Han coincidido en el tiempo –el 18 y el 19 de diciembre– dos movimientos coincidentes –de estripe inmobiliaria local y provincial– y que reflejan, por otra parte, el profundo desbarajuste y desorden experimentado en España en el campo de la vivienda y, en particular en el de la vivienda social, desde el nefasto 2008. Me refiero en orden inverso a las declaraciones de promotores inmobiliarios en torno a la reactivación de los llamados con propiedad, Cadáveres inmobiliarios. Como cuenta en el diario La Tribuna, el día 18, Antonio Criado en el texto La demanda de vivienda resucita los cadáveres inmobiliarios. Situación del problema inmobiliario, que editorializaba El País, el 6 de noviembre, bajo la proclama Pisos para vivir, no para especular; razón que había sido el epicentro del tsunami inmobiliario pasado, que ha problematizado la demanda y estrangulado la oferta hasta extremos nunca vistos, produciendo una fuerte exclusión social de sectores desfavorecidos que acampan en la denominada Pobreza inmobiliaria. Anuncio el señalado de esa resurrección inmobiliaria que pone en el punto de mira del resurgir anunciado, promociones yertas, inconclusas, okupadas, vandalizadas y de incierto destino en estos 17 años de incapacidad. Con un coste social y financiero evidente, por más que se silencie.
Fruto, estos esqueletos inmobiliarios, de la quiebra practicada entre oferta y demanda en ese entorno de años felices, en que se finalizaban 800.000 viviendas al año, para orgullo proclamado y reiterado del Gobierno de Rodríguez Zapatero, el que alardeaba de “jugar en la champion de la economía” y “construir más viviendas que Alemania y Francia juntas”. Dando todo ello –ese goloso y vicioso ritmo productor y esos interese bancarios pecaminosos en boca del comprador ávido– como resultado consecuente, el previsible desajuste y el temido crack inmobiliario, con el abandono consecuente de cientos de promociones en curso, que pasaron a engrosar los activos financieros tóxicos y problemáticos de los bancos y cajas prestadores. Que, al ser rescatadas estas entidades prestamistas enloquecidas, cedieron sus activos innegociables y deteriorados al llamado honrosamente Banco Malo –SAREB– creado como flotador del sistema bancario, pero no como salvaguarda de los derechos ciudadanos.
Que ahora, por arte de birlibirloque, constituyen esas promociones varadas o esas ruinas inmobiliarias el alma buena de la nueva sociedad estatal de vivienda, Casa 47, que se nutre de la estructura funcional de SEPES y de esos activos inmobiliarios de la SAREB que se pondrán –como cuenta en El País, el mismo día 18 de diciembre, la presidenta de Casa 47, Leire Iglesias, expresidenta de SEPES y exconsejera de Vivienda en el último gobierno socialista de Extremadura– en el mercado, con alquileres de hasta 75 años, según declaraciones de la ministra Rodríguez (El País, 5 diciembre). Todo un viaje a la nada, desde la más absoluta pobreza que ha supuesto los 24.000 millones del rescate de los activos problemáticos. Un rescate sin coste alguno para la ciudadanía, como anunciara el ministro de Economía del gobierno Rajoy, De Guindos, hoy morador como vicepresidente del Banco Central europeo.
El día 19 en el balance anual del Gobierno regional de García Page, la delegada provincial Blanca Fernández, junto al ditirambo y el verbo elogioso, deja ver la alternativa inmobiliaria de la propia Junta de Comunidades en materia de vivienda social y el análisis –no menos elogioso– del muy promocionado pero ineficiente a todas luces, Plan Modernizador 2025, fruto de unos diagnósticos urbanos harto discutibles –a los hechos y balances me remito– y de unas decisiones inversoras cuestionables, que nacieron del pacto presuroso y tripartito –como los tres Reyes Magos de estos días– de García Page, Caballero y Zamora–. Verificado el consabido traslado del bloque de los 1.100 funcionarios al remodelado Hospital del Carmen, denominado ahora como Ciudad administrativa, tras la inversión de 40 millones de euros, la propuesta residencial –fruto del compromiso en su día de Caballero: “La Diputación asumirá los edificios vacío que deje la Junta en su traslado a la Ciudad Administrativa”– alterada ahora, por el cambio de color político de la Diputación Provincial –que obviamente no asumirá el compromiso de Caballero, como no lo ha hecho con el Museo de la Caza en la abandonada delegación de Sanidad de la calle Postas– es la de estudiar la viabilidad de transformar los edificios –abandonados por el obligado traslado de sus ocupantes– en alternativas a nuevas viviendas. Como si los cambios de uso urbanístico fueran cuestión de una charla de café y la posibilidad de transformar estructuras de edificios administrativos a vivienda, fuera parecido al juego del Monopoly: te cambio oficina por casa, e inmueble por finca residencial. Una especie de descubrimiento de pecios de naufragios varados y que ahora se exhiben como conquista del consabido derecho constitucional del artículo 47, que proclama Casa 47, en su propio nombre. Por no visualizar la principal: si en estos 7 años de vida del Plan Modernizador 2025 –que por cierto no tenía una sola determinación en el campo de la construcción de vivienda social–, la promoción de vivienda pública ha sido inexistente, ¿cómo aceptar el súbito arrebato inversor que proclama la delegada Fernández, cuando aquí aún aletea el fallido concurso de Padre Ayala, promovido por Junta de Comunidades en 2004 y sepultado en el olvido, como otro pecio. Pero este no descubierto.
