La concejala de Urbanismo ha defendido el inicio del expediente para una modificación del PGOU que supondrá renunciar a la ronda oeste, proyectada en 1997, una infraestructura “imposible de financiar y que no responde a ninguna necesidad real”. Yolanda Torres alegaba que se trata de algo tan “sensato” como actualizar el planeamiento, “adaptarlo a la Ciudad Real de hoy y no a la de hace treinta años”.
El Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado, a propuesta de Planeamiento, la incoación del expediente para modificación número 21 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ciudad Real, relativa a la desclasificación de suelos urbanos no consolidados no programados con los votos a favor del equipo de Gobierno y el concejal no adscrito, Regino Pérez, y la abstención de Vox y PSOE. Continuará la tramitación del expediente mediante su sometimiento a información pública, notificación a los titulares afectados e informe de la Comisión Regional de Urbanismo.
La edil de urbanismo ha argumentado que Ciudad Real “no tiene nada que ver” con el PGOU de 1997, cuando se imaginó una ciudad que, en 2010, tendría 100.000 habitantes. La diferencia de aquello con la realidad, “cambia las necesidades urbanísticas, el modelo de movilidad y la forma en la que la ciudad crece”.
Algunos de los sistemas generales proyectados, “siguen anclados en aquellas necesidades de crecimiento que nunca se llegaron a producir”. No se ejecutaron porque no eran necesarios, apuntaba Torres. El estudio de tráfico de la ronda oeste, encargado por el Ayuntamiento este año así lo concluye: “no existen factores de movilidad ni de tráfico que hagan necesaria la ejecución del sistema general viario previsto en el PGOU de 1997, ni en el presente ni el futuro”.
La red viaria actual, añadía, funciona con niveles adecuados, la capacidad de las vías es suficiente y los aforos muestran que la ciudad absorbe el tráfico sin necesidad de nuevas rondas en la zona oeste de la ciudad.
Además de ser innecesario desde el punto de vista de la movilidad, concluía la edil de Urbanismo, este sistema general es económicamente “desproporcionado”. Ejecutarlo hoy supondría, advertía, una inversión de 60 millones de euros. Tiendo en cuenta que el Ayuntamiento de Ciudad Real tiene una previsión para inversiones anual de alrededor de ocho millones de euros, “significaría hipotecar durante años la capacidad de inversión, renunciando a necesidades reales que sí mejoran la vida de los vecinos”.
