Durante las próximas semanas, los centros educativos de nuestro país iniciarán la fase de admisión o solicitud de plaza para el curso escolar 2026/2027. Es por tanto el momento en el que muchas familias recibirán evaluaciones psicopedagógicas, propuestas de escolarización y, en algunos casos, presión para firmar documentos o aceptar derivaciones del alumnado con síndrome de Down a centros de educación especial.
En este contexto, desde DOWN ESPAÑA alertamos a las familias de los procedimientos irregulares que algunos centros educativos y administraciones utilizan para segregar y excluir a estudiantes con síndrome de Down; una práctica que vulnera su derecho a recibir una educación inclusiva y de calidad, reconocido en la Constitución española —en sus artículos 14 y 27— y en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“Las familias han normalizado, al igual que gran parte de la sociedad, el hecho de que se vulnere el derecho a la educación de calidad que defiende tanto nuestra Constitución como la Convención Internacional en su artículo 7”, asegura Ana B. Rodríguez, asesora de Educación Inclusiva de DOWN ESPAÑA. “Lo hemos normalizado y nos conformamos con poco” afirma Rodríguez. “¿Qué pasaría -se pregunta la experta- si en lugar de la educación se niega a un niño la asistencia médica por tener discapacidad? Necesitamos que las familias tomen conciencia de la importancia de defender el derecho a una educación de calidad para sus hijos e hijas porque no podemos normalizar las injusticias”, recalca.
Para Ana B. Rodríguez, el sistema educativo utiliza diferentes “trampas” para dificultar o impedir la inclusión real del alumnado con discapacidad. Una de ellas es solicitar a las familias la firma de documentos de escolarización en contextos de presión o con información incompleta, “las familias no deben firmar estos documentos ya que este trámite podría facilitar la derivación de su hijo o hija a un centro de educación especial”, afirma Rodríguez, que insiste en el derecho de las familias a “solicitar tiempo, pedir aclaraciones y, si no están conformes, firmar haciendo constar su desacuerdo”.
Otros procedimientos que entorpecen la enseñanza de calidad para el alumnado con síndrome de Down, según indica Rodríguez, son: “el uso de etiquetas que reducen al estudiante a su diagnóstico y condicionan las expectativas del profesorado; evaluaciones psicopedagógicas que, en ocasiones, se utilizan más para justificar la exclusión que para identificar los apoyos necesarios; o el dictamen de escolarización, un procedimiento que se aplica únicamente al alumnado con necesidades educativas especiales y que puede convertirse en una vía para limitar su acceso y permanencia en centros ordinarios. A esto se suma la proliferación de aulas específicas dentro de centros ordinarios, que terminan convirtiéndose en nuevas formas de segregación, pues el alumnado permanece separado durante gran parte de la jornada, lo que limita su aprendizaje y su desarrollo social y emocional”.
Estos procesos, señala la experta, “no parten de un análisis de las barreras del entorno ni de una planificación real de ajustes razonables, sino de una lógica centrada en el déficit del alumno, lo que provoca que no se agoten previamente todas las medidas de apoyo dentro del aula ordinaria — como la flexibilización metodológica, el diseño universal para el aprendizaje o la presencia de apoyos especializados— antes de plantear opciones más restrictivas”.
Para Rodríguez“las familias son el motor y el corazón de la educación inclusiva”, aunque, como señala, “muchas se enfrentan a esta situación desde el desánimo”. “Parece que, hagamos lo que hagamos, no vamos a cambiar nada y esto ha generado frustración e indefensión en algunas familias que han terminado aceptando opciones educativas que no deseaban”. Para la experta, es fundamental recordar que “la educación inclusiva es un derecho y que las familias pueden formarse y apoyarse en herramientas legales para defenderlo”.
Por ello, nuestra asesora reivindica que las decisiones educativas se evalúen caso por caso y con la participación activa de las familias para evitar procesos que conduzcan automáticamente a la segregación del alumnado con discapacidad. “Lasfamilias tienen derecho a elegir centro, a conocer y supervisar las evaluaciones que se realizan y a exigir los apoyos necesarios para garantizar el aprendizaje de sus hijos -recuerda- y pueden acudir a instituciones como el Defensor del Pueblo, el Defensor del Menor, la Fiscalía de Menores y de Discapacidad, la Oficina de Atención a la Discapacidad o el CERMI para defender el derecho a una educación inclusiva”.
Por su parte, el abogado especializado en educación inclusiva, Juan Rodríguez Zapatero, recuerda que existe legislación del Tribunal Supremo que ha consolidado que “la escolarización en centros ordinarios debe ser la opción prioritaria, siempre que se proporcionen los apoyos y ajustes necesarios”.
“La jurisprudencia establece cuáles son los mandatos y las obligaciones que incumben a las administraciones educativas en orden a garantizar la efectividad de este derecho fundamental y señala que los apoyos deben ser personalizados y eficaces de manera que el sistema se adapte al alumno y priorice su escolarización en centros educativos ordinarios. Es decir, la derivación a centros de educación especial solo puede hacerse de forma excepcional y debidamente justificada, demostrando que se han agotado todas las medidas de inclusión”, añade Rodríguez Zapatero.
El letrado insiste en la urgencia de que se reconozca el derecho a la educación inclusiva para todas las personas y se aplique íntegramente la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, “incluyendo la transformación de los centros de educación especial en centros de apoyo a los centros educativos ordinarios, en lugar de seguir funcionando como una modalidad separada de escolarización, ya que esto no es compatible con el derecho a una educación inclusiva”.
Desde la federación instamos a las familias a asumir su papel esencial para garantizar una educación de calidad para sus hijos; a los centros educativos, a trabajar con la voluntad y los recursos necesarios para hacerlo posible; y a los Gobiernos, a asegurar que el sistema educativo español garantice la presencia, la participación y el aprendizaje de todo el alumnado en igualdad de condiciones.
