Joaquín García-Cuevas Holgado.- Estamos inmersos en un fiasco institucional que avergüenza a cualquiera que ame una democracia de verdad. El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por revelación de secretos.
Sin embargo, lo que hace aún más grave y repugnante esta situación no es solo la falta individual, sino la complicidad política que lo blindó durante tanto tiempo. Pedro Sánchez defendió públicamente la inocencia de García Ortiz antes incluso de que concluyera el juicio. “La verdad se acabará imponiendo”, afirmó.
No es una sanción leve, y no es algo que pueda barrerse bajo la alfombra: el mensaje es claro: ni siquiera la cúpula de la Fiscalía escapa al peso de la ley.
Y aquí viene lo verdaderamente indignante: este gobierno ha respaldado a García Ortiz durante todo el proceso. Mientras él se sentaba en el banquillo, el presidente Pedro Sánchez defendía su inocencia como si se tratara de un premio, como si la Fiscalía no debiera ser un órgano independiente, sino un títere en manos del poder político. Eso no es simple lealtad: es cinismo institucional.
Esta defensa no es una simple declaración de un amigo a un amigo, sino un claro desdén por la separación de poderes. Al respaldar al fiscal general durante el proceso judicial, el presidente del Gobierno no solo ejerce presión política sino que legitima la idea de que ciertos cargos públicos están por encima de la ley. Es un abuso de poder en su forma más descarada.
¿Dónde está ese falso discurso de la separación de poderes? ¿Dónde quedó el respeto a la justicia si desde Moncloa se apuntaba ya con el dedo antes de que se dictara sentencia? No es casualidad. Es un abuso de poder brutal: mantener a un fiscal acusado, defenderlo, y luego, si las tornas cambian, asumir mínimamente con la boca pequeña.
No es solo García Ortiz el que ha fallado. Es el Gobierno en su totalidad. Ha permitido que un cargo tan clave en el sistema judicial actúe con impunidad, sabiendo que tiene detrás el respaldo político más poderoso del Estado. Esa connivencia no puede quedar sin consecuencias.
No basta con que el fiscal sea castigado. El Gobierno que lo protegió debe rendir cuentas.
Porque esto no va únicamente de filtraciones o correos. Es un síntoma: la degradación de nuestras instituciones, la politización de la Justicia, la arrogancia de quienes creen que su poder está por encima de la ley. Estamos asistiendo a un espectáculo de impunidad y desdén democrático.
Sánchez debería convocar elecciones anticipadas, sin atajos ni excusas. Este Ejecutivo ha demostrado que no tiene sensibilidad para regenerar nada, solo para proteger lo suyo.
Sánchez no puede salirse con la suya diciendo que “respeta la sentencia”. Si defendiste a un fiscal que se salta la confidencialidad, rendir cuentas no puede quedarse en un “disculpe usted”.
España necesita democracia real, no un circo de poder donde los más poderosos creen que pueden violar sus propias reglas. No vamos a pasar página sin justicia. Este escándalo no puede ser solo un titular: debe ser el punto de inflexión para que el país recupere su dignidad institucional.
Y lo peor de todo es escuchar ahora a esa corte de partidos que rodean a Sánchez Sumar, Esquerra y compañía intentando justificar lo injustificable, defendiendo lo indefendible y vendiendo al país sus sermones envenenados como si fueran verdad absoluta. Esa gente no está ahí para servir a España: están ahí para servirse de España.
Porque no hay que engañarse: su prioridad no es resolver los problemas de los ciudadanos, ni impulsar reformas, ni fortalecer instituciones, ni mejorar la vida de nadie. Su prioridad es seguir agarrados a la poltrona, seguir exprimiendo el presupuesto público, seguir jugando al mercadeo político que les permite mantener su cuota de poder.
Chupan del Estado como si fuera una vaca infinita, sin aportar nada más que ruido, tensión y exigencias sectarias.
Son, en esencia, grupos que viven para el trueque, no para el país.
Gente que ha convertido la política en un negocio personal.
Gente que jamás asumiría responsabilidades porque saben que, sin este Gobierno, volverían a la irrelevancia de la que nunca debieron salir.
Esquerra, que solo se acuerda de España para insultarla pero no para construirla. Sumar, con sus discursos decorativos, que sirve más de maquillaje que de proyecto.
Y todos juntos formando una trinchera cuyo único objetivo es mantener vivo un Gobierno que sólo se mantiene gracias al reparto de favores.
Y mientras tanto, ¿qué hay de los españoles? Nada, Olvidados, Relegados.
Convertidos en meros espectadores de una alianza que solo existe para su propio beneficio.
Por eso este país está agotado. Porque no solo sufre la incompetencia del Gobierno, sino también el parasitismo político de quienes lo sostienen. No representan a nadie que no sea a sí mismos. No trabajan para la gente. Son auténticos chupásteros del sistema, interesados únicamente en proteger su sillón y desinteresados por completo en proteger a España. Ya basta.
España no puede seguir siendo rehén de partidos que viven de bloquear, chantajear y desgastar al país.
