Castilla-La Mancha comparte con Baleares sus herramientas tecnológicas que mejoran la tramitación del gasto público autonómico

Castilla-La Mancha va a compartir su experiencia en materia de control interno autonómico con Islas Baleares a través de la aprobación de un convenio de colaboración que establece un marco general en esta materia, el cual se ha materializado hoy en el Pleno de las Cortes regionales.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha firmado este convenio para ceder a la comunidad de Baleares las herramientas tecnológicas que se han desarrollado desde la Intervención General de la Junta de Comunidades para impulsar la simplificación y modernización del proceso de gestión y control del gasto en la Administración regional.

Por parte del Ejecutivo autonómico, se ha puesto la gestión del Gobierno de García-Page como ejemplo de la capacidad que tienen las comunidades autónomas para poder compartir conocimiento, talento y experiencia en la gestión de recursos públicos con el objetivo de mejorar la eficiencia y la eficacia de los servicios.

En consecuencia, este acuerdo es una muestra de que el Estado autonómico funciona bien y que es capaz de optimizar los recursos públicos y permite visibilizar también que hay un gran margen para la coordinación entre las distintas administraciones regionales.

Entre las ventajas que tiene el convenio para las administraciones cabe destacar el compartimento de experiencias, que va a venir a mejorar el proyecto inicial, ya que en Castilla-La Mancha se van a poder incorporar los nuevos desarrollos como consecuencia de la solución que se concrete con Baleares; compartir el talento y las experiencias de ambas administraciones; reutilizar tecnologías y soluciones ya desarrolladas para evitar duplicidades y conseguir optimizar recursos públicos; y, además, se reduce la dependencia de los proveedores tecnológicos gracias a la posesión de soluciones propias que se han diseñado.

Supresión de 300.000 documentos contables y disminución del 23 por ciento de apuntes contables

Estas herramientas en materia de control interno han dado muy buenos resultados en Castilla-La Mancha, arrojando una notable mejora en la tramitación del gasto público de la administración regional, simplificando los trámites y mejorando los plazos de gestión.

Por ejemplo, se ha conseguido la supresión de 300.000 documentos contables, lo que ha significado la eliminación de 600.000 firmas en el procedimiento de gestión económica; se ha disminuido un 23 por ciento el número de apuntes contables necesarios para ejecutar el presupuesto, debido a las distintas medidas y optimizaciones en la operativa de gestión de gasto; y, en consecuencia, se han reducido a la mitad los tiempos de tramitación de los expedientes, fundamentalmente los que se refieren a ayudas y subvenciones.

En definitiva, se trata de aplicar soluciones tecnológicas que permiten a la Administración regional ser más eficiente, pero, que repercute directamente en la ciudadanía.

Para finalizar, y desde el punto de vista tecnológico, hay que resaltar dos aspectos de los desarrollos impulsados por Castilla-La Mancha: el marcado carácter innovador de los mismos y la facilidad para que las tecnologías que usa esta región puedan ser compartidas por otros organismos o entidades, como es el caso de Baleares, debido a que son estándar y ampliamente usadas en el mercado.

La normativa de tramitación presupuestaria y de control interno del gasto público en España es similar en todas las administraciones públicas, especialmente en las comunidades autónomas, por lo que este proyecto de transformación y el modelo implementado en Castilla-La Mancha, en lo esencial, es extensivo al resto de administraciones.

Tal y como ya manifestó el presidente autonómico, Emiliano García-Page, es importante alcanzar acuerdos con otras regiones, especialmente, en materia de asuntos que le afectan y preocupan a la gente, como es el caso de este convenio para compartir herramientas digitales eficientes en la gestión pública.

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