Rosa Romero: “Esta ley busca tolerancia cero frente a la okupación en vez de fomentarla”

Los senadores del Partido Popular de Ciudad Real, Rosa Romero y Leopoldo Sierra, han presentado la Ley Antiokupación que el Partido Popular llevó al Senado la pasada semana, para su toma en consideración, y que se aprobó con los votos en contra del PSOE.

En su intervención, Romero ha señalado que es una proposición de ley orgánica que busca un marco jurídico claro y eficaz para proteger la propiedad privada y a las víctimas de una ocupación.

“La ocupación altera gravemente la convivencia vecinal y pone en riesgo la integridad de personas e inmuebles”, ha declarado.

Según la senadora “popular”, esta ley es más necesaria que nunca porque ha quedado claro que la normativa actual no da solución al problema y la aprobación de la Ley de la Vivienda no ha hecho más que agravarlo, “ya que se ha reducido la oferta del alquiler en un 30% y los precios han subido una media del 40%”.

Ha lamentado que el PSOE votara en contra, ya que, “una vez más, se pone del lado de los delincuentes y contra los ciudadanos honrados que con su trabajo se han comprado una vivienda y, una vez más, el PSOE ataca a la Constitución que recoge el derecho a la propiedad privada”.

En este sentido, Romero ha advertido que, desde que llegó Sánchez al gobierno, la ocupación ha aumentado en un 37%, “cada día se producen 46 denuncias y se calcula que ahora mismo hay en España 100.000 inmuebles ocupados, según los datos del propio ministerio”.

Así mismo, ha desvelado que, en Ciudad Real, la ocupación casi se ha duplicado en el último año, pasando de 50 casos denunciados en 2019 a 95 hasta agosto de 2022 (que son los últimos datos que ha facilitado el ministerio), con un fuerte incremento en ese último año de un 48%.

Con todo esto, Rosa Romero ha querido destacar que La Ley Antiokupación del PP obliga al desalojo voluntario en 24 horas, si no es así, ha explicado que  transcurridas esas 24 horas se puede desalojar de manera forzosa; prohíbe el empadronamiento en una vivienda ocupada; elimina la condición de “morada” de la vivienda ocupada para los ocupantes ilegales; habilita a las comunidades de propietarios a acudir a la autoridad (en caso de actividades prohibidas, molestas, insalubres, etc.); incluye los delitos asociados a la ocupación (allanamiento y usurpación) en los procedimientos susceptibles de enjuiciamiento rápido, para evitar dilaciones judiciales,  y modifica el Código Penal para el endurecimiento de las penas y la inclusión de nuevos supuestos penales, como alentar o promover la okupación.

Asegura que la okupación es un problema en auge, en el que intervienen auténticas mafias que han creado una industria del crimen, por eso ha manifestado que “a un okupa se le desaloja, no se le desahucia”.

En cuanto a las situaciones de exclusión social y vulnerabilidad, ha declarado que hay que ayudar a estas personas con viviendas públicas y sociales, pero no con promesas incumplidas como hace el PSOE, y se ha preguntado: “¿dónde están las 400.000 viviendas públicas prometidas por Sánchez?”.

Voto en contra de los senadores socialistas de Ciudad Real en la Comisión de Agricultura

A preguntas de los periodistas, Romero ha criticado la actitud de los senadores socialistas de Ciudad Real, que votaron en contra de las propuestas del PP, en la Comisión de Agricultura, “para dar solución a los problemas que en estos días denuncian los agricultores”. Según la senadora del PP, “una vez más los senadores socialistas se ponen de perfil, del lado del ministro de Agricultura en vez de apoyar a los agricultores ciudadrealeños que tan mal lo están pasando y es a quienes deben defender”.

Preguntada también por la dimisión de Marlaska, Rosa Romero ha manifestado que tendría que haberlo hecho ya, “porque es intolerable la desprotección y falta de medios a los que tiene sometidos a la Guardia Civil”, y ha lamentado que Sánchez no lo haya cesado porque a su parecer, “está a otras cosas”.

Ha finalizado mostrando su apoyo y solidaridad a la familia de los guardias civiles asesinados y a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

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