La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real acogerá el próximo martes, día 27, el juicio contra seis acusados de agredir brutalmente a un joven de 24 años en una calle del centro de Ciudad Real en marzo de 2021, la cual le provocó una incapacidad permanente.
El Ministerio Fiscal considera que los hechos constituyen un delito de homicidio en grado de tentativa y solicita para cada uno de los procesados ocho años de prisión, además de una orden de alejamiento durante 18 años respecto a la víctima.
Según se desprende del escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron en la noche del 29 de marzo de 2021, cuando la víctima fue sorprendida por cinco de los acusados en la intersección de las calles Cierva e Hidalgos, conocida por su ocio nocturno.
Sin provocación alguna, comenzaron a increparlo y, tras insultarlo y arrojarle una copa, lo rodearon y comenzaron a golpearlo con puñetazos y patadas, especialmente en la cabeza. Un sexto acusado se sumó posteriormente a la agresión.
La paliza, que se prolongó incluso mientras la víctima intentaba huir, solo cesó parcialmente cuando un amigo del agredido llegó para socorrerlo, aunque también fue amenazado mientras intentaba apartarlo, según explica el escrito de la Fiscalía.
La llegada de dos patrullas de la Policía Nacional mientras se producía la agresión puso fin a la paliza.
A consecuencia de esta brutal agresión, sufrió un traumatismo craneoencefálico grave, fracturas en la bóveda craneal y múltiples contusiones. Como consecuencia, ha sido declarado en situación de incapacidad permanente total para su profesión, y continúa en tratamiento por síndrome postconmocional y trastorno ansioso.
El Fiscal considera que los acusados actuaron de común acuerdo y con la posibilidad de causar la muerte a la víctima, por ello pide una pena de prisión de ocho años para cada uno de ellos por un delito de homicidio en grado de tentativa.
Además de la pena de prisión, solicita indemnizaciones que superan los 13.000 euros por daños físicos, secuelas, pérdida de calidad de vida y lucro cesante, tanto para el afectado como para el Sescam por los gastos médicos generados.
