El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado, en la sesión del Consejo de Gobierno celebrada este martes, el acuerdo por el que se concreta la aplicación del incremento retributivo del personal al servicio del sector público regional correspondiente a los ejercicios 2025 y 2026, en los términos previstos en los artículos 1 y 2 del Real Decreto-Ley 14/2025, de 2 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público y el calendario de abono de los importes y atrasos correspondientes a 2025.
Así lo ha anunciado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la rueda de prensa que ha ofrecido hoy en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, tras el acuerdo adoptado en el Consejo de Gobierno. Un incremento que se enmarca en el Acuerdo Marco suscrito el pasado 27 de noviembre de 2025 entre el Gobierno de España y las Organizaciones Sindicales, que fija las condiciones retributivas del personal empleado público para el periodo 2025-2028.
Además, la medida incluye el calendario de abono de los importes y atrasos derivados del incremento correspondiente al ejercicio 2025, tras la negociación celebrada el pasado 9 de diciembre en la Mesa General de Negociación del Personal Empleado Público, tal y como establece el artículo 3 del citado Real Decreto-Ley, que según ha señalado el consejero se podrá hacer efectivo “de una sola vez o distribuido entre los ejercicios 2026, 2027 y 2028”.
Incremento máximo autorizado por la legislación estatal
Ruiz Molina ha indicado que con respecto a este incremento el Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado “agotar el tope máximo” que permite la legislación básica del Estado, y hacerlo “con la mayor brevedad posible” en cada ejercicio. En concreto para 2025 el incremento acordado es de un 2,5 por ciento, con efectos de 1 de enero de este año, y para 2026, la subida va a ser del 1,5 por ciento con efectos retroactivos también del 1 de enero de este ejercicio. En el caso del incremento para este último año, según ha recordado el consejero, se prevé un incremento adicional del 0,5 por ciento, si la inflación en 2026 es igual o superior al 1,5 por ciento, siendo este 0,5 abonado en 2027, pero con efectos retroactivos desde 1 de enero de 2026.
Con respecto a los plazos, y según se ha acordado con las organizaciones sindicales, el consejero ha explicado que el incremento correspondiente a este 2025 se hará efectivo en la nómina de enero de 2026, abonándose como atrasos los importes correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.
La elección de esta fecha, tal y como ha aclarado el titular de Hacienda, responde, por un lado, a los plazos administrativos de cierre de nómina, que se hacen el cinco de cada mes y a la publicación del Real Decreto-Ley el pasado 3 de diciembre, con el mandato de negociar con los sindicatos la fecha de abono. Y, por otro lado, la elección se ha debido a la coincidencia con las fechas navideñas, periodo en el que se “adelanta diez días el abono de la nómina ordinaria y de la paga extraordinaria”, lo que dificulta la realización simultánea de los cálculos necesarios para los atrasos del ejercicio 2025.
Con un impacto económico de 192 millones de euros
El consejero ha dado a conocer que esta nueva subida del 2,5 por ciento para 2025 es de 120 millones de euros, mientras que para el 2026, la subida del 1,5 más el adicional del 0,5 por ciento, el impacto va a ser de 72 millones, un total de 192 millones de euros, recogido también en la Ley de Presupuestos de la Junta.
Una mejora salarial que va a beneficiar a más de 100.000 empleados y empleadas vinculados al sector público regional, y que incluye al personal de la Administración regional, de las empresas públicas y fundaciones del sector público regional, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y del profesorado vinculado a las plazas públicas en centros de enseñanza concertados.
Repercusión directa en la mejora de los servicios públicos y la calidad de vida y bienestar
Ruiz Molina ha manifestado que estas gestiones vienen a mejorar las condiciones laborales y retributivas del personal empleado público, siempre “desde el diálogo social”, siendo una herramienta fundamental para el Ejecutivo autonómico por la repercusión directa que tiene en la mejora de la calidad y la excelencia de los servicios públicos y, en consecuencia, en la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía de Castilla-La Mancha.
Esta apuesta se refleja en el Capítulo I, destinado a gastos de personal, que, desde el 2015 se ha incrementado en más de 1.500 millones, lo que supone más de un 55 por ciento más en términos porcentuales, y que ha permitido “aumentar las plantillas, fundamentalmente en los servicios públicos que sustentan el Estado del Bienestar; mejorar las condiciones de trabajo y mejorar sus retribuciones en los porcentajes máximos que autoriza la legislación básica del Estado”.
Presupuesto para 2026 y rechazo a las enmiendas del Partido Popular
Durante su intervención el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha recordado que este incremento retributivo viene recogido en el proyecto de Ley de Presupuesto de Castilla-La Mancha para 2026, que se debate este miércoles en las Cortes regionales. Unos presupuestos que destinan el 72 por ciento del gasto a sufragar los servicios públicos, compatible con el equilibrio presupuestario, el déficit cero “que no incrementa el endeudamiento” y con la aprobación de reducciones fiscales directamente relacionadas con el ámbito social, tal y como anunció el presidente García-Page en el último Debate sobre el Estado de la Región.
En este contexto, Ruiz Molina ha vuelto a justificar el rechazo a las 1.150 enmiendas presentadas por el Partido Popular, “las hemos analizado con detenimiento, con el interés de aprobar alguna, pero nos ha sido imposible” y se han rechazado por dos razones. La primera, ha sido por los recortes que llevarían aparejados, esto es, las enmiendas suponen un “petardazo a la línea de flotación de estos presupuestos, un tijeretazo descomunal al gasto social y que da apoyo a los colectivos más vulnerables de la sociedad”.
En esta línea, Ruiz Molina ha añadido que la primera “bofetada” se la llevarían los empleados y empleadas públicas, ya que “habría que despedir a muchos de ellos”, teniendo en cuenta los recortes que proponen. Entre los ejemplos especialmente significativos que ha señalado se encuentra que el PP insiste en “castigar a la dependencia”, eliminando de facto la financiación de las 32.000 prestaciones económicas en vigor; deja sin dotación presupuestaria el mantenimiento de los centros sanitarios públicos de la región y elimina los planes de empleo.
En segundo lugar, la aceptación de estas enmiendas generaría un déficit de 613 millones, lo que evidencia una absoluta falta de “rigor y responsabilidad” y que, según el consejero “hace imposible llegar a un acuerdo en su tramitación”. De aprobarse estas propuestas, la Administración regional incurriría en un déficit de más de 600 millones, es decir, acumularía un diez por ciento de déficit en 2026, cuando desde el Gobierno regional “proponemos un equilibrio presupuestario”.
Resultando incoherente que estas propuestas provengan del mismo partido que ha rechazado la senda de déficit propuesta por el Gobierno de España, que permitiría a las comunidades autónomas un margen del 0,1 por ciento equivalente a 60 millones para Castilla-La Mancha, una cifra diez veces inferior a la que ahora plantean. En definitiva, las enmiendas del PP ponen de manifiesto una coherencia preocupante porque “proponen en la oposición lo mismo que practicaron cuando estuvieron en el gobierno, aplicar importantes recortes dirigidos a las personas más vulnerables y aumentar el endeudamiento”.
En conclusión, Ruiz Molina ha reiterado el firme rechazo del Gobierno de García-Page cuando se “ataquen los elementos que nos son esenciales y prioritarios, como son los destinados a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas más vulnerables”. Por ello, ha dicho “no a los recortes y sí a las partidas que garantizan los servicios públicos fundamentales”, que permitan “incrementar las retribuciones a los funcionarios públicos, que permita materializar la Oferta de Empleo Público o poner en marcha los planes de empleo”.
