Letrados del turno de oficio claman por su dignidad ante la Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real

El Colegio de Abogados de Ciudad Real ha celebrado hoy, con motivo del Día del Turno de Oficio y la Justicia Gratuita, una concentración de protesta ante la Subdelegación del Gobierno de los Letrados y Letradas del Turno de Oficio, con el fin de expresar públicamente el malestar de la Abogacía con los continuos incumplimientos del Ministerio de Justicia y reiterar una vez más todas las reivindicaciones que siguen sin ser atendidas. En la concentración, el decano del Colegio de Abogados, Cipriano Arteche procedió a la lectura del Manifiesto en defensa del Turno de Oficio y de la dignidad de quienes sostienen cada día el mismo y la justicia gratuita, pilar de nuestro Estado de Derecho.

MANIFIESTO EN DEFENSA DEL TURNO DE OFICIO Y LA JUSTICIA GRATUITA 2025

POR LA DIGNIDAD DE QUIENES SOSTIENEN CADA DÍA EL TURNO DE OFICIO Y LA JUSTICIA GRATUITA, PILAR DE NUESTRO ESTADO DE DERECHO

1.- Cada día, miles de ABOGADOS y ABOGADAS prestan un servicio público esencial. Su labor sostiene el Estado de Derecho y garantiza el acceso a la justicia de quienes más lo necesitan. Hoy, celebramos su entrega, su compromiso y el orgullo que representa la Abogacía de Oficio.

2.- Pero no podemos celebrarlo como quisiéramos. Porque año tras
año persisten las promesas incumplidas, los discursos vacíos y el desdén de las administraciones hacia los 40.000 abogados y abogadas, 260 en nuestra provincia, que defienden los derechos de las personas más vulnerables de nuestra sociedad.

3.- La Justicia Gratuita y el Turno de Oficio son hoy más necesarios
que nunca. Las solicitudes aumentan, al igual que la confianza y la satisfacción de la ciudadanía hacia este servicio público. Somos el camino que permite a miles de personas ejercer sus derechos cuando más lo necesitan.

4.- La Abogacía de Oficio es mucho más que asistencia legal: es acompañamiento, es protección, es dignidad. Especialmente para víctimas de violencia de género, menores, personas con discapacidad o para quienes se enfrentan al sistema sin recursos ni
apoyo. Cada actuación que realizamos deja huella. Cada palabra de
agradecimiento es un motivo para seguir.

5.- Nuestro compromiso con una sociedad más justa e igualitaria es el fundamento de nuestro trabajo. Detrás de cada solicitud de Justicia Gratuita hay una historia de vulnerabilidad, de lucha y de esperanza. La Abogacía de Oficio no solo ofrece defensa legal: brinda voz a quienes no la tienen, abre puertas que de otro modo estarían cerradas, y garantiza que la justicia no sea un privilegio, sino un derecho real para todas las personas. Somos, en muchas ocasiones, el último apoyo, la última salida. Porque cuando la justicia llega a quienes más la necesitan, toda la sociedad avanza.

6.- Sin embargo, nuestras justas reivindicaciones siguen sin respuestas. Exigencias tan básicas como la actualización automática de baremos, el pago de todas las actuaciones realizadas, la puntualidad en los abonos o el fin a los desequilibrios territoriales
continúan sin materializarse. La dignidad profesional no puede seguir en lista de espera. La sostenibilidad del sistema no puede depender de una mal entendida vocación. No es razonable que el funcionamiento de la Justicia Gratuita recaiga exclusivamente en la
responsabilidad de los ABOGADOS Y ABOGADAS del Turno de Oficio y de los Colegios de la Abogacía. Las condiciones actuales son inaceptables y deben cambiar.

7.- No podemos seguir esperando. La nueva Ley de Justicia Gratuita es necesaria y trabajamos sin descanso para que vea la luz, pero las mejoras urgentes deben acordarse ya. Apostamos decididamente por una gran Ley, consensuada entre la Abogacía y las fuerzas políticas, pero no podemos sacrificar el presente esperando un futuro incierto.

8.- La ciudadanía necesita más asistencia jurídica. Urge ampliar los
servicios de guardia y crear nuevos Turnos especializados — como el de infancia y adolescencia—. Las administraciones deben dar un paso firme hacia la dignificación real del Turno de Oficio, dotándole de más medios y recursos.

9.- Está en juego la calidad de la justicia y la fortaleza del Estado de
Derecho. Los poderes públicos no pueden seguir mirando hacia otro lado. Es su deber y responsabilidad garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos en condiciones reales de igualdad y justicia.

10.- Hoy, Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, alzamos
la voz por la dignidad de quienes sostienen este servicio público esencial. Reclamamos medidas inmediatas y concretas que reconozcan el valor de la Abogacía de Oficio. Un servicio que es orgullo de nuestra profesión, de nuestros Colegios y de nuestra democracia.

Porque garantizar derechos no puede seguir esperando.

1. POR TODO ELLO, HACEMOS LAS SIGUIENTES REIVINDICACIONES AL MINISTERIO DE JUSTICIA:
2. Exigimos el incremento de las cuantías del baremo del Turno de Oficio. Las cuantías por las que se retribuye a los abogados y abogadas del Turno de Oficio por realizar su labor de forma intachable las 24 horas de los 365 días del año siguen siendo ínfimas.
3. Es necesaria la introducción de un sistema de actualización automática anual del baremo.
4. Deben incluirse en el baremo de pago del Turno de Oficio los módulos necesarios para contemplar todos los tipos de actuaciones que se realizan por los abogados del Turno de Oficio.
5. El baremo debe permitir abonar todas las actuaciones y procedimientos que realizan de forma efectiva los abogados del Turno de Oficio.
6. Consideramos una injusticia el que los Abogados y Abogadas del Turno de Oficio, a pesar de haber desarrollado su trabajo, no puedan percibir compensación económica alguna cuando no hay una resolución de justicia gratuita concediéndola, haciendo recaer en el profesional el poder cobrar dicha compensación directamente del ciudadano. Ello es desconocer la realidad social en que se desenvuelve la labor del Abogado de Oficio y una injusticia flagrante. Es necesario que se introduzca el criterio de pago universal al profesional de la abogacía por el cual se garantizaría la contraprestación en todas las actuaciones realizadas por designación colegial o por requerimiento judicial. Si un ciudadano no es acreedor al beneficio de justicia gratuita debe ser el Estado el que le exija el pago de la atención recibida y no hacer recaer esa obligación en el Abogado que ha prestado sus servicios.
7. Es necesario incrementar del número de letrados y letradas diarios en el servicio de guardia de víctimas de violencia de género de forma que pueda haber un letrado de Guardia de Violencia de Género a diario en cada uno de los partidos judiciales de la provincia.
8. Instamos al gobierno para que incluya de forma urgente en la normativa de justicia gratuita la creación de un servicio de guardia para la asistencia a las víctimas de cualquier clase de violencia sexual y cumpla así el mandato que le dio la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
9. Es imprescindible que se abone la disponibilidad de los letrados y letradas en los servicios de guardia de todos los partidos judiciales.
10. Deben abonarse los kilometrajes de todos los desplazamientos que se realicen en las guardias o en los turnos.
11. El Ministerio de Justicia ha de cumplir el calendario de pagos al que en su día se comprometió, que le obliga al pago mensual del mismo, y que está regulado en el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprobó el Reglamento de asistencia jurídica gratuita. No puede admitirse en modo alguno que año tras año, respecto a los meses de noviembre y diciembre, se incumpla el pago mensual del Turno de Oficio establecido en dicho Reglamento, y el pago de dichos meses se demore. Los letrados y letradas del Turno de Oficio, que perciben, de por sí, unas cuantías absolutamente ínfimas o que incluso no llegan a percibir cuantía alguna por muchas de las actuaciones que realizan, no tienen por qué soportar una demora injustificable desde cualquier punto de vista y no tienen por qué trabajar gratis para el Estado.
12. Por último, el Ministerio de Justicia ha de incluir en el baremo de forma inmediata los módulos correspondientes a los distintos medios adecuados de solución de controversias que se mencionan en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.