El Gobierno de Castilla-La Mancha ha realizado una valoración crítica de la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica presentada el pasado viernes por el Gobierno de España y ha reiterado que es injusto, ya que se ha acordado “bajo el chantaje de los independentistas”; regresivo, porque al consagrar la ordinalidad va a garantizar más recursos a las comunidades autónomas que manifiesten mayor capacidad económica, e incompatible con el principio de igualdad entre territorios, defendido por el Ejecutivo autonómico.
En su comparecencia ante los medios de comunicación en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha señalado que esta valoración se realiza ante la ausencia de documentación técnica y datos detallados por parte del Ministerio de Hacienda, basándose únicamente en la propuesta presentada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, así como por el dosier obtenido del gabinete de prensa del propio Ministerio.
En este contexto, y acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernandez, Ruiz Molina ha calificado de “insólito” en la historia de la financiación autonómica que “nos enteremos de algo tan trascendental para el Estado del Bienestar de esta manera” y ha afirmado, como un hecho cierto y conocido por todos, que es un modelo “fruto de un acuerdo bilateral entre el Estado y los independentistas catalanes”.
Una propuesta que, como ha señalado el consejero, se ha presentado tras el visto bueno de ERC y que se ha negociado bajo un claro escenario de “chantaje” político, cuyo único objetivo es la “obtención de privilegios para una comunidad autónoma frente a los demás”. Unos privilegios, ha dicho que lógicamente se “convierten en desventaja para otros”. Un documento que debe entenderse como una base inicial para empezar a debatir.
Un modelo “claramente regresivo” que hace efectiva la ordinalidad
En cuanto al contenido de la propuesta, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformacion Digital ha señalado que, ante la manifestación del Gobierno de España de que con este nuevo modelo el Estado va a aportar más recursos permitiendo a las comunidades autónomas disponer de más financiación, “estaría bueno que con esta nueva propuesta se perdieran recursos, sabiendo como está aumentado la recaudación de tributos en esta fase del ciclo económico”.
Y, es más, ha recordado, que, según los datos de los que se disponen, los ingresos de la Administración central han crecido un 94,9 por ciento entre 2009 y 2023, en tanto que los de las comunidades autónomas lo han hecho un 65 por ciento, y ha matizado que el debate no es que “todas las regiones ganemos porque la tarta es más grande, sino si el trozo que se lleva cada región es el justo”.
En cuanto a la metodología de reparto utilizada, el consejero ha indicado que se trata más de un método de “como trocear la riqueza nacional entre los territorios para dar satisfacción a los independentistas”, que de un verdadero modelo de financiación orientado a sufragar el “coste real en el que incurren las comunidades autónomas a la hora de prestar los servicios públicos de nuestra competencia”, y que se pueda hace en “condiciones de igualdad”.
De acuerdo con esa metodología, el titular de Hacienda ha alertado de que este planteamiento es “claramente regresivo” ya que hace efectiva la “ordinalidad” defendida por los independentistas, según la cual, ha explicado, las regiones con mayor capacidad tributaria tienen derecho a disponer de mayor volumen de recursos y poder prestar los servicios en mejores condiciones.
Esto aplicado al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se estaría hablando de que “aquellos ciudadanos y ciudadanas que pagan más IRPF porque tienen mayor capacidad económica, tienen derecho a ser mejor tratados en relación con los servicios públicos”. Con este modelo, lo que se viene a defender, según el consejero, es que “quien más tiene, más recibe”, un supuesto que, como ha trasladado, pone en duda que “sea defendible, al menos por un gobierno socialista”.
Y ha puesto sobre la mesa otro asunto que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha criticado, como es el reparto entre comunidades autónomas del impuesto a la banca en función del PIB, al considerarse “regresivo”, siendo en este caso lo mismo.
Ataque “sin paliativos al principio de igualdad”
En esta línea, Juan Alfonso Ruiz Molina ha afirmado que se trata por tanto de un ataque “sin paliativos al principio de igualdad”, el cual, trasladado a la financiación autonómica significa que todos los territorios puedan prestar los servicios públicos fundamentales en las mismas condiciones de calidad, con independencia de la capacidad económica de los ciudadanos y con independencia de la capacidad económica del territorio en el que residan.
Por este motivo, desde Castilla-La Mancha se ha defendido que este modelo debe basarse en “aportar a la bolsa común en función de la capacidad de cada territorio y recibir en función de las necesidades”, que se miden a través de un buen diseño de la población ajustada. Sin embargo, y así lo ha señalado, las modificaciones de esta población ajustada recogidas en la nueva propuesta no incluyen las aportaciones de las comunidades autónomas, se limita hacer “ligeros retoques” que “no reflejan el coste real que nos supone a las comunidades prestar los servicios”. Y ha recordado los sobrecostes en los que la región ha incurrido como consecuencia de su “gran superficie y dispersión”.
En el caso de Castilla-La Mancha
En cuanto a los resultados concretos para Castilla-La Mancha, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha indicado que ante la falta de información sobre como quedaría la financiación final para las comunidades autónomas, solo hay información del incremento para 2027, se pude decir que “los mayores incrementos se producen en aquellas que históricamente han estado infrafinanciadas con respecto al modelo actual”, grupo en el que se cuela Cataluña que es “fruto del privilegio que buscan los independentistas, a la hora de hablar de la financiación”.
En este sentido, y con las estimaciones realizadas en base a la poca información de la que se dispone, el consejero ha indicado, que efectivamente la región obtendría un incremento de más de 1.240 millones de euros, siendo en este caso lo más importante “no el incremento, sino el resultado final”; el cual supone que Castilla-La Mancha “sigue estando por debajo de la media de financiación del conjunto de las comunidades autónomas, como lo estamos actualmente”.
Y ha concluido señalado que este modelo es injusto, acordado bajo el “chantaje de los independentistas que solo buscan privilegios para su comunidad autónoma”; un modelo regresivo, porque al “consagrar la ordinalidad, va a garantizar más recursos a aquellos territorios con mayor capacidad económica; y que, en ningún caso, va a garantizar, lo que defendemos en Castilla-La Mancha, que es el principio de igualdad en el acceso a los servicios públicos fundamentales. Se trata, en definitiva, de un modelo “que nunca hubiera defendido un gobierno que, además de ser socialista, es español, sino hubiera estado sometido a chantaje”.
