La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha confirmado la pena de un año y seis meses de prisión para una administradora de fincas de Puertollano, al considerarla autora responsable penalmente de un delito de administración desleal que causó un perjuicio de más de 30.000 euros a una comunidad de vecinos de la ciudad industrial entre los años 2014 y 2022.
La Sala ratifica así la sentencia del Juzgado de lo Penal de Ciudad Real que concluyó que la mujer ahora condenada, y que se encontraba autorizada para operar con las cuentas bancarias de la comunidad de propietarios, cometió múltiples irregularidades a lo largo de los años de contrato relacionadas con el impago de un préstamo (lo que generó gastos, intereses y comisiones), irregularidades de carácter contable, disposiciones no consentidas, reintegros de efectivo y transferencias con destino desconocido y duplicado de cargos, al tiempo que dejó de abonar facturas y pasó recibos por un seguro que ya no estaba vigente tras la anulación de la póliza, precisamente por impago.
Entre los hechos probados constan impagos al banco de las transferencias realizadas por los vecinos para pagar mensualmente un préstamo, una situación que la administradora no comunicó nunca a sus clientes, así como indebidos reintegros de efectivo y transferencias con destino desconocido en la cuenta asociada al préstamo.
De otro lado, la Sala considera debidamente probado que la administradora tampoco comunicó la suspensión del servicio de gas y deudas de agua a los vecinos, y dejó de abonar facturas o no tramitar ayudas y subvenciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por obras de mantenimiento que tampoco fueron abonadas a la empresa.
Además, consta que la acusada no se hizo cargo de abonar las facturas a la empresa de mantenimiento de ascensores, forzando a la comunidad a satisfacerlas tras ser reclamadas, y que en otros casos duplicó cargos o realizó movimientos irregulares en los que consta la salida del dinero de los vecinos pero no el destino.
Consecuentemente, los magistrados han confirmado la pena de un año y seis meses de prisión, al tiempo que condenan a la acusada, por daños y perjuicios irrogados, a satisfacer a la comunidad de propietarios en la cantidad de 30.000 euros, más los intereses legales y el pago de las costas procesales.
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