Este miércoles 21 de enero tendrá lugar en Albacete, a las 9.30 horas, en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el juicio contra la mina de fosfatos proyectada en el término municipal de Fontanarejo (Ciudad Real). La vista ha sido declarada no pública, por lo que no se permitirá el acceso a medios de comunicación ni a personas ajenas al litigio.
El procedimiento judicial tiene su origen en el recurso contencioso-administrativo presentado el pasado 3 de diciembre de 2023 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete. En él se impugnan tanto la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) formulada en noviembre de 2018 como la resolución de 4 de julio de 2022 que otorgó la concesión de explotación minera a la empresa Alcudia Phosphates S.L., cuya administradora única es Fertiberia S.A.
Un inicio de obras cuestionado por ilegal
Según informa en una nota Ecologistas en Acción, el conflicto se intensificó a mediados de octubre, cuando comenzaron las obras de preparación del terreno para la mina en Fontanarejo, una localidad de apenas 200 habitantes situada en las inmediaciones del Parque Nacional de Cabañeros. Según denuncia la Plataforma, este inicio de obras se produjo de forma ilegal, ya que la Declaración de Impacto Ambiental tenía una vigencia que expiraba el 5 de febrero de 2024, una fecha anterior tanto a la licencia de obra concedida por el Ayuntamiento como al inicio efectivo de los trabajos, que se produjo meses después.
La Plataforma sostiene que la instalación de una caseta de obra en enero de 2024, utilizada por la empresa promotora para justificar el cumplimiento de los plazos de la DIA, no puede considerarse un inicio real de las obras, al tratarse de una actuación meramente preparatoria sin ejecución material del proyecto. Esta cuestión forma parte del núcleo de las irregularidades denunciadas ante los organismos competentes.
Además, la organización denuncia un procedimiento “oscurantista” por parte del Ayuntamiento de Fontanarejo, al no haber facilitado en tiempo y forma la documentación pública solicitada sobre el proyecto, a pesar de las reiteradas peticiones realizadas.
Deficiencias estructurales en la evaluación ambiental
El recurso judicial se apoya en seis informes técnicos independientes, elaborados por especialistas del ámbito académico y profesional, que concluyen que la Declaración de Impacto Ambiental se aprobó sin un inventario suficiente del medio ambiente y de la población afectada, lo que impide evaluar adecuadamente los impactos del proyecto y establecer medidas correctoras o compensatorias eficaces.
Uno de los aspectos más criticados es que estudios esenciales, como los relativos a la hidrología, las vibraciones y las partículas en suspensión, no fueron sometidos a participación pública, permitiendo a la empresa promotora presentarlos con posterioridad a la concesión de explotación y fuera del procedimiento de evaluación ambiental, una práctica que, según la Plataforma, contraviene la legislación vigente.
Riesgos para la salud y los recursos hídricos
Entre los informes aportados al procedimiento destaca el relativo a la presencia de elementos radiactivos en el suelo de la explotación. Según explica Ángel de la Cuesta Gómez, químico especializado en Química Física y autor de uno de los informes presentados, la zona presenta emisiones naturales de gas radón, un fenómeno habitual en suelos graníticos pero menos frecuente en los de pizarra, predominantes en Fontanarejo.
“En España existen seis zonas oficialmente contaminadas por productos radiactivos y tres de ellas están asociadas a yacimientos de fosfatos”, señala. “Esto no implica una certeza absoluta, pero sí una probabilidad razonable de que la explotación pueda liberar elementos radiactivos perjudiciales para la salud, como el uranio, especialmente cuando se realizan voladuras”.
A ello se suma el riesgo derivado de las partículas en suspensión. Según una simulación informática incluida en el recurso, las partículas finas y ultrafinas generadas por las voladuras y por la planta de tratamiento del mineral alcanzarán el casco urbano, pudiendo ser inhaladas por la población junto con radón y otros contaminantes, sin que se haya evaluado su impacto sanitario.
En materia de aguas, la Plataforma denuncia que la hidrogeología de la zona no ha sido estudiada de forma rigurosa. La promesa de “vertido cero” recogida en la documentación oficial se basa, sostienen, en suposiciones no contrastadas, mientras que las filtraciones de aguas contaminadas podrían afectar a acuíferos locales e incluso al embalse de Cíjara.
Un espacio clave para las rapaces ibéricas
Estas deficiencias se han visto reforzadas por un estudio ornitológico independiente, realizado a lo largo de 2023 por un equipo de siete ornitólogos y coordinado, entre otros, por el profesor titular de Geografía Física de la Universidad de Castilla-La Mancha Rafael Ubaldo Gosálvez Rey.
El estudio documentó la presencia de 14 especies de aves rapaces en el entorno del proyecto, tres de ellas catalogadas como en peligro de extinción en Castilla-La Mancha —águila imperial ibérica, águila perdicera y milano real— y otras seis como vulnerables, entre ellas el buitre negro y el alimoche común.
El análisis de más de 500 vuelos y los mapas de uso del espacio elaborados con sistemas de información geográfica confirman que el área afectada constituye un espacio vital para estas especies. La implantación de una mina a cielo abierto, con maquinaria pesada, voladuras y escombreras, sería, concluye el estudio, absolutamente incompatible con su conservación.
Según la Plataforma, este informe pone de manifiesto las graves carencias del estudio de impacto ambiental original y refuerza la solicitud de nulidad de pleno derecho de la DIA y de la concesión minera.
Pese a que las obras ya han comenzado, la Plataforma No a la Mina confía en que el procedimiento judicial permita detener el proyecto y restaurar el territorio a su estado original, poniendo fin a lo que consideran un proceso “viciado desde su origen” y priorizando la salud de la población y la protección de un entorno natural de valor excepcional.
