Jesús Camacho Segura. Exsindicalista de CCOO.– El largo y cálido verano incendia montes y bosques, este año con especial virulencia y efectos más desastrosos. Las consecuencias son terribles: vidas humanas, vida animal, bienes y viviendas en zonas rurales y una inmensa masa forestal arrasada por el fuego; el color vegetal ha sido sustituido por el negruzco paisaje desolador, miles y miles de hectáreas calcinadas. Y, aunque cueste admitirlo, siempre se puede hacer más, es posible, necesario e imprescindible hacer mucho más.
En Castilla La Mancha, mi sindicato –CCOO- decidió, hace años, intervenir para cambiar un estado de cosas en el ámbito de las condiciones laborales y profesionales de los equipos de prevención y extinción. Fue un proceso largo para cambiar las cosas, para afrontar un nuevo tiempo con una visión diferente de la protección medioambiental y de los profesionales que lo hacen posible. Se combinó, para ello, la movilización con la negociación institucional. Había que generar un notable cambio en el concepto y en la gestión que las Administraciones tenían de las “cuadrillas” de extinción y del tiempo de trabajo disponible para mantener activa la lucha contra los incendios forestales y los periodos de trabajos preventivos.
No fue tarea fácil, había resistencias para romper esa inercia paralizante que mira más al coste económico que al beneficio global. También para acabar con el “compadreo” de alcaldes que sólo pensaban en dar ocupación durante tres meses a una cuadrilla de su pueblo, lo que hacía más difícil que se abordara un proceso para salir de ese atrasado concepto de “salario social en el ámbito rural”. El objetivo sindical era combatir ese pensamiento, que se asemejaba más a lo asistencial que a lo profesional, logrando una profunda transformación que, decididamente, se estableciera un tiempo de trabajo sostenible, un empleo más estable, mejoras retributivas, homologación de todo el operativo, convenio colectivo propio, régimen general de la seguridad social y otras actuaciones encaminadas a una mayor profesionalización. Así, se pasó de los tres meses de trabajo y un mes complementario de prevención acordado en febrero de 2001, a seis meses de trabajo firmado en mayo de 2003 con el entonces Vicepresidente Barreda y el Director General del Medio Natural –Alberto Saiz-. Se iba dejando atrás el pago de salarios con el convenio del campo y la consideración de “jornaleros de temporada” – contratados por diversas empresas adjudicatarias- de los esforzados miembros de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales.
El siguiente hito de mayor profundidad, en el proceso reivindicativo, comenzaba en la reunión de diciembre de 2004 con los interlocutores del Gobierno Regional (Secretaria General Técnica y Director General del Medio Natural), a los que se expuso la necesidad de acelerar el cambio de modelo sustentado en tres aspectos fundamentales: a) Nueva regulación laboral para un nuevo tiempo en la gestión ambiental, b) Empleador único Regional c) Cambio sustancial en las condiciones profesionales, formativas y medios técnicos. Una reclamación que les causó asombro y reticencias porque la consideraban demasiado ambiciosa, máxime cuando se desgranó el conjunto de medidas de esos tres puntos básicos.
Por fortuna, la reflexión de la Consejería de Medio Ambiente, a la que se había comunicado, a su vez, la necesidad de avanzar en la creación de una empresa pública de gestión ambiental (hoy GEACAM) en reunión de marzo de 2005, y la comprensión y convencimiento del Presidente Barreda, investido en 2004, permitió un diálogo más ágil. En ese contexto se dieron pasos que hoy, analizados con serenidad, fueron hitos históricos en el compromiso para el desarrollo de la prevención y extensión de incendios forestales en Castilla La Mancha. El acuerdo de 9 de junio de 2005 llevó a la consecución de ocho meses de trabajo consecutivos, la adquisición de fijos discontinuos, la creación del plus de antigüedad, la jornada semanal de 35 horas y el compromiso de optar por un único empleador regional. No obstante, quedaron algunas demandas pendientes para sucesivas conversaciones.
El terrible y doloroso incendio de Guadalajara en julio de 2005, aceleró los cambios pendientes y, el 26 de Septiembre, el Presidente Barreda se compromete de nuevo, con los Secretarios Generales de CCOO y UGT, para ampliar la campaña a nueve meses de trabajo e iniciar la creación de la Empresa Pública de Gestión Ambiental. Lo que para algunos era una quimera de CCOO –la creación de la empresa pública- se abría camino de forma explícita y pública. El anteproyecto de Ley de GEACAM se debate y aprueba en las Cortes Regionales en marzo de 2006 y el 24 de junio se publica en el BOE la ley 1/2006 de 23 de marzo de la creación de la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha. Finalmente en mayo de 2008 se firma el acuerdo para una nueva etapa: 12 meses de trabajo, integración del operativo en Geacam, primer Convenio Colectivo en la Empresa Pública, y otras acciones y actuaciones relevantes sobre el Plan Infocam y la segunda actividad por razones de edad.
En Enero de 2012, los compañeros de CCOO de Castilla León nos llamaron a una jornada sindical del personal de extinción de incendios forestales en su Comunidad Autónoma. Necesitaban conocer el tránsito, las conversaciones y elementos que nos llevaron en Castilla La Mancha a conseguir lo que, para ellos, era un objetivo para salir de unas precarias condiciones de trabajo, aunque se encontraban con la nula correspondencia del gobierno para abordar un proceso de cambios en su Comunidad Autónoma. Querían empaparse de la experiencia de nuestro largo proceso reivindicativo y de la capacidad de movilización y de interlocución que nos llevó a conseguirlo. Es decir, buscaban una hoja de ruta para llegar a una meta similar para el colectivo de su zona; aunque parecía que les iba a requerir un esfuerzo extraordinario con un gobierno regional que consideraba poco los planteamientos sindicales. Pruebas hemos ido conociendo del talante de esos gobernantes, más dolorosas oírlas en estas infernales semanas.
En aquella jornada también les expusimos un peligro. La etapa de la presidenta Cospedal que, en diciembre de 2011, llegó con la segunda fase de recortes a GEACAM. Recortes y despidos en la Empresa Pública que contó con la oposición de CCOO para que evitar la maniobra del ERE que recortaba derechos y retrocedía en la garantía de estabilidad del empleo durante todo el año, el operativo pasaba a la condición de “fijos discontinuos” de 9 meses de actividad. Afortunadamente, con el retorno del gobierno del PSOE a la Comunidad Autónoma, una nueva intervención sindical logró que, en enero de 2016, volvieran los 12 meses de trabajo –acuerdo firmado por CCOO y UGT con el Consejero de Agricultura-.
Actualmente, con la experiencia adquirida, con la actuación permanente de los representantes sindicales, se mantienen vivas las reivindicaciones y reclamaciones. Aunque, ahora, no es entendible que de 122 días de período mínimo de extinción, se haya pasado a considerar sólo 90 días mínimo; aunque se tengan 12 meses de trabajo. Una decisión del gobierno de Page reprochable y nada razonada, por lo que sería deseable que la Consejería y la dirección de GEACAM volvieran a la fórmula anterior. De igual manera, el colectivo no puede recibir la pasividad de la gerencia de la empresa ante la negociación del nuevo convenio colectivo, que ha concluido su vigencia en diciembre de 2024. Por ello, se insiste en que las unidades tengan las dotaciones mínimas para ser operativas, se soluciones con urgencia todas las carencias detectadas y que nunca falten personal y medios.
Ahora, los incendios forestales toman una especial presencia en debates, tertulias y declaraciones públicas de gobernantes. En ocasiones, demasiadas, para lanzarse acusaciones cruzadas del “y tú más”. Los sindicatos sabemos del nivel competencial de cada Comunidad Autónoma para atender esta responsabilidad; por lo tanto no valen trampas, ni buscar refugio en la escasez presupuestaria o en la falta de ayudas. El problema de los incendios forestales es de una magnitud y trascendencia que supera cualquier localismo infantil, por lo que los sindicatos de clase reclaman sentido de estado, reprobando actuaciones negacionistas sobre el cambio climático y la insuficiente asignación presupuestaria. Hablamos de la vida, del futuro, de la protección del medio natural, del retorno a las zonas rurales, de la seguridad de sus habitantes, y de las condiciones profesionales de colectivos de prevención y extinción. En ello está el sindicato, manteniendo el pulso con sus reivindicaciones, defendiendo un modelo eficaz y suficiente para un reto social y medioambiental con futuro. No es cuestión de voluntarismo y “postureo”, es una razón de estado que reclama compromisos legislativos, acuerdos con los representantes sindicales, revisión de procedimientos y un fuerte incremento de inversiones. Todos los gobiernos tienen responsabilidad. Todas las Comunidades Autónomas tienen competencias.
