La foto del pasado 12 de enero, donde una comitiva ministerial –con representantes de Presidencia, Vivienda, Transformación digital y Función pública, más el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid– presidida por el presidente Pedro Sánchez, asiste uniformada –de obreros de la construcción al uso: cascos protectores y chalecos amarillos, no adivino a ver si el calzado es de protección tipo EPI o es zapato ministerial– al comienzo de una demolición de un inmueble abstracto de viejos acuartelamientos militares, deja muchos interrogantes y da para muchas preguntas. Todo ello, en un momento de expansión informativa –con tintes de propaganda circunstancial– sobre el llamado ‘Problema de la vivienda’ como telón de fondo del acto, al fijar las reducciones aplicables en el IRPF a aquellos caseros que mantengan el alquiler de sus inquilinos, en la próxima renovación del contrato de arrendamiento.
Hasta ahora lo usual era proceder con énfasis, a la colocación de la primera piedra como gesto inaugural de una realidad constructiva –que igual se dilataba en el tiempo de forma excesiva, pero que rendía flujos electorales a corto plazo–; pero ahora, parece que lo que se impone es su inversa: Inaugurar demoliciones, como aviso edilicio, más diferido aún en el tiempo. Por más que la realidad se empeñe en mostrar los plazos largos de todos los movimientos administrativos, que antes eran de la larga duración solo en los procedimientos urbanísticos y que ahora se extienden también a la larga duración de los procesos constructivos de la viviendas mismas.
Como este de la Operación Campamento, conocida por Pedro Sánchez, desde su época de concejal madrileño –como portavoz socialista de Urbanismo en el Ayuntamiento– entre 2004 y 2009, y que tenía los precedentes de la repetida Operación Campamento en 2005 –con la firma del convenio suscrito entre los Ministerios de Vivienda y Defensa (María Antonio Trujillo y José Bono como titulares) y, por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid (Ruíz Gallardón). Y que, aún todo ello, se remontaba al año de 1989, con Joaquin Leguina, como presidente de la Comunidad, con la pretensión de utilizar los terrenos militares vacantes, de la carretera de Extremadura para destinarlo a viviendas sociales, en evitación de operaciones lucrativas practicadas por el Ministerio de Defensa, al liberar de sus tradicionales funciones castrenses, suelos urbanos aptos para ser puestos en el mercado inmobiliario. Mercado inmobiliario que se ha visto sobresaltado en los últimos decenios por edificios abandonados de su cometido previo de usos castrenses –no sólo Madrid y la Operación Campamento, también Sevilla y los acuartelamientos del sur de la ciudad, o, incluso Ciudad Real con todas las alternativas desarrolladas en el entorno de los terrenos y edificios del viejo Cuartel de la Misericordia en la calle de Toledo–. De forma parecida, se trataba de visualizar el problema existente en Toledo con los edificios conventuales abandonados, soportando una enorme presión inmobiliaria (Los conventos de Toledo quieren cobrar alquileres para pagar facturas, El País, 13 enero 2026) que acaba desnaturalizando fragmentos enormes de la ciudad. Reflexión la de Toledo, ampliable a la misma ciudad de Sevilla y Alcalá de henares, o, entre nosotros a Almagro y su proceso de abandono conventual.
Es decir, han transcurrido, nada menos que 36 años, para dar cuenta del comienzo de una demolición del complejo cuartelario de la carretera de Extremadura, con destino a la obtención de las 12.000 viviendas anunciadas de ‘próxima construcción’. Y ello trae causa de los plazos dilatados en este tipo de operaciones urbanísticas y edilicias, cada vez más frecuentes, que como cuenta en El País, Alfonso Simón en el artículo El suelo disponible para casas cubre el 70% de la demanda (14 de enero), complica aún más las programaciones de suelo y vivienda: “La duración media de los desarrollos de suelo por provincia estriba entre los 20 años (Álava) y los 34 años (Bizkaia)”. Y ahora, con la Operación Campamento, se eleva el promedio citado a un mínimo de 36 años en la operación ordenadora.
En Ciudad Real, también hemos tenido nuestro ‘Pequeño Campamento’ con el fallido desarrollo de los terrenos de Padre Ayala, aunque parece ser, sin responsables visibles del desvarío verificado, como puede comprobarse. ‘Pequeño Campamento’ que, a la escala local, resulta parecido al fiasco madrileño, tras años de movimientos falsos y de titubeos forzados. Así existe una primera aproximación a la resolución del problema de la barriada –procedente de la Fundación Padre Ayala, con apoyo añadido de la Obra Sindical del Hogar y proyecto del arquitecto municipal José Arias, que se había inaugurado el 20 de noviembre de 1958, en lo que ya he llamado en otras ocasiones como ‘política de redención social del chabolismo’– con tasas de ocupación ilegal y deterioro, llegando a forzar su sustitución y traslado de los ocupantes con derechos adquiridos. Todo lo que motiva que ya, en 1994, hace ya 32 años, se adopte un acuerdo consensuado, para el levantamiento de 147 viviendas, entre el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; al año siguiente se produce el desalojo de los últimos ocupantes, abriendo un paréntesis de inactividad. En julio de 2003, por parte de la Consejería de Obras Públicas, se convocaba el concurso de proyectos para la “ordenación urbanística y la construcción de 211 viviendas” en los antiguos terrenos de la barriada Padre Ayala, que había sido objeto de demolición tras el traslado de sus ocupantes, en una operación de realojo negociado y quedando un fleco suelto, que se mostraría más tarde.
Concurso muy publicitado –como un emblema programático indudable, desplegado por la propia Consejería con el apoyo inestimable del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha– que contaba con una dotación en premios a las soluciones ofertadas de 50.000 € – los 15.000 € de primer premio acompañaban a los honorarios del encargo, el resto eran los premios 2º, 3º y los accésits–. El concurso contó con una amplia participación de 57 soluciones presentadas al mismo, las cuales fueron presentadas en las jornadas celebradas en marzo de 2004, en la demarcación de Ciudad Real del Colegio de Arquitectos de CLM, bajo el lema ‘Una ciudad para los ciudadanos’; todo ello, junto a un ciclo de conferencias diversas implicadas en cuestiones territoriales y urbanas. De la misma forma que en el número 7 de la revista Formas de Arquitectura y Arte, del segundo trimestre del año 2004, se daba cuenta de la relación de todas las soluciones premiadas y se acompañaban de sendos artículos de Diego Peris y de José Rivero relativos al concurso repetido. Opinión del jurado, firmaba el primero de ellos, donde la ponderación de las soluciones presentada, no se sabe si por cuenta del autor o por cuenta del bloque del jurado –del que se cita a Martínez Lapeña, Manuel de las Casas y Alejandro Moyano–, dejaba abiertas dudas sobre ciertas alternativas: “Resulta sorprendente que en un concurso de estas características bastantes de los concursantes recurran a soluciones tópicas de bloques tradicionales que hacemos ‘obligados’ por las ordenanzas municipales”. El texto de José Rivero, La lógica de la manzana, se producía como una reflexión coordinada entre la ordenación urbana y la tipología edificatoria, que habían atemperado las diversas alternativas presentadas; mostrando las dificultades del territorio en el que se implantaba la solución perseguida.
En abril de 2006 –producido el fallo del jurado en favor de la solución ‘Res publica’ presentada por Javier Bardón Artacho–, una solución se decía en los considerandos del jurado “cuya desarrollo urbanístico era ordenado y respetuoso con el medio urbano” –por más que contara, de forma visible, con una torre de 12 alturas que contravenía, de forma evidente, el Planeamiento Urbano vigente en la ciudad–, el consejero de Obras Públicas, Alejandro Gil, anunciaba la próxima licitación a finales del citado año de 2006. Justamente cuando, desde instancias municipales –que también habían participado en el jurado calificador, por lo que habrían tenido voz y voto– se hacía saber que la solución premiada contravenía las Normas Urbanísticas. Abriendo, con ello, un compás de dudas sobre la viabilidad de la solución premiada. Por lo que la administración regional propuso al ganador, rectificar la solución vencedora, adaptándola a la normativa vigente; lo que a todas luces parecía una maniobra burda y confusa. Una solución premiada –y con todas las bendiciones del jurado competente– que, al no ser viable urbanísticamente, debería ser modificada o debería ser desestimada, en favor de las siguientes alternativas premiadas en el concurso. Lo que motivaría la obvia reacción del ganador, que contaría con su negativa a cualquier cambio y aferrándose a la resolución del jurado. Iniciando, posteriormente a la negativa, un proceso de conflictos –con demandas interpuestas entre el ganador y la administración regional, convocante del concurso–, que acabarían con la paralización primera de las actuaciones, y la pretensión segunda de liquidar el concurso y convocar otro nuevo como solución radical. Extremo este del que informaba el delegado provincial de la Junta de Comunidades en noviembre de 2009, reconociendo que “el retraso en la construcción de las viviendas ya era de cinco años”; y ello siendo generoso. En 2011, la nueva administración regional de Dolores de Cospedal fijaba el compromiso de desbloqueo del ya llamado ‘caso Padre Ayala’, de difícil digestión para todos los intervinientes.
En 2014, Aurora Galisteo publicaba en Lanza, el 30 de marzo, un trabajo panorámico que denominaba Padre Ayala, veinte años de olvido, referido al lapso trascurrido desde el primer acuerdo de 1994. Junto a ello, podía leerse en paralelo, la solicitud del PSOE e IU, reclamando soluciones al ‘caso Padre Ayala’, como vía de intervención en el problema social de la vivienda en Ciudad Real. La paradoja de todo ello es que los peticionarios del desbloqueo fueron los responsables del desmontaje de la EMUSVI, constituida en 2006 y defenestrada en 2016, a instancias del grupo municipal Ganemos –como requisito de apoyo a la candidata socialista en 2015, Pilar Zamora–. Diego Peris, quien ya intervino en el jurado del concurso de Padre Ayala en 2006, publicaba una nueva reflexión que denominaba Vivienda pública, en Lanza, el 21 de febrero de 2025, que dejaba ver algunas de las costuras de todo el proceso, tras largos años de parálisis y con la creciente presión en la demanda inmobiliaria de viviendas sociales. “Para definir el proyecto se convocó un concurso al que concurrieron decenas de equipos de arquitectos. El Colegio de Arquitectos tenía una sala repleta de maquetas de todos los equipos que concurrieron al mismo. Fallado el concurso las dificultades administrativas para desarrollar el proyecto premiado y la falta de voluntad de las administraciones hicieron que aquello quedara en nada. Pero seguimos teniendo un espléndido solar donde se pueden levantar viviendas públicas ya mismo. Un solar de más de 9.000 metros cuadrados de superficie ocupado actualmente por un aparcamiento. No es necesario demoler ningún edificio ni hacer equilibrios de gestiones complejas. Basta la voluntad de desarrollar el proyecto, de poner en marcha la obra y adjudicar las viviendas a aquellos ciudadanos que lo necesiten”.
Por ello, llama la atención que, de nuevo en 2025, el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, José Manuel Caballero, rectifique de un plumazo los 33 años de pasividad administrativa regional. Fijando, lo que recogía el diario La Tribuna, del 13 de enero pasado, que titulaba, como un asunto de honor y duelo: “La Junta recoge el guante, para ceder al consistorio la promoción de Padre Ayala”. Más aún, señalaba el alto representante regional que “El gobierno de Page no tiene ningún problema en que el Ayuntamiento de la capital se convierta en promotor de vivienda social”. Invirtiendo las competencias en la promoción de vivienda social en favor del municipio, y obviando que su grupo político había favorecido la supresión de esa faceta promotora municipal en 2016, con la desaparición de la empresa municipal de vivienda y suelo, EMUSVI.
