
«Decimos que se han realizado de forma coordinada pues en el momento en que cualquiera de los integrantes se hubiera negado a seguir los planes previamente acordados por ellos, los hechos no hubieran acontecido y la contratación no hubiera podido tener lugar», insiste.
De este modo, la jueza pide que continúe la tramitación de las diligencias para esclarecer si se hubieran cometido delitos «en el seno de una organización criminal», y se deduzca testimonio contra el exalcalde por los posibles delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y cohecho, así como al exsecretario, el exaparejador, la letrada del Ayuntamiento, la sociedad Luisa Calvo Arquitectos y FESAMORA “por si como consecuencia de la obra del campo de fútbol, recibieron algún tipo de cantidad económica por parte de las empresas adjudicatarias y con él adquirieron propiedades para ellos o sus familiares más cercanos”.
Además, pide que se investigue a quien era interventor del Ayuntamiento y al arquitecto municipal por si pudieran ser autores de delitos de malversación de fondos públicos, exacciones ilegales o blanqueo de capital.
De confirmarse estos extremos se trataría, según refleja el auto, «de un auténtico entramado en el que cada una de las 20 personas implicadas ocuparía su rol en base a su cargo profesional para llevar a cabo conductas tipificadas en el Código Penal». «Llama la atención el grado de concierto existente entre todos ellos, algo que evidencia que no era la primera vez que lo llevaban a cabo, como quedó probado en las obras de la plaza de toros», subraya.
El auto, que puede ser objeto de recurso, establece dar el traslado al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas, para que en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
Un hito judicial en la ciudad minera
Poco antes de las 8.00 horas del 11 de julio de 2018 irrumpía en el Ayuntamiento la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en el marco de la Operación Cerrú por irregularidades en la contratación de las obras del campo de fútbol. A partir de ahí se sucedieron doce horas que señalaron un hito judicial y policial en la historia democrática de la ciudad minera.
La UDEF finalizó los registros aquel miércoles doce horas después de que los agentes irrumpieran en la casa consistorial en el marco de la Operación Cerrú contra la corrupción en la que hubo nueve detenidos, incluido el exalcalde socialista Joaquín Hermoso Murillo. En total se investigó a casi una veintena de personas y se practicaron 19 registros.
Desde poco antes de las 8.00 horas, y tras desalojar y precintar el edificio, los agentes de la UDEF estuvieron acompañados en todo momento por funcionarios municipales con la exalcaldesa Mayte Fernández a la cabeza. A lo largo de aquella jornada sin precedentes los agentes precintaron también la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) en el Paseo de San Greogiro –lugar donde se encuentra el Registro Municipal– y el edifico anejo al Ayuntamiento que albergaba el despacho del exsecretario accidental municipal, incautando diverso material.
Posteriormente se trasladaron al archivo municipal, situado en la calle Numancia, donde finalizaron los registros. A lo largo de aquel día fueron incesantes las idas y venidas de vehículos con detenidos y testigos desde el Ayuntamiento de Puertollano hasta las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional, donde se les tomó declaración en un primer momento.
Los investigados fueron a declarar al juzgado durante las semanas siguientes, según los casos, por la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental, fraudes y/o exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función, cohecho, malversación de caudales públicos y/o blanqueo de capitales.
Los grupos municipales del Partido Popular e Izquierda Unida formalizaron en 2018 su presentación como acusación popular en las diligencias previas sobre este caso.
El exalcalde de Puertollano ya fue condenado a una pena de 7 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa en relación a la ejecución de las obras de la Plaza de Toros de la ciudad minera en los años 2007 y 2008. La misma pena se aplicó a Juan Luis Vázquez Calvo, quien fuera secretario del Ayuntamiento en la época de los hechos.
