PSOE, PP y Vox han vuelto a evidenciar sus diferencias en torno a la violencia machista, después de que la comisión celebrada este viernes en las Cortes castellanomanchegas se haya saldado sin una resolución conjunta en torno al informe de la Ley 4/2018 para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.
En dicha comisión, en la que la directora del Instituto de la Mujer, Teresa López, ha desgranado el informe relativo al año 2024, tan solo ha salido adelante la resolución de los socialistas, ante la que se han abstenido los representantes del PP.
Y es que la mayoría del PSOE ha vuelto a desechar las propuestas de PP y Vox, que han aprovechado para deslizar otras cuestiones del debate nacional, como la financiación autonómica, los fallos en las pulseras antimaltrato o la expulsión de los inmigrantes que acceden al país ilegalmente.
En su texto, el PSOE ha instado al Gobierno de Castilla-La Mancha a continuar desarrollando políticas públicas para garantizar una respuesta «eficaz y coherente ante este tipo de violencia» y ha reafirmado su compromiso «frente a cualquier forma de negacionismo», señalando que la desinformación y los discursos que cuestionan la existencia de la violencia de género «dificultan la protección de las víctimas y erosionan los avances sociales».
También ha incidido en la necesidad de mantener «unidad institucional y parlamentaria en la defensa de los derechos de las mujeres y en la erradicación de la violencia de género».
Mientras la resolución del PP, que ha suscitado el rechazo de PSOE y Vox, exige establecer «la obligación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal aquellos hechos conocidos por altos cargos del Gobierno regional que pudieran ser constitutivos de acoso, incluido el acoso sexual o abuso de poder», en relación a los últimos casos en el seno del partido a nivel nacional.
De ahí que también reclame «un protocolo específico que regule la actuación de los altos cargos del Gobierno regional ante indicios de acoso o abuso de poder, incluyendo los deberes de comunicación interna, activación de mecanismos de protección y, en su caso, traslado a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal».
Además de demandar un sistema periódico de evaluación independiente de las políticas públicas en materia de igualdad y violencia de género, cuyos resultados sean remitidos a las Cortes de Castilla-La Mancha para debate y eventual adopción de medidas correctoras, los ‘populares’ también han sugerido realizar una auditoría técnica y operativa de los sistemas de control y protección telemática de personas agresoras.
Garantizar la dotación presupuestaria suficiente y la ejecución ágil de los recursos destinados a los Centros de la Mujer y elaborar con carácter «urgente» una estrategia integral y específica de fomento del empleo femenino en Castilla-La Mancha, dirigida a reducir el desempleo de las mujeres y la brecha salarial existente, han sido otras de sus demandas.
Socialistas y ‘populares’ sí han coincidido en descartar la propuesta de los representantes de Vox, que ha demandado una ley de violencia intrafamiliar y derogar la del ‘Sí es sí’, la de violencia de género y la ‘trans’.
En su resolución, los de Abascal también sugería elaborar un estudio sobre «el aumento de agresiones grupales» y «acabar con los programas educativos que enseñan feminismo e ideología de género», entre otras muchas cuestiones reflejadas en su ideario de partido.
