Comunicado del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Puertollano.– El titular con el que el Grupo Municipal Socialista ha valorado el último pleno, en el que presentó una moción con una propuesta jurídicamente inviable, resulta tan desacertado como ridículo. No es cierto que el PSOE haya obligado al alcalde a crear una mesa de trabajo para apoyar al comercio afectado por obras de larga duración.
Lo que sí es cierto es que la moción que pretendían someter a la consideración de la Corporación era ilegal, tal y como advirtió la propia Interventora municipal en su informe preceptivo.
Este equipo de Gobierno ha estado, está y seguirá estando al lado del comercio local, pilar fundamental de la economía y de la vida social de nuestra ciudad. Prueba de ello son las distintas líneas de apoyo, ayudas directas y campañas de dinamización comercial impulsadas durante los dos últimos años, siempre desde la responsabilidad y el respeto al marco normativo.
En relación con la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para establecimientos afectados por obras municipales, es necesario aclarar que se trata de un tributo regulado por normativa estatal, que establece de forma tasada los supuestos de exención. Los ayuntamientos no pueden aplicar bonificaciones o exenciones discrecionales fuera de lo previsto por la ley. Por tanto, no estamos ante una cuestión de voluntad política, sino de cumplimiento de la legalidad y de gestión responsable de los recursos públicos.
Tras la retirada de la moción del PSOE local, en la que solicitaban medidas que generaban un trato discriminatorio para los comercios afectados por obras de más de seis meses, queda en evidencia que esa propuesta carecía de la solidez jurídica necesaria.
Con esta rectificación, se desmonta la imagen que pretendían proyectar, presentándose como los supuestos salvadores del comercio local. La iniciativa, tal y como estaba planteada, no solo resultaba inviable legalmente, sino que generaba agravio comparativo entre distintos sectores y zonas del municipio. Sorprende que una formación con más de cuatro décadas de experiencia de gobierno incurriera en una propuesta de este tipo, ignorando los principios básicos de legalidad y equidad que deben regir cualquier actuación pública.
Confiamos en que, en el marco de la Mesa de trabajo creada para estudiar medidas dentro de la legalidad, todas las fuerzas políticas actúen con mayor coherencia y responsabilidad, priorizando soluciones reales por encima de estrategias partidistas.
