El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha incidido en la necesidad de “blindar por ley” los conciertos sociales con las entidades del Tercer Sector para garantizar su estabilidad económica y su seguridad jurídica, asegurando así la continuidad y calidad de los servicios que prestan a miles de castellanomanchegos.
Así lo ha indicado durante su intervención en la reunión sectorial de Bienestar Social del PP-CLM, donde ha afirmado que las políticas sociales “son el alma de una Comunidad Autónoma”, ya que suponen la protección de mayores, personas con discapacidad, familias vulnerables o personas en situación de dependencia.
Por ello, ha lamentado que Castilla-La Mancha continúe situándose entre las comunidades con peores indicadores sociales del país, recordando que el 34 por ciento de los castellanomanchegos vive en el umbral de la pobreza o en riesgo de exclusión social, que el 9,8 por ciento sufre pobreza severa y que más de la mitad de la población, el 51,1 por ciento, tiene dificultades para llegar a fin de mes.
El presidente regional del PP ha denunciado que una persona en Castilla-La Mancha espera de media 18 meses para que le sea reconocido el grado de discapacidad, un periodo que “no es neutro”, ya que implica costes económicos y emocionales para las familias, al tiempo que ha incidido en la deuda de más de 800 millones de euros en materia de dependencia que el Estado mantiene con la región.
EL TERCER SECTOR, SOCIO PRIORITARIO DE LA JUNTA
Por todo ello, Núñez ha defendido el papel esencial del Tercer Sector, al que ha definido como “socio prioritario de la Administración”, por su profesionalidad, cercanía y especialización en ámbitos como la discapacidad, la salud mental, la atención a mayores o la intervención con familias vulnerables.
El líder de los ‘populares’ en la región ha incidido en la propuesta del PP de blindar por ley los conciertos sociales, incorporando esta garantía a la normativa autonómica para asegurar que todas las entidades sociosanitarias puedan acceder a este modelo con estabilidad y sin depender de convocatorias anuales de subvenciones que, en muchos casos, se resuelven tarde y obligan a las asociaciones a recurrir a pólizas de tesorería para afrontar nóminas y gastos corrientes.
“No es razonable que mientras aumentan los costes de los servicios y los salarios, la Junta mire hacia otro lado y no actualice las aportaciones, poniendo en riesgo la viabilidad de las entidades y la atención a los usuarios”, ha afirmado.
Además, Núñez ha advertido de que Castilla-La Mancha cuenta con el precio plaza-día en residencias de mayores más bajo del país, lo que dificulta una atención adecuada y compromete la sostenibilidad de los centros.
El presidente del PP-CLM ha avanzado que, si el PSOE rechaza la enmienda, el blindaje legal de los conciertos sociales será una de las primeras medidas que impulsará el Partido Popular al llegar al Gobierno, una Ley autonómica de garantía de servicios y derechos sociales, un Plan Director de Servicios Sociales para clarificar competencias y reforzar la ayuda a domicilio, un plan de choque para reducir las listas de espera en discapacidad y una mejora del precio plaza en residencias.
Por último, Núñez ha defendido que la política social debe ir de la mano del crecimiento económico, ya que “sin crecimiento económico es muy difícil sostener un estado del bienestar fuerte”, por lo que es vital “una Castilla-La Mancha próspera para poder garantizar políticas sociales eficaces y estables”.
