Jaime Juan Herrera.- En España, el artículo 14 de la Constitución Española reza que ”los españoles son iguales ante la Ley”. Sin embargo, los últimos acontecimientos en torno a la querella contra el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, por presuntos delitos de agresión sexual y Violencia de Género, parecen dibujar una realidad distinta: una Justicia de “guante blanco” para las élites y una “Justicia de detención, grilletes y calabozo” para el ciudadano de a pie.
Cualquier hombre en nuestra Nación que sea objeto de una denuncia por presunta Violencia de Género sabe lo que le espera: detención inmediata, grilletes, el paso por el calabazo y una noche o a más privado de libertad antes de ver a un juez.
Es el protocolo estándar y automático, aplicado de forma casi mecánica por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bajo el sistema VIOGÉN, buscando la “protección máxima” de la presunta víctima.
Sin embargo, en el caso del máximo responsable operativo de la Policía Nacional hasta hace unos días, el guion ha sido radicalmente distinto. A pesar de la gravedad de los delitos que se le imputan, incluyendo presuntas coacciones y lesiones psíquicas a una subordinada, el investigado no ha sido detenido, ni esposado, no ha visto, ni pisado el calabozo.
El Juzgado de Violencia de la Mujer nº 8 de Madrid, ha optado por una citación judicial, permitiéndole dimitir y marcharse a su casa a esperar su declaración, todo un detalle. ¿Por qué a un ciudadano común se le detiene por “precaución” y a un alto cargo policial se le permite la cortesía de la citación?
Pero la realidad social es otra: se ha hurtado a la opinión pública la imagen de la responsabilidad inmediata.
El sistema parece entender que el arraigo de un alto mando policial es un salvoconducto que no posee el ciudadano común, que es detenido en su domicilio frente a sus vecinos o recibe la llamada telefónica a su teléfono móvil informándole que se “persone inmediatamente en comisaría o se le enviará un vehículo policial para recogerle ”Qué detallazo”.
Esta asimetría no sólo es una ofensa al principio de igualdad es un mensaje demoledor para las presuntas víctimas ¿cómo va a confiar una mujer en denunciar a un superior si ve que el sistema le otorga privilegios procesales que no tendría un ciudadano desconocido? Y sobre todo, ¿cómo va a confiar el ciudadano que ya ha pasado por esa experiencia tan desagradable de la detención, grilletes y calabozo al ver que ante delitos presuntamente más graves, que el trato depende de los galones que lleva en el hombro?
Si la Ley dice ser igual para todos, la detención preventiva, grilletes y calabozo también deberían ser para todos. La Justicia no sólo debería parecer justa, debe serlo. Y en este caso, el aroma a “TRATO DE FAVOR es tan denso que empaña la credibilidad de las Instituciones que el investigado debía de defender. No se trata de saltarse la presunción de inocencia si no aplicar el mismo rigor que se le aplica a cualquier ciudadano español que no tiene un despacho en la Sede Central de la Policía Nacional.
Todo esto me lleva a pensar y decir que la Ley y la Justicia en España aparte de no ser iguales para todos, son un “CACHONDEO” como dijo aquél y cuánta razón tenías.
He dicho.
