“El lenguaje político está diseñado para que las mentiras parezcan verdades, el asesinato una acción respetable y para dar al viento apariencia de solidez.”
GEORGE ORWELL
La quita de la deuda pública no deja de ser una forma poco ortodoxa y encubierta de aceptar o justificar el gasto excesivo —descontrolado e ineficiente, habitualmente— de las administraciones territoriales. Algunas son incapaces de someterse al rigor en su gestión y de adecuarla a los ingresos que reciben para atender sus necesidades económicas básicas.
En estos días se habla de reducir la deuda de las comunidades autónomas, pero lo que se pretende en realidad es cumplir con un compromiso del presidente del gobierno con sus socios de ERC al margen del resto de regiones. Se acuerda condonar diecisiete mil millones de euros a Cataluña y se impone un trágala para el resto de territorios del régimen general.
Para entender el problema debemos recordar que el sistema de financiación autonómico entró en vigor en 2009. Este sistema, que debió de reformarse a partir de 2014, sigue sin actualizarse por la incapacidad de los sucesivos gobiernos centrales para hacerlo sostenible. Esta reducción de la deuda es una especie de quita trampa para las autonomías.
Especialmente grave es la situación de la Comunidad Valenciana o la de Castilla-La Mancha, comunidades infrafinanciadas y más susceptibles de endeudarse. Pero el verdadero problema de la deuda es el despilfarro y el descontrol del gasto público en muchas de estas regiones. Especialmente en la de Cataluña y, hasta hace unos años, en la de Andalucía.
Recuerdo que en 2008, un presidente regional que había visto reducida sus expectativas de asignación de recursos, dijo que él no permitiría que los ciudadanos de su comunidad tuvieran menos recursos que los de otras, abriendo así la puerta a endeudarse. En los siguientes años de crisis subió tanto el gasto que elevó exponencialmente la deuda.
En este caso se daba la circunstancia de que el gobierno autonómico y el central, eran del mismo signo político. Aunque en aquella ocasión también fue la comunidad de Cataluña la más beneficiada, en detrimento de todas las demás. Pero aquel gobierno regional aplicó la barra libre en todos los gastos, lo que llevó a la quiebra técnica de sus cuentas públicas.
Aunque la deuda no la paga el Estado en estos momentos. Asume la titularidad de la misma y se subroga como responsable jurídico y financiero de la misma. Es decir abona los intereses que genera la deuda, —que ascienden a unos siete mil millones anuales—, pero el principal no lo toca. Moody, s advierte de que la quita será negativa para el rating español.
El gobierno quiere mutualizar —hacer de todos—, la deuda de las comunidades más endeudadas, sin tener en cuenta la eficiencia en el gasto, ni las reglas fiscales que requiere la gestión de los recursos públicos. De esta forma se premia a quien más despilfarra y se castiga a quienes cumplen con las normas de disciplina fiscal establecidas por la Unión Europea.
Según la AIREF, —la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal—, con la condonación de la deuda que propone el Gobierno, es necesario exigir disciplina fiscal a las CC. AA. que se acojan a ella, para que puedan volver a acceder a los mercados financieros de los que están excluidos desde la crisis del 2008, por el excesivo gasto y por su insolvencia.
Pero la AIREF, va más allá. Considera urgente la reforma del sistema de financiación, para evitar la insostenible situación actual. Pide que se garantice la aplicación de las reglas fiscales que, debido a la actual crisis se dejaron de exigir. Y exhorta que, a quienes se acojan a la condonación, se les apliquen condiciones que eviten la acumulación de nueva deuda.
El problema de la deuda pública es importante, no porque se necesite pagar el principal, —que pese a que sería lo lógico, sigue sin amortizarse—, sino porque los intereses que genera, pueden ahogar nuestras finanzas públicas. Así, pasaremos de pagar treinta mil millones de euros en el 2022 a casi el doble, cerca de sesenta mil millones, en 2028.
El gobierno tiene la previsión de unos gastos extraordinarios que se deben abordar de inmediato. Como el del déficit de las pensiones que el Estado debe cubrir con unos cuarenta y seis mil millones de euros al año; o para doblar los gastos de defensa tal como le exigen la OTAN y la UE; o los gastos urgentes que debe acometer como los de la DANA de Valencia.
En cuanto a Cataluña, los acuerdos vigentes tienen un coste todavía incuantificable, pero que suponen un importe cuantioso por el apoyo que los separatistas dan al presidente. Aunque siendo importante este gasto, lo es también el quebranto que las cesiones producen en ámbitos como la creación de una fiscalidad propia, o la cesión de algunas competencias.
Pese al empeño del gobierno porque se vean las ventajas de esta decisión, no dejan de ser trampantojos —ilusiones con las que se engaña—, de la supuesta bondad que tienen para los españoles, pero que se ha decidido al margen de la mayoría de las comunidades autónomas.
