Comunicado de Ecologistas en Acción Ciudad Real y Plataforma No a la Mina.– A mediados de octubre el estupor cundió entre los habitantes del pueblo de Fontanarejo, una población de apenas 200 habitantes cercana al Parque Nacional de Cabañeros, cuando vieron que finalmente empezaban unas obras largamente anunciadas, pero que muchos pensaron que jamás se concretarían: la excavación de una mina de fosfatos que cambiará para siempre la orografía de esta comarca, con una extensión de más de 1.500 hectáreas, una explotación que durará unos 35 años, y un impacto ambiental irreversible.
Ahora, y la vista de lo que la Plataforma califica de “política de hechos consumados”, ante un inicio de obras que ignora el juicio pendiente a la concesión de la explotación de la mina —sin fecha de celebración aún—, la organización ha decidido denunciar ante los organismos competentes este inicio de obras que considera ilegal y exigir la paralización inmediata de las obras.
Tras varias solicitudes de consulta de la documentación del proyecto al Ayuntamiento de Fontanarejo, en un procedimiento que califica de “oscurantista”, ya que en ningún momento se ha facilitado la documentación solicitada en el tiempo y forma que prevé la ley, la plataforma No a la Mina, representada legalmente por Ecologistas en Acción, manifiesta que la obra ha dado comienzo de manera ilegal, ya que la Declaración de Impacto Ambiental tenía una vigencia hasta el 5 de febrero de 2024, una fecha previa tanto a la licencia de obra concedida por el Ayuntamiento (con fecha de 28 de julio de 2025), como al inicio efectivo de las obras (a mediados de octubre de 2025).
“La ejecución de esta obra está llena de irregularidades”, ha dicho Ángel de la Cuesta Gómez, autor de uno de los informes presentados para impugnar la Declaración de Impacto Ambiental de la mina —en concreto, el informe sobre la presencia de elementos radiactivos en el suelo de la explotación—, químico especializado en Química Física y ex director de Calidad en empresas de suministro de hormigón y áridos, con canteras por todo el país, además de vecino de Fontanarejo.
“En enero de 2024 se instaló una caseta, pero eso no es un inicio efectivo de obra. Además, este tipo de explotaciones requiere de enormes cantidades de agua y genera aguas residuales que pueden contaminar las fuentes de agua local, y no se ha informado sobre cómo se va a evitar que esto afecte a la salud de los habitantes del pueblo. Cada vez que hemos solicitado una documentación que debe ser pública, solo hemos recibido evasivas”.
Elementos radiactivos
En el juicio pendiente en el que la Plataforma solicita la impugnación de la Declaración de Impacto Ambiental y, con ella, la paralización total de la obra y la restitución del territorio a su estado original, se ha presentado un informe en el que se recogen estudios anteriores que establecieron la presencia de elementos radiactivos en el suelo de la mina.
“El suelo de Fontanarejo tiene una alta presencia de gas radón, algo habitual en suelos de granito, pero no tanto en los de pizarra, que abundan en el pueblo. En España hay seis zonas contaminadas por productos radiactivos [declarados así por el Consejo de Seguridad Nuclear, CSN] y, de ellas, tres están relacionadas con los fosfatos. Es decir, esta presencia de fosfato podría estar relacionada con elementos radiactivos dañinos para la salud y, en concreto, con el cáncer de pulmón. No tenemos la certeza, pero los estudios sí indican que la posibilidad de que esto sea así es más que razonable y exigimos que, como mínimo, se lleven a cabo los estudios pertinentes para asegurar la salud de los habitantes del pueblo”.
En su recurso a la concesión de la explotación minera, la Plataforma ha aportado cinco informes más para impugnar la Declaración de Impacto Ambiental en la que se basa. Estos informes tratan tanto sobre los daños que se provocarán a flora y fauna como sobre la hidrología, partículas en suspensión y radiactividad. “La Declaración de Impacto Ambiental aprobada presentaba ya estudios sobre estos temas, pero eran muy deficientes”, ha dicho Francisco José Sarrión, biólogo y miembro de Ecologistas en Acción. Sobre los informes presentados, dice, “uno de los más importantes para la salud de los habitantes del pueblo es el referido a las partículas en suspensión, ya que las partículas de polvo levantado por las voladuras llegarán al casco urbano y, con ellas, el radón y el uranio”, dos elementos que pueden causar, entre otras enfermedades, cáncer de pulmón.
La Plataforma No a la Mina quiere dejar constancia de que, aun con las obras comenzadas, la organización confía en que el juicio pendiente, todavía sin fecha, reconozca la nulidad de pleno derecho de las obras y, tal y como establece la ley, finalice con ello un procedimiento que considera viciado desde sus comienzos.
