El Ejecutivo regional no se cansará nunca de reivindicar la defensa del agua para Castilla-La Mancha por coherencia y por sentido común. Y así lo ha vuelto a poner de manifiesto la consejera Portavoz, Esther Padilla, quien ha reiterado la necesidad de cambiar las reglas de explotación del trasvase, una decisión que debería haber adoptado el Gobierno central hace 16 meses. Y ante, dicho retraso y ante la inacción, el Gobierno del presidente García-Page se ha visto obligado a acudir a los tribunales para forzar ese cambio.
Ante los medios de comunicación, Padilla ha insistido en que la motivación está “en que no se están cumpliendo los caudales ecológicos que establece la ley y que fijan las sentencias del Tribunal Supremo”. Por lo tanto, ha reiterado, “no estamos ante una discusión política, sino ante una obligación legal y medioambiental”.
En palabras de la portavoz, “nuestro planteamiento es más que coherente y responsable. Defendemos los intereses de Castilla-La Mancha, defendemos el cumplimiento de la ley y la ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo, y defendemos la protección del medio ambiente”.
Padilla ha recordado que este recurso llega después del silencio y del incumplimiento de la ley por parte del Ministerio para la Transición Ecológica: “en 16 meses no han contestado, en 16 meses, la ministra y vicepresidenta tercera no ha sido capaz de dedicarle media hora al presidente de una comunidad autónoma para hablar de un asunto clave, estratégico y de gran importancia”. Y ha recordado, “fíjense si ha sido respetuoso, el presidente, que ya ha manifestado que, si se dan los pasos necesarios, retiraremos el recurso”.
En relación a las críticas vertidas desde el Levante, la consejera ha insistido en que Castilla-La Mancha “lleva siendo 47 años solidaria” y, además, de manera “muy concreta” con el trasvase Tajo-Segura, que ya ha supuesto 15.148 hectómetros cúbicos trasvasados. “Eso no es falta de solidaridad: es todo lo contrario”, ha sentenciado al respecto, a la vez que ha recalcado que dicha cantidad de agua hubiera servido para abastecer a toda España durante seis años.
Además, ha querido dejar claro que la demanda “no responde a ninguna hipocresía”, sino al principio básico de que “el desarrollo de una comunidad autónoma no puede depender sistemáticamente de perjudicar a otra, y menos de forma indefinida, como pretenden en el Levante”. A ello se suma que la justicia está del lado de Castilla-La Mancha en este asunto: no se están cumpliendo los caudales ecológicos que establece la ley y que fijan las sentencias del Tribunal Supremo. Por lo tanto, estamos frente “a una obligación legal y medioambiental”, no frente a un debate político, ha recalcado Padilla.
La consejera también ha querido hacer referencia a la oposición, sobre la que ha señalado que “no está ni en el lado de la sostenibilidad, ni de la región, ni de la coherencia” y ha criticado que “no se enfrente” a sus dirigentes en Madrid para defender los intereses de la región. Incluso, ha afirmado que “si su partido gobernara en España, se habrían hecho más trasvases y seguiría vigente el memorándum de la vergüenza, que ya apoyaron en su momento”. Mientras tanto, ha dejado claro que el Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene siempre la misma línea: la defensa clara de los intereses de la región, frente a quien pretenda perjudicarla.
