La Junta de Personal de personal funcionario en Ciudad Real ha manifestado su «profunda preocupación por la alarmante falta de personal» que sufren determinados centros de trabajo de Bienestar Social de la provincia, lo cual está afectando de manera directa y «muy negativa» a la calidad en la prestación de los servicios sociales y al cumplimiento de los plazos de tramitación de expedientes.
En un comunicado, señala igualmente las «graves deficiencias en las zonas PRAS, donde la escasa o nula cobertura de bajas, vacantes o puestos esenciales está dejando a profesionales en situaciones de sobrecarga extrema. Un caso especialmente crítico es el de la zona PRAS de Carrión de Calatrava, donde una única trabajadora social debe atender en solitario a los municipios de Torralba de Calatrava, Carrión de Calatrava y Fernán Caballero, que suman aproximadamente 7.300 habitantes».
Hasta finales de 2024 contaba con tres personas adicionales que completaban el equipo, pero desde el pasado 8 de diciembre no cuenta con el apoyo de un auxiliar administrativo, se encuentra desde el 13 de diciembre sin educador social y sin trabajadora social de programas desde el 31 de diciembre, por lo que desde el 1 de enero trabaja completamente sola, ha indicado CCOO en un comunicado.
En él explican que la renuncia del Ayuntamiento de Carrión de Calatrava al convenio supramunicipal ha «agravado» la situación, y aunque desde la Delegación Provincial se asegura que se está trabajando en una solución, la realidad es que la situación no ha cambiado y la carga de trabajo «es insostenible».
Según indican, se da el agravante además de que el tema de la Zona PRAS de Carrión de Calatrava se trató en la Delegación de Bienestar Social en la reunión mantenida el pasado mes de febrero con esta Junta de Personal y se requirió por escrito una respuesta la Secretaría General de Bienestar Social en Toledo, «sin que hasta la fecha hayamos obtenido respuesta escrita o acción alguna como resultado de nuestras peticiones».
«Desde la Junta de Personal exigimos de forma urgente la dotación de todo el personal necesario para garantizar unos servicios sociales públicos ágiles, dignos y de calidad, tanto en el ámbito urbano como en el rural. La ciudadanía merece una atención eficaz y los profesionales merecen unas condiciones de trabajo justas», ha concluido.