Los diputados del Partido Popular por la provincia de Ciudad Real, Carmen Fúnez y Enrique Belda, representando a una provincia geográficamente muy extensa y con miles de kilómetros de viales de todo tipo, vienen haciendo seguimiento de las labores de mantenimiento y transformación de todas esas carreteras: “A la espera de que cumplan los socialistas, con la autovía que nunca llega desde Toledo, o con las conexiones con Extremadura y Andalucía continuamente retrasadas, nos preocupamos al menos de que lo que hay esté en buenas condiciones”, señalan.
Al hilo de esta cuestión, indican que el reciente informe de la Asociación Española de la Carretera (AEC) ha puesto de manifiesto que la red viaria española se encuentra en la peor situación registrada desde los años ochenta: “más del 50% de nuestras carreteras presentan deterioros de carácter grave o muy grave”. Según los datos del citado informe, el deterioro sostenido de las infraestructuras viarias, especialmente desde el año 2018, evidencia la falta de acción del Gobierno de España en el ámbito de la conservación y mantenimiento de la red viaria por la que millones de españoles circulan cada día. Concretamente, en los dos últimos años, el número de kilómetros con deterioros muy graves se ha triplicado (de los 13.000 kilómetros en 2022 a los 34.000 en 2025), experimentando un deterioro anual del 8%. “Los ministros competentes ya sabemos que han estado a lo suyo, el primero, Ábalos, es de todos (y todas) conocido, y el segundo, Puente, ausente e insultando a los adversarios. Es bochornosa la dejación”, denuncian.
Denuncian que el deterioro de las carreteras choca frontalmente con los compromisos adquiridos por el Gobierno en el apartado dedicado a “Vías Seguras” de la Estrategia de Seguridad Vial 2030, que establece como prioritario el potenciamiento del uso de procedimientos de gestión de la seguridad de las infraestructuras (punto 4.2); la evaluación del nivel de seguridad de la red viaria (punto 4.3.); la promoción de una gestión del tráfico segura, sostenible e inteligente (punto 4.4.); y la toma de conciencia sobre la importancia de la inversión en infraestructura y de una dotación adecuada de medios técnicos y humanos (punto 4.7.). “La inacción del Ejecutivo en estos puntos no solo está poniendo en riesgo la seguridad vial de millones de conductores, sino que además desacredita su propia Estrategia, vaciándola de contenido y credibilidad.”, aseguran los parlamentarios.
Cabe recordar al respecto que, en el marco de la Estrategia de Seguridad Vial 2030, el Gobierno aprobó un Plan de Actuaciones 2024-2025, concretando las líneas estratégicas en acciones reales, e incluyendo medidas sobre tramos de alta siniestralidad, infraestructuras seguras o tecnologías aplicadas a la movilidad. Sin embargo, para Fúnez y Belda, la realidad del estado actual de las carreteras demuestra que dicho plan no se está implementando con el rigor y la eficacia necesarios para frenar el deterioro de la red ni garantizar el cumplimiento de los objetivos europeos y nacionales en seguridad.
Por ello, los diputados ciudadrealeños informan que “el Partido Popular pide que, en un plazo máximo de seis meses, el Gobierno elabore un Plan Nacional de Conservación Viaria en colaboración con todas las Administraciones Públicas competentes, que establezca las prioridades de actuación, y la identificación de tramos críticos objetivos medibles, alineados con la Estrategia de Seguridad Vial 2030, para su presentación ante la Comisión sobre Seguridad Vial”. A través de su Grupo Parlamentario en el Congreso, han solicitado asimismo impulsar la evaluación del nivel de seguridad de toda la red viaria estatal en el marco de ese Plan, adoptando para ello metodologías basadas en datos objetivos y tecnología avanzada, tal y como promueve la Estrategia de Seguridad Vial 2030.
Asimismo, los parlamentarios creen que es necesario integrar los resultados y avances del citado Plan en los informes anuales de seguimiento de la Estrategia de Seguridad Vial 2030 para garantizar un control parlamentario periódico sobre su cumplimiento. Y tras ello, sugieren la necesidad de estudiar los instrumentos financieros y administrativos necesarios para garantizar la viabilidad del futuro Plan Nacional de Conservación Viaria, empleando para ello todos los mecanismos que garanticen una planificación efectiva y realista de su ejecución.
Finalmente, Fúnez y Belda contraponen esta deficiente gestión con el impulso y celeridad de los arreglos de carreteras de su titularidad que está realizando en este último bienio la Diputación Provincial de Ciudad Real, mejorando la comunicación y la seguridad de nuestros pueblos.
