Jesús Camacho Segura- Exdirigente sindical de CCOO.- Ayer la FECIR -Federación de Empresarios de Ciudad Real-, su sectorial del Metal, estaba convocada a un acto de mediación en el Jurado Arbitral Laboral de Castilla La Mancha, pero no compareció. La mediación es condición obligatoria antes de presentar la declaración de huelga legal, respetando los plazos establecidos. En el caso que nos ocupa el bloqueo de la negociación colectiva del convenio provincial de Siderometalurgía, caducado en diciembre de 2024, ha provocado la movilización de la fuerza laboral para que la patronal no dilate más una negociación abierta desde hace siete meses y sin acuerdo entre las partes. Los sindicatos CCOO y UGT consideran inasumible las propuestas de los empresarios que pretenden, a su juicio, la eliminación de derechos , un retroceso en derechos sociales, y una escasa subida subida salarial sin revisión del IPC, entre otras cosas.
La iniciativa sindical, presentando la mediación previa, es una respuesta reflexiva y obligada. Su paso por el Jurado Arbitral Laboral una oportunidad para intentar desbloquear las negociaciones y permitir el allanamiento de las posiciones que facilite un acercamiento para conseguir un acuerdo. Una base esencial y democrática para construir las relaciones laborales desde el diálogo y el consenso; porque es la mejor manera de regular las condiciones de trabajo entre las partes del contrato de trabajo y, que duda cabe, para mantener un mínimo de confianza entre quienes representan intereses diferenciados y, a veces, muy contrapuestos.
El procedimiento de solución autónoma de conflictos laborales surgió a nivel nacional por acuerdo entre CEOE/Cepyme y los sindicatos más representativos CCOO y UGT -el primer acuerdo se firmó en enero de 1996-. Un acuerdo que se fue trasladando a los niveles autonómicos, acomodando la estructura necesaria para hacer viable su primordial función: abordar la resolución de discrepancia mediante la negociación y el acuerdo. Una experiencia acumulada, durante casi una treintena de años, fomentando el diálogo y la regulación concertada.
Por ello, es incomprensible que la FECIR no comparezca ante un proceso conflictivo en la negociación colectiva, seguramente en uno de los sectores más dinámicos de la provincia -que afecta a múltiples empresas que dan empleo a unos 16.000 trabajadores-. La FECIR ejerce un papel vertebrador de los diferente sectores productivos y a todos debe animarles para potenciar los instrumentos de que nos dotamos empresarios y sindicatos para resolver diferencias. El Jurado Arbitral Laboral se sostiene en ese argumentario conceptual emanado del derecho constitucional; el papel esencial que se nos asigna a las organizaciones empresariales y sindicales en la defensa de los intereses que nos son propios. El debilitamiento de su papel, su “desobediencia” a lo pactado, es una actitud irresponsable, máxime si se dimite a+ propósito para despreciar la capacidad negociadora y el valor de la fuerza de trabajo, el de los hombres y mujeres que hacen posible el crecimiento económico y productivo de la provincia.
Entiendo que este acto de “insumisión” es rechazable bajo todo punto de vista. La FECIR debería estar interesada en fomentar e incentivar las conversaciones entre sus sectoriales y las organizaciones sindicales más representativas, impulsando un clima favorable para la búsqueda de alternativas reales y acuerdos posibles. La democracía laboral se escribe todo los días, se cimenta desde el respeto y el diálogo, se potencia cerrando acuerdos, se valora desde la construcción conjunta de la regulación laboral.
La negociación de convenios colectivos es un reto permanente, una función de la que ninguna parte debe dimitir, es una columna vertebral de la construcción democrática en las relaciones laborales de los centros de trabajo. Ahora, los empresarios sólo dejan un camino a los trabajadores: ganar la huelga para ganar un camino hacia el acuerdo.
