Raúl Camacho.- Ayer conocimos que en un futuro no tan lejano, específicamente para el año 2026, España se enfrenta a un hito preocupante: las universidades privadas superarán en número a las públicas, según proyecciones recientes que sitúan a las primeras en torno a las 48 frente a las 50 públicas, con varias aprobaciones en marcha que inclinarán la balanza. Este vuelco no es casualidad, sino el resultado de políticas que priorizan el sector privado mientras asfixian financieramente al público. Como ciudadano preocupado por el acceso equitativo a la educación superior, no puedo sino criticar esta tendencia que amenaza con convertir el conocimiento en un bien de lujo, reservado para quienes pueden pagarlo. En este artículo de opinión, desgranaré los perjuicios de esta infrafinanciación de las universidades públicas y el exceso de apoyo al sector privado, comparándolo con los beneficios de un modelo inverso, y advirtiendo sobre el abismo al que nos dirigimos si persiste el ritmo de los últimos años.
La Infrafinanciación Crónica de las Universidades Públicas: Un Ataque a la Igualdad
Las universidades públicas en España sufren una infrafinanciación endémica que ha empeorado en los últimos 15 años, con déficits que empujan a estas instituciones a depender cada vez más de las tasas de matrícula para sobrevivir. En regiones como Madrid, el coste por estudiante supera los 400 euros anuales por encima de la media nacional, lo que agrava la brecha social. Esta falta de recursos no solo deteriora infraestructuras y limita la inversión en tecnología y digitalización, sino que también afecta la calidad docente y la investigación, pilares de una educación superior robusta.
Los perjuicios son evidentes: sin fondos adecuados, las universidades públicas se ven obligadas a recortar becas, aumentar las ratios profesor-alumno y posponer actualizaciones curriculares. Esto genera una brecha social, donde estudiantes de familias humildes quedan excluidos, perpetuando ciclos de pobreza. Además, la proliferación de universidades públicas en el pasado se hizo «deprisa y corriendo», con selección adversa de profesorado, pero la solución no es abandonarla, sino invertir en ella para multiplicar su impacto económico: por cada euro invertido, las públicas generan un retorno cinco veces mayor en el PIB. En lugar de eso, el modelo actual fomenta la desigualdad, con consecuencias como el aumento de la deserción estudiantil y la pérdida de talento joven.
El Exceso de Financiación y Apoyo a las Privadas: Un Modelo Elitista y Opaco
Por el contrario, el auge de las universidades privadas —impulsado por comunidades autónomas como Madrid, donde ya hay 14 privadas frente a 6 públicas— se beneficia de un entorno regulatorio laxo y un «boom» que ha generado críticas por su dudosa calidad y falta de transparencia económica. Aunque no siempre reciben fondos públicos directos masivos, su expansión se ve favorecida por políticas que facilitan aprobaciones rápidas y exigen menos accountability, como la ausencia de requisitos estrictos para alojamiento o investigación. Solo 6 de 40 privadas son transparentes en sus finanzas, lo que levanta sospechas sobre su orientación lucrativa por encima de la educativa.
Este exceso de apoyo al privado genera perjuicios claros: precios exorbitantes que superan los 19.000 euros anuales en instituciones como la Universidad Francisco de Vitoria o Navarra, comparados con los 1.275 euros en públicas como la Complutense. Esto convierte la educación en un mercado donde el mérito se subordina al bolsillo, agravando la desigualdad y atrayendo a alumnos extranjeros adinerados mientras los locales luchan. Críticas como las de expertos en debates académicos señalan que las privadas no resuelven los problemas de la pública, sino que los exacerban al competir por recursos limitados.
¿Y si Fuera al Revés? Los Beneficios de Priorizar lo Público
Imaginemos el escenario opuesto: universidades públicas bien financiadas, con un gasto que alcance el 1% del PIB como objetivo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, y un control estricto sobre las privadas para evitar burbujas especulativas. En este modelo, el acceso sería universal, con tasas bajas —como las actuales medias de 800 euros anuales en públicas— y becas abundantes, fomentando la movilidad social y la innovación. La investigación florecería, atrayendo talento global y multiplicando el impacto económico. Las privadas, limitadas en número y reguladas, complementarían sin dominar, evitando la elitización.
En comparación, el modelo actual invierte esta lógica: mientras las públicas se ahogan, las privadas crecen un 47% en plazas para 2025-2026, limitando opciones para la mayoría. Esto no solo reduce la calidad general —con privadas de «dudosa calidad» proliferando— sino que erosiona el principio de equidad que debería guiar la educación superior.
Hacia un Futuro Inaccesible: El Ritmo Actual y sus Consecuencias
Si mantenemos el ritmo de los últimos años, donde los precios universitarios han fluctuado pero las privadas han impulsado un encarecimiento general —con tendencias privatizadoras desde los noventa—, el coste de estudiar se disparará. En una década, la educación superior podría costar el doble o triple para familias medias, con tasas en públicas subiendo para compensar déficits y privadas dominando el mercado. Nos dirigimos a una sociedad dividida: élites educadas en instituciones caras, y una mayoría relegada a opciones precarias o al abandono de estudios. Esto provocará brain drain (fuga de talentos), menor competitividad nacional (disminución de cerebro y talento) y un aumento de la desigualdad social, como ya se ve en huelgas y protestas.
En resumen, la infrafinanciación de lo público y el exceso de lo privado no son solo errores presupuestarios, sino una traición al derecho a la educación. Es hora de revertir esta tendencia: invirtamos en las universidades públicas para garantizar un futuro inclusivo. De lo contrario, en 2026 no solo contaremos más privadas; contaremos menos oportunidades para todos. Un gran ejemplo a seguir lo tenemos en Noruega, donde la educación es gratuita desde los 3 años hasta los estudios universitarios, es decir, igualdad de oportunidades tengas el apellido que tengas. Por cierto, Noruega no es un país socialcomunista precisamente, ni mucho menos. En los últimos 25 años se han alternado gobiernos de derechas e izquierdas y ninguno ha planteado hacer negocio con la educación.
Así se escribe.
Por poner alguna pega al artículo pega al artículo, yo diría que te ha faltado decir que lo que se pretende conseguir es una sociedad de analfabetos y lo más inquietante es que ya ni se molestan en disimular.