Comunicado. – Miles de profesionales afectados por las mutualidades —abogados, procuradores, arquitectos, ingenieros y otros colectivos— convocan una manifestación histórica el 27 de septiembre en Madrid para reclamar una pasarela al RETA, con la aplicación inmediata del sistema 1×1 en tiempo y cotización, que reconoce un mes cotizado en mutualidad como equivalente a uno en el RETA con su cotización completa. Además, exigen el fin de las prórrogas parlamentarias que bloquean esta pasarela, denunciando la inacción política que perjudica gravemente a miles de personas.
Como el Ave Fénix que renace de sus cenizas, los mutualistas se unen y vuelven a salir a la calle para exigir justicia y pensiones dignas para todos y fiscalidad acorde a la realidad alternatividad de sus fondos.
Unidos por la justicia y la igualdad
El próximo 27 de septiembre, Madrid se convertirá en el escenario de una de las manifestaciones más multitudinarias y simbólicas del ámbito profesional de los últimos años. Bajo el lema “Pasarela 1×1 para todos”, miles de personas de la abogacía, la procura, la arquitectura, la ingeniería, la química y otros colectivos profesionales afectados por sus mutualidades recorrerán las calles de la capital para exigir al Congreso de los Diputados una solución definitiva a lo que consideran una injusticia histórica: un sistema que les ha condenado a pensiones indignas pese a décadas de aportaciones.
El recorrido de la protesta
La concentración comenzará a las 11:30 horas en Plaza de España y la marcha arrancará a mediodía por Gran Vía, calle Alcalá, Plaza de Cibeles, Paseo del Prado y Plaza de las Cortes. La protesta concluirá frente al Congreso de los Diputados a las 14:00, como símbolo de la exigencia directa a la clase política de cerrar de una vez la interminable fase de prórrogas parlamentarias.
Una convocatoria unitaria sin precedentes
Por primera vez, la manifestación se convoca de manera conjunta por todos los colectivos y asociaciones de personas afectadas: la Plataforma de Afectados por las Mutualidades (que integra a #J2 Altermutua, #J2 provinciales, ALA, Marea Negra y el Sindicato Venia), el Movimiento #J2 Abogacía y Procura, la Asociación ANAMA y la Asociación ANMARQ.
La unidad busca reforzar la fuerza del mensaje: “Ya no hay tiempo de prórrogas”. Cada día que pasa son más compañeros y compañeras que se jubilan sin derechos básicos o fallecen sin haber visto reconocidas sus aportaciones”, declaran desde la organización.
El origen del conflicto
Tras un largo periodo en el que las mutualidades eran obligatorias para la abogacía, procura y otros profesionales, una vez cambió el sistema con posibilidad de elección entre mutualidad alternativa al sistema público del RETA, los colegios profesionales no sólo permitieron a sus colegiados sino que incluso los instaron a afiliarse sus mutualidades alternativas bajo la falsa creencia que garantizarían su futuro. Hoy denuncian que las prestaciones resultantes son muy inferiores a las de la Seguridad Social, lo que ha llevado a jubilaciones en situación de vulnerabilidad, sin viudedad y familias desamparadas.
El Congreso ya admitió a trámite una proposición de ley para regular la pasarela al RETA, con el respaldo de 313 votos a favor. Sin embargo, el proceso permanece bloqueado por las sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas. “La paciencia se ha agotado”, afirman los colectivos convocantes.
Las reivindicaciones clave
La enmienda consensuada por la Plataforma y el Movimiento #J2 se articula en tres pilares:
Reconocimiento del sistema 1×1: un año aportado en la mutualidad debe equivaler a un año cotizado en el RETA, en igualdad de condiciones con cualquier persona trabajadora autónoma. “No pedimos más derechos que los demás, pero tampoco menos”.
Inclusión de todas las personas afectadas sin exclusiones -activos y pasivos-, especialmente quienes han trabajado 38 o 40 años y hoy reciben pensiones mínimas, dependientes en muchos casos de complementos asistenciales.
Integración de mutualistas pasivos: jubilados, pensionistas y viudas que nunca tuvieron la opción de elegir el RETA y que han sido ignorados en las propuestas oficiales.
Una cuestión de justicia social
Más allá de la abogacía y la procura, el problema afecta a profesiones técnicas y científicas: arquitectura, ingeniería, química, arquitectura técnica, entre otras. Todas ellas comparten la misma reclamación: que el Estado garantice el derecho constitucional a una jubilación digna.
La protesta también cuestiona la pasividad institucional del Consejo General de la Abogacía, el Consejo General de Procuradores y los decanos de los colegios profesionales, a quienes acusan de haber guardado silencio mientras generaciones de profesionales quedaban en el olvido y ocultado la realidad de un sistema fallido con complicidad con las mutualidades.
El Estado es igualmente responsable por la falta de regulación efectiva y de control de la aplicación de la legislación existente.
Un clamor creciente
“El silencio ha terminado”, insisten los colectivos. Tras más de dos años de manifestaciones, reuniones con partidos políticos y promesas incumplidas, consideran que la única vía para lograr resultados es llenar las calles de Madrid.
La fecha del 27 de septiembre se convierte así en un punto de inflexión. Un recordatorio al Congreso de que la sociedad civil organizada no aceptará más demoras y de que la justicia no puede seguir aplazándose.
“Lo que reclamamos es sencillo: igualdad, dignidad y respeto. Queremos lo mismo que cualquier autónomo. Nada más, pero tampoco nada menos”, concluyen las personas convocantes.
