Comunicado.- Ecologistas en Acción se solidariza con la familia de la trabajadora fallecida a consecuencia de la explosión, en un centro de tratamiento de residuos sanitarios en Socuéllamos, propiedad de la empresa granadina Athisa. En funcionamiento desde el 31 de marzo, su instalación ha venido precedida de protestas y presentación de alegaciones y recursos de reposición (estos últimos contra la licencia de actividad municipal) a manos de una plataforma local, por su peligrosidad y un sinfín de irregularidades, que no impidieron las concesiones administrativas por parte de la Junta de Castilla-La Mancha y del Ayuntamiento de Socuéllamos.
A la espera de conocer los resultados preliminares de la investigación abierta que expliquen las causas de la deflagración de un bidón que contenía formol en la mañana del pasado 27 de octubre y que se tradujo en la muerte de Almudena Moreno y en la hospitalización de dos trabajadores más, cuyo estado es crítico, el fatídico accidente podría ser el resultado de una concatenación desastrosa de decisiones de todo el proceso que desembocó en la aprobación del proyecto y en su puesta en marcha, en contra de gran parte de la población.
Rechazo social cimentado en la situación de riesgo que conlleva el tratamiento y gestión de residuos hospitalarios de carácter infeccioso y de sustancias cancerígenas, mutagénicas y ecotóxicas, sin las obligadas inspecciones, sin una formación en prevención del personal contratado o sin los protocolos y planes de emergencia y evacuación. Aderezado por su ubicación en un polígono industrial, a un kilómetro escaso de viviendas habitadas, lo que desde el principio impulsó la resistencia vecinal. La planta del Grupo Athisa, beneficiada supuestamente por una exención contemplada en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, operaba desde el 9 de octubre de forma supuestamente ilegal, al haber superado el plazo otorgado dentro de la clasificación de fase experimental.
La apuesta irresponsable del Gobierno de Emiliano García-Page por proyectos de instalaciones de residuos peligrosos, al albur de millonarias inversiones de dinero público, con el único propósito de satisfacer la voracidad lucrativa de empresas foráneas, cuyo máximo exponente son las plantas de biometano (como las dos previstas precisamente en Socuéllamos), con la aquiescencia de algunos ayuntamientos, simplificando hasta el borde de la legalidad los procedimientos de tramitación ambiental, ejemplifican la arbitrariedad y la falta de escrúpulos de los poderes públicos hacia la ciudadanía, a quien debe, en su condición de servidores públicos, transparencia, buen gobierno y protección.
Ecologistas en Acción pide la depuración de responsabilidades penales, de corroborarse si la empresa ha incurrido en graves o muy graves infracciones en la normativa aplicable a la gestión de residuos biosanitarios, en la referida Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular y en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, sin detrimento de las responsabilidades institucionales, o criminales llegado el caso, de la Junta de Castilla-La Mancha y del Ayuntamiento de Socuéllamos, por no haber actuado con la debida diligencia en la provisión de permisos, licencias o autorizaciones, junto a la falta de seguimiento, en forma de auditorías e inspecciones. De confirmarse lo antedicho, la organización ecologista exige la clausura definitiva del recinto.
