El Ayuntamiento de Puertollano deberá devolver el salario que tenía que haber cobrado Inés Llerena Gil, jefa de Servicio de Urbanismo del consistorio, tras ser expedientada y suspendida en funciones durante seis meses, después de que la Junta de Gobierno Local acordara este miércoles, en reunión extraordinaria, resolver el expediente disciplinario con un apercibimiento, «al no haber probado» los hechos de los que se le acusaban. A su vez, la funcionaria, concluida la vía administrativa en relación con este expediente disciplinario, ha procedido a recurrir a la vía judicial, donde se ha admitido a trámite una denuncia penal por acoso laboral contra el alcalde, Miguel Ángel Ruiz, y dos concejales del equipo de Gobierno.
Así lo ha puesto de manifiesto la funcionaria afectada en un comunicado en el que ha denunciado la «grave persecución» contra su persona por parte del alcalde y los concejales de Urbanismo, José Antonio Barba, y de Obras, Javier Trujillo, al tiempo que ha lamentado su «total desprotección» ante su denuncia por acoso laboral por parte de los sindicatos y de los servicios de Recursos Humanos del consistorio.
En su comunicado, la funcionaria recuerda que el 11 de marzo de 2025 se resolvió en Junta de Gobierno Local Extraordinaria la propuesta de incoación del expediente disciplinario, acordando la medida cautelar de suspensión de sus funciones y derechos por plazo de seis meses, haciéndole responsable de «hechos muy graves» en relación a sus actuaciones como funcionaria de carrera de este Ayuntamiento.
«Esto fue consecuencia directa de una denuncia que realicé por escrito al Ayuntamiento el 7 de marzo de 2025, poniendo en evidencia el acoso laboral al que llevaba sometida por parte principalmente del alcalde y los concejales de Urbanismo y de Obras», recuerda.
La trabajadora municipal relata que durante el año que ha transcurrido ha llevado a cabo diversas acciones legales contra el Ayuntamiento, entre ellas la denuncia en contencioso administrativo por la medida cautelar «desproporcionada» llevada a cabo y la denuncia de acoso laboral en el juzgado de lo penal contra los políticos implicados.
Ahora, tras conocer el acuerdo de la Junta Local de Gobierno de este miércoles, esta trabajadora ha lamentado la «grave persecución» contra su persona. «Durante este año he estado totalmente desprotegida ante mi denuncia por acoso laboral, ya que la contestación de la jefa de Recursos Humanos fue que lo planteado no se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Protocolo de Acoso».
«A pesar de trasladar a los sindicatos todas las acciones que el Ayuntamiento tomó contra mí, nadie se puso en contacto conmigo y no han puesto interés alguno en el seguimiento de un expediente tan grave, dejándome, como trabajadora del Ayuntamiento, sometida a la humillación y la arbitrariedad de las acciones que se han realizado contra mí», concluye.
