Santos G. Monroy.- En esta distopía cotidiana que vive España, solo nos faltaba por ver el regreso de la censura y la vulneración masiva de derechos fundamentales por primera vez desde 1977. Desde el pasado mes de febrero, y en amplias franjas horarias de hasta diez horas durante tres o cuatro días a la semana, se están pisoteando en este país los derechos fundamentales a la información, la libre concurrencia empresarial y la neutralidad de Internet.
Esto ya es una realidad contrastable, pero no ha venido de la mano de oscuras corporaciones ni de gobiernos autoritarios, sino del absoluto pasotismo del Gobierno de España y de las instituciones fiscalizadoras que debieran ser garantes del Estado de Derecho ante la alianza entre Javier Tebas, el señor que dirige la empresa privada de derechos audiovisuales del fútbol, léase LaLiga, y Telefónica, alias Movistar, la antaño empresa pública de las comunicaciones españolas.
Ambas entidades están haciendo uso de unas delirantes y a todas luces inconstitucionales resoluciones del Juzgado de lo Mercantil nº6 de Barcelona, que les permiten bloquear (censurar) rangos enteros de direcciones IP de Internet en las que detecten emisiones piratas de fútbol. El problema es que esas direcciones IP, gestionadas por importantes proveedores tecnológicos de todo el mundo, están compartidas por miles de dominios web legítimos. Para que nos entendamos, es como si cortaran el fluido eléctrico a una ciudad porque dos delincuentes realizan enganches ilegales, o como si un detective privado a bordo de un camión empujara a la cuneta a todos los coches de honrados y buenos conductores que transitan por una autovía, en el frenesí de la persecución de su presa.
El resultado es que, cada vez que hay partido de Liga (y cuándo no hay fútbol en este país), miles de webs, tiendas online, servicios digitales y medios de comunicación se vuelven invisibles, se apagan, arrollados en la brega entre los propietarios del fútbol y los piratas que se las saben todas y abordan un galeón digital tras otro en su endiablada patente de corso.
Y así llegamos a la censura y bloqueo de miles de empresas webs inocentes, pero no como fin en si mismo, sino como daño colateral del grave deterioro de la infraestructura digital perpetrado por un desmesurado, arbitrario, caciquil y chulesco uso de un resorte legal que un juez ignorante (insiste en que este mecanismo no produce daños a terceros) ha dado a LaLiga y Telefónica. Muchos podrían ver este episodio ajeno a su realidad cotidiana, pero lo cierto es que sienta un peligroso precedente que hay que combatir porque amenaza los cimientos de la libertad de empresa e información en España.
Legítima es la lucha contra la piratería y condenable es cualquier delito contra la propiedad intelectual, pero la batalla debe dirimirse en cauces que respeten las normas que todos los españoles nos hemos dado con la Constitución de 1978, y no como si se tratara de un salvaje duelo en el Far West, con miles de atónitos testigos masacrados por los perdigonazos. Mientras, y según los expertos, los daños ya llegan al 30% de la infraestructura digital española, causando sufrimiento y pérdidas a miles de españoles, usuarios, empresas y autónomos, ante la inacción de un Gobierno que se olvida de gestionar y proteger a los ciudadanos en un contexto de preocupante degradación de las instituciones.
Pero aún queda esperanza. La organización de ciberseguridad RootedCON, con un exigente perfil técnico, ha anunciado que pedirá amparo al Tribunal Constitucional ante el fallo que permite el bloqueo de webs tras solicitarlo LaLiga y Telefónica, al entender que las medidas adoptadas, «sin transparencia, sin proporcionalidad y sin garantías adecuadas», representan «un precedente extremadamente peligroso para los derechos digitales de la ciudadanía y el ecosistema tecnológico español». De su lado, el diputado del BNG Néstor Rego llevará el debate al Congreso, donde los partidos políticos tendrán que retratarse.
Aquí ya empiezo a echar de menos alguna respuesta de mis compañeros de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que supongo que algo tendrán que decir ante el primer ataque frontal a escala nacional contra la libertad de prensa desde el advenimiento de la Democracia. En ningún modo debemos normalizar los ataques a las libertades y derechos fundamentales, para más inri coordinados con modales de macarras y abusones de patio de colegio que se aprovechan de su potencia económica, la complejidad técnica del caso y la dificultad de los perjudicados para coordinar acciones legales.
