La delegada de la Junta de Comunidades en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, ha pedido equiparar y blindar el Sistema de Atención a la Dependencia a las pensiones, a la educación o a la sanidad.
En este sentido, ha lamentado que no haya consenso político entre las diferentes administraciones “para que no esté al albur de la sensibilidad del gobierno de turno”, pues es un pilar esencial que se traduce en igualdad, equidad, calidad y dignidad en la atención a las personas mayores en su inmensa mayoría.
Y es que, Blanca Fernández ha recordado que servicios como la teleasistencia, la ayuda a domicilio o la comida a domicilio significa en muchos casos que las personas mayores puedan seguir viviendo en sus hogares.
Precisamente con esta premisa, la delegada provincial de la Junta ha remarcado que uno de los retos pasa por retrasar el envejecimiento lo máximo posible, “un objetivo que estamos consiguiendo en nuestra región”, en parte complementado por el sistema público sanitario que dan como resultados “unos cuidados que hacen que hoy vivíamos más años y con mayor calidad”.
Blanca Fernández se ha pronunciado de este modo en la clausura del ‘I Congreso-Muestra Tecnodependencia CLM’ celebrado en Alcázar de San Juan, un acto que también ha contado con la presencia del viceconsejero de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Javier Pérez; la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín; el director general, de Discapacidad, Francisco José Armenta; el delegado provincial de Bienestar Social, Eulalio Díaz-Cano, y Antonia Valverde, presidenta de Fundación CERES, organizadora del evento.
En este marco, la delegada ha relatado la evolución experimentada por el Sistema de Atención a la Dependencia desde que Emiliano García-Page asumió la Presidencia de Castilla-La Mancha en 2015. “En ese tiempo hemos realizado un gran esfuerzo, y ahora mismo son unos 650 millones de euros los que dedicamos para atender prácticamente a 80.000 personas y garantizar más de 100.000 prestaciones”.
Un tránsito de una situación de crisis y recortes a liderar la Dependencia en España, algo en lo “tiene mucho que ver la política de mayores que se lleva a cabo” y que en la región se trata de uno de cada cinco personas, 400.000 personas en total mayores de 65 años con la máxima de afrontar un envejecimiento activo. Por ello, Blanca Fernández ha resaltado que “cuando hablamos de políticas de mayores, lo hacemos de política con mayúsculas”.
Por último, la delegada de la Junta de Comunidades ha defendido el papel que juegan la digitalización y la tecnología en la mejora de la atención a la dependencia en consonancia con la humanización, y aquí juegan un papel relevante las “26.000 personas, el 90 por ciento mujeres, que son las que atienden a nuestras personas mayores en el sistema de la dependencia”, y aquí la incorporación tecnológica debe servir también para “dignificar el trabajo de esas mujeres, especialmente cuando lo hacen con personas en situación de gran dependencia.
