El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reivindicado hoy, durante la mesa de debate ‘El Bienestar Social y la Humanización de los Cuidados en Tiempos de Cambio’ del V Foro Económico organizado por El Español Castilla-La Mancha, la transformación del sistema público de dependencia en la región, tras haber reducido en un 97 % el denominado “limbo de la dependencia”, un desfase que durante años supuso retrocesos en derechos y atención a las personas más vulnerables.
Durante su intervención, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha recordado el impacto que tuvo en la Comunidad Autónoma aquella etapa, señalando que hizo “mucho daño a los ciudadanos y mucho daño como sociedad”.
Desde 2015, ha explicado, uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de Emiliano García-Page ha sido revertir esa situación y recuperar derechos. La eliminación práctica de ese limbo no ha sido fruto de una medida aislada, sino de una estrategia sostenida basada en más financiación, más profesionales y una mejora constante de la gestión administrativa.
Actualmente, Castilla-La Mancha atiende a más de 82.000 familias, gestiona 118.000 prestaciones activas y resuelve los expedientes en 165 días, frente a los 341 de media nacional. La región se sitúa así entre las cuatro comunidades autónomas que cumplen el plazo legal de seis meses establecido en la normativa estatal para el reconocimiento y asignación de recursos.
Compromiso frente a la infrafinanciación
En su intervención, la consejera ha abordado de forma directa la infrafinanciación estatal del Sistema de Dependencia, asegurando que Castilla-La Mancha lleva “muchos años reclamando y reivindicando que por parte del Estado se apueste por la dependencia, como apostamos en Castilla-La Mancha”. Aun así, la consejera también ha reconocido que se han producido crecimientos en los últimos años, aunque ha advertido de que “son todavía insuficientes”.
Ante este escenario, ha señalado que las comunidades autónomas pueden optar por “plantarnos y no dar las atenciones” o seguir defendiendo los derechos de la ciudadanía. “Y eso es lo que hacemos en nuestra Comunidad Autónoma”, ha afirmado, subrayando que en los últimos diez años el compromiso ha sido especialmente intenso.
En este sentido, ha recordado que Castilla-La Mancha alcanzará en 2026 el mayor presupuesto de Bienestar Social de su historia, 953,1 millones de euros, con más de 692 millones destinados a dependencia, consolidando una apuesta sostenida por el sistema público pese al contexto de infrafinanciación.
Coherencia y respaldo estructural de los derechos sociales
Preguntada por la propuesta de “blindaje” planteada por el Partido Popular, la consejera ha señalado que quien habla hoy de blindar debe primero “ganar una confianza que en su momento perdió cuando gobernaba”. Ha recordado que hubo oportunidades para consolidar jurídicamente los derechos sociales y su financiación y no se aprovecharon.
García Torijano ha defendido que si realmente se quiere proteger el sistema público, el mejor marco para hacerlo es el Estatuto de Autonomía, donde se pueden “blindar los derechos sociales, blindar la financiación y blindar ese Estado” desde una perspectiva estructural y no coyuntural. En este sentido, ha apelado a la coherencia política: “Hay que ser coherente con lo que se dice y con lo que se hace”.
Por ello, la consejera ha subrayado que el Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene esa coherencia entre discurso y gestión, consolidando un sistema público fuerte y resistente, con el concierto social regulado, implantado y financiado, más de 5.900 plazas residenciales garantizadas y convocatorias resueltas con antelación para ofrecer estabilidad real a las entidades del Tercer Sector.
Bárbara García Torijano ha compartido mesa con Icíar Ancizu, directora territorial de la Fundación ‘la Caixa’; Cristóbal Cuevas, representante de ILUNION VidaSénior; y Andrés Martínez, presidente del Grupo CECAP, en un foro centrado en los retos del sistema público de cuidados y su necesaria adaptación ante los cambios demográficos y sociales.
