La gran estafa del biometano

Pablo Díaz-Pintado.- La España rural se enfrenta, actualmente, a un peligro creciente: la gran estafa del biometano, esa fuente de energía renovable, obtenida a partir del tratamiento de residuos orgánicos biodegradables que, en una nuevo capítulo de la historia interminable del pelotazo, apadrinado por Bruselas, se presenta como inocua aliada de la humanidad, faro refulgente de la economía circular y socia imprescindible de esos pueblos decadentes que los magnánimos alcaldes y los magos de las compañías gasísticas llenarán de vida, luz y color.

Los planes de instalación de gigantescas plantas de producción de biometano, claramente sobredimensionadas y, por ello, injustificables, se multiplican por todo el país, con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al frente, abanderando un Plan Regional de Biometanización 2024-2030 verdaderamente enloquecido que, para mayor despropósito, ha sido desacreditado por su propio jefe del Servicio de Sanidad Ambiental y Salud Pública, Fernando Cebrián Gómez, y diseñado por quienes tienen intereses directos en su implantación en lugar de por quienes pudieran demostrar conocimiento, independencia y neutralidad.

La ‘bomba de relojería’

¿Alguien no entiende que si las administraciones obligan a alejar del núcleo poblacional las plantas de biometano es, precisamente, por el grave riesgo que comportan para la salud de los vecinos?

¿A qué nivel de fraude puede entregarse un político para atreverse a negar el peligro de una ‘bomba de relojería’ que él mismo se ve obligado a apartar a varios kilómetros del pueblo que gobierna, consciente de que puede estallar en cualquier momento provocando auténticos estragos? ¿Quién asegura el “riesgo cero” de esta nueva farsa planificada por los burócratas bruselenses que, envuelta en papel celofán verde, defienden con ardor los mercaderes locales para beneficio propio y desgracia ajena? Nadie en absoluto porque, sencillamente, es mentira.

Una patraña burda y maloliente. Un insulto a la inteligencia que amedrenta al mundo rural y amenaza al sector vitivinícola. ¿Qué credibilidad tendrá una bodega o cooperativa que elabore sus vinos y venda su oferta enoturística a la sombra de viñedos rodeados por inmensos vertederos alimentados con purines, residuos y sustratos bien maridados con el intenso tufo a gasoil procedente de una legión de camiones de alto tonelaje invadiendo las carreteras  circundantes como en un Mad Max redivivo? ¿Quién es el George Miller de esta película? ¿Acaso  García-Page, Mañueco, Illa, Díaz Ayuso o Moreno Bonilla? ¿O, tal vez, asistimos a un bodrio fallido de autoría coral?

¿Qué mente lúcida gestiona el compliance de este siniestro drama? ¿Alguien ha evaluado el daño reputacional para la marca, la cooperativa, el consejo regulador y el pueblo?  ¿Se merecen las localidades que han vivido de la vitivinicultura desde finales del siglo XIX, que levantaron aquella industria con el esfuerzo y el talento de nuestros abuelos, ser arrumbadas por la avaricia y la insensatez de unos pocos? ¿Qué será de los pueblos gobernados por el biometano? ¿Quién elegirá vivir en ellos? ¿Posiblemente quienes no puedan huir a otros sitios?

¿Y quién responderá de los muertos?’

Asistimos a una imposición caciquil sin más finalidad que apoderarse de dinero del presupuesto público, con la imprescindible colaboración de las grandes empresas energéticas y el aval irresponsable de algunos líderes empresariales o cooperativos que, en su descargo, tal vez pueda decirse que no han sido capaces de evaluar el verdadero alcance del problema. Ellos, al igual que los políticos, están a tiempo de rectificar. Además del desastre en términos de imagen y del riesgo inherente para la salud pública, desde el primer minuto están alimentando la crispación y la polarización de la ciudadanía y dinamitando el imprescindible consenso social. Sin el debido consenso no se pueden afrontar proyectos de tal magnitud y repercusión.

Pero voy más allá. Hay un riesgo cierto para la vida y voy a poner tan solo un ejemplo real. En el ámbito que forman los términos municipales de Manzanares, Membrilla y Llanos del Caudillo (tres pueblos de la provincia de Ciudad Real, que suman alrededor de 25.000 habitantes), se prevé instalar, en un radio de apenas unos kilómetros, cuatro macroplantas de biometano completamente desproporcionadas que sumarían, cada año, más de 500.000 toneladas de residuos y supondrían más de 60.000 camiones de alto tonelaje surcando sus carreteras. Cuando haya accidentes provocados directamente por la ceguera del biometano, por la saturación de sus carreteras, por la densidad de un tránsito insoportable, por la codicia y el egoísmo humanos ¿quién responderá de las víctimas, de los heridos y de los muertos? ¿Quién pagará ese terrible daño impagable? ¿Acaso quienes ahora celebran las bondades de esta fabulosa fuente de prosperidad verde, renovable y ecológica?… No se puede imponer algo así a las bravas y a sabiendas de que lo que se pretende instalar multiplica las necesidades objetivas de las poblaciones afectadas.  Es una estafa.

Algunos políticos defensores del biometano no dejan votar a los ciudadanos para que expresen su opinión libremente, utilizan como argumento de autoridad las razones de la propia empresa gasística, se niegan a solicitar informes externos independientes, desoyen y acallan las críticas, compran con dinero, ayudas o favores el silencio de los medios de comunicación mientras utilizan el presupuesto público para difundir su propaganda. Impropio de una democracia.

Basura sin fronteras

Para seducir a los incautos y a los estómagos agradecidos utilizan el señuelo de la energía verde y la economía circular cuando lo cierto es que hablamos de “basura sin fronteras”.  Y, sobre todo, de dinero sucio. Prometen un maná magnífico, que llegará con tan solo sentarse y esperar a que el conejo salga de su chistera. Sin dolor, sin perjuicios, sin amenazas para la salud y el bienestar comunes. En este caso, en forma de impuestos que pagarán las benefactoras empresas transformadoras que engordarán las arcas municipales para que los políticos gocen de un premio de lotería asegurado. Una alcabala especialmente pródiga en años preelectorales como el que viene, en el que los sacrificados regidores podrán entregarse con verdadera fruición al maravilloso espectáculo de las cintas inaugurales (en la fecha conveniente, claro) o a contratar espléndidos conciertos gratuitos en la plaza mayor (de Loquillo, Rozalén o el gallo Bisbal) para que los respetados votantes puedan asistir complacidos, y sin pagar un solo euro, a tan celebrado evento. No hay que descartar, incluso, que organicen una gran caldereta (gratuita, faltaría más) para agasajar a los electores con más de 2.000 raciones de sabrosa carne de cordero perfectamente condimentada. ¿Y por qué no introducir una “cartilla de racionamiento” de nuevo cuño, aunque en este caso generosa en recursos y favores, que reúna en un pack completo el concierto de Loquillo, la caldereta, el corte inaugural y una flor en la solapa? Todo llegará, sólo hay que ser paciente. Las ovejas tendrán el sustento que merecen. Y los residuos que generen serán transformados en una de las futuras plantas de biometano que darán la bienvenida a la población. Economía circular de kilómetro cero lo llaman.

Si no se detiene ahora esta locura, mañana será tarde. Y acabarán con la vida en los pueblos tal y como la conocemos. La gran estafa está en marcha y sigue su curso, dispuesta a extender el drama visual, humano y ecológico que el campo español sufre desde hace décadas, asediado por esos espantosos molinazos que asesinan a las aves y arruinan el paisaje y esas placas solares que convierten la tierra, antes fértil, en escenario yermo, triste y estéril. El triunfo del feísmo y la barbarie.

Pablo Díaz-Pintado es director de la revista Enólogos, líder de información enológica en español.