Juan José Rubio Guerrero. Catedrático de Hacienda Pública de la UCLM.– El debate sobre el gasto en defensa ha dejado de ser una cuestión marginal para convertirse en uno de los ejes centrales de la política europea y transatlántica. En el caso español, esta discusión no puede entenderse únicamente en términos económicos o presupuestarios, sino que debe situarse en un contexto más amplio: el de una cultura estratégica marcada por la historia, la percepción social de la seguridad y la evolución del entorno internacional.
Durante décadas, España ha mantenido una relación particular con la política de defensa. A diferencia de otras potencias europeas, su no participación directa en las grandes guerras del siglo XX, su relativo aislamiento durante la Guerra Fría y los intensos debates internos en torno a su integración en la OTAN han configurado una cultura política en la que la defensa ha ocupado un lugar secundario. Este legado histórico ha contribuido a que el gasto militar sea percibido con mayor escepticismo social que otras políticas públicas, como la sanidad o la educación.
Este contexto explica en gran medida el patrón de comportamiento presupuestario que ha caracterizado a España en materia de defensa. Tradicionalmente, cuando la economía se desacelera, el gasto militar tiende a reducirse de forma más intensa que otras partidas. Por el contrario, en fases de crecimiento, su incremento es más moderado. A ello se suma el uso recurrente de mecanismos como los créditos extraordinarios o la reubicación de partidas, lo que ha contribuido a una cierta opacidad en la contabilización real del esfuerzo en defensa.
Sin embargo, el entorno internacional ha cambiado de forma significativa en la última década. Un punto de inflexión clave fue la Anexión de Crimea, que llevó a la OTAN a instar a sus miembros a aumentar su gasto hasta el 2% del PIB. España aceptó este compromiso, aunque partía de una posición rezagada y avanzó hacia él de forma lenta e irregular. Esto afectó a su credibilidad como aliado, especialmente en un contexto en el que Estados Unidos ha venido reclamando de manera constante un mayor esfuerzo europeo en materia de seguridad.
A pesar de ello, los datos muestran que España ha realizado un esfuerzo significativo en términos absolutos. Entre 2014 y 2024, el gasto en defensa se duplicó, superando el 100% de incremento. No obstante, este crecimiento ha sido menos visible en términos relativos, debido al dinamismo de la economía española, lo que ha limitado el aumento en porcentaje del PIB. Este desfase entre cifras absolutas y relativas ha alimentado la percepción de insuficiencia del compromiso español.
El verdadero cambio de paradigma llegó con la Invasión rusa de Ucrania. Este conflicto no solo ha alterado el equilibrio geopolítico europeo, sino que ha transformado la percepción social de la seguridad. En España, ha contribuido a reducir los sesgos históricos en torno al gasto militar, abriendo un espacio político más favorable a su incremento. El Gobierno ha reconocido explícitamente la insuficiencia del nivel de inversión y ha vinculado el esfuerzo en defensa con la protección de la democracia, la estabilidad internacional y el desarrollo económico, destacando su impacto en sectores como la industria, el empleo o la innovación.
No obstante, el debate actual va más allá del simple aumento del gasto. Una de las principales críticas que plantea el análisis es la utilización del porcentaje del PIB como indicador principal del esfuerzo en defensa. Si bien esta métrica resulta útil desde el punto de vista político —al ofrecer una referencia sencilla y comparable—, presenta importantes limitaciones desde una perspectiva técnica. No tiene en cuenta, por ejemplo, la eficiencia del gasto, las capacidades militares reales o la contribución efectiva a las operaciones internacionales.
En este sentido, España ofrece un caso interesante. A pesar de no alcanzar el 2% del PIB, destaca por su nivel de inversión en equipamiento y por su capacidad de proyección internacional. Según distintos indicadores, su contribución operativa a la OTAN es superior a la de otros países que sí cumplen con el objetivo del 2%. Esto pone de manifiesto la necesidad de complementar los indicadores financieros con métricas de resultados, que permitan evaluar de forma más precisa la aportación real de cada aliado.
La cuestión se complica aún más en el contexto actual, marcado por nuevas exigencias dentro de la Alianza Atlántica. En la reciente cumbre de 2025, se ha planteado elevar el objetivo de gasto hasta el 3,5% o incluso el 5% del PIB, en gran medida por la presión de Estados Unidos. Estas cifras reflejan no solo la creciente percepción de amenaza —especialmente en relación con Rusia y manifestadas también en la Guerra de Irán—, sino también la voluntad de reequilibrar el reparto de la carga entre Europa y Washington.
Sin embargo, alcanzar estos niveles de gasto plantea importantes desafíos políticos, económicos y sociales. Para países como España, implicaría un esfuerzo presupuestario considerable, con potenciales efectos sobre otras áreas del Estado del bienestar. De ahí que el debate no se limite a cuánto gastar, sino que incluya también cómo financiar ese gasto y en qué capacidades concretas invertir.
En paralelo, la Unión Europea ha comenzado a desempeñar un papel más activo en este ámbito, impulsando iniciativas destinadas a fortalecer la industria de defensa y a coordinar las inversiones entre Estados miembros. No obstante, persisten desafíos importantes en la complementariedad entre la UE y la OTAN, especialmente en lo relativo a la planificación de capacidades y la coordinación estratégica.
En última instancia, el debate sobre el gasto en defensa refleja una cuestión más profunda: cómo equilibrar la seguridad y el bienestar en un contexto internacional cada vez más incierto. Los porcentajes del PIB seguirán siendo una referencia útil, pero insuficiente. Será necesario avanzar hacia un enfoque más complejo, que combine criterios políticos y técnicos, y que tenga en cuenta tanto los recursos invertidos como los resultados obtenidos.
España se encuentra, por tanto, en un momento de transición. Ha mejorado su posición y credibilidad en los últimos años, pero todavía enfrenta el reto de consolidar una política de defensa coherente, sostenible y alineada con sus compromisos internacionales. La evolución de este debate en los próximos años será clave no solo para su papel en la OTAN, sino también para su capacidad de influir en la construcción de una verdadera defensa europea.
