Manuel Artiñano Moraga. Afiliado al PSOE, crítico con la deriva actual del partido.- España lleva años atrapada en un debate estéril sobre inmigración. Se habla de cifras, de emergencias y de costes, pero rara vez se habla de futuro. Mientras tanto, miles de jóvenes inmigrantes —muchos de ellos residentes legales— viven atrapados en un limbo administrativo y social que no les permite avanzar. No por falta de voluntad, sino por falta de oportunidades reales.
La irregularidad o la precariedad administrativa no solo impiden trabajar o formarse: destruyen expectativas, cronifican la exclusión y generan frustración. Y frente a eso, la respuesta política ha sido, en demasiadas ocasiones, puramente asistencial. Techo y una ayuda mínima. Nada más. Como si sobrevivir fuera suficiente.
En este contexto, el anuncio del Ministerio de Defensa de 12.000 nuevas plazas en las Fuerzas Armadas en 2026 debería abrir un debate mucho más profundo del que estamos teniendo. Porque aquí no hablamos solo de reforzar el Ejército. Hablamos de integración, cohesión social y modelo de país.
El acceso a las Fuerzas Armadas —limitado por ley a ciudadanos españoles y a nacionales de determinados países con convenio, siempre que cuenten con residencia legal, aptitud física y carezcan de antecedentes— no es un privilegio ni una concesión. Es una vía de integración basada en el mérito, la disciplina y el compromiso. Exactamente lo contrario de la caricatura que algunos quieren vender.
El Ejército no regala nada. Exige. Exige esfuerzo, responsabilidad, respeto a las normas y lealtad. Y a cambio ofrece algo que hoy escasea: formación real, estabilidad laboral, identidad profesional y pertenencia. Para muchos jóvenes inmigrantes, eso marca la diferencia entre ser considerados un problema o convertirse en parte de la solución.
Resulta paradójico que mientras España necesita reforzar su capacidad de defensa y rejuvenecer sus plantillas, sigamos cerrando el debate sobre cómo aprovechar el talento y la voluntad de quienes ya viven aquí y quieren aportar. Integrar no es proteger eternamente desde la dependencia; integrar es exigir, confiar y responsabilizar.
No se trata de abrir la puerta de forma indiscriminada ni de saltarse la ley. Se trata de usar la ley con inteligencia y ambición política. De ampliar convenios, de informar mejor, de eliminar trabas innecesarias y de entender que la cohesión social también se construye desde instituciones fuertes y compartidas.
Un uniforme no borra el pasado de nadie. Pero sí ofrece futuro, reglas claras y un espacio común. Y eso, en una sociedad tensionada y fragmentada, no es menor.
España debe decidir si quiere seguir gestionando la inmigración como una emergencia permanente o si quiere convertirla en una política de Estado con visión de futuro. Porque integrar no es asistir. Integrar es ofrecer un camino exigente, digno y útil para todos.
