Comunicado de Almond Studio.– La empresa ciudadrealeña Almond Studio S.L. ha elevado hoy el tono de su denuncia contra el Ayuntamiento de Daimiel, advirtiendo de que la persistencia en las irregularidades administrativas del ciclo «Daimiel en Concierto 2026» podría ser constitutiva de un presunto delito de prevaricación por omisión. Según la mercantil, los responsables municipales están permitiendo que una empresa privada siga recaudando dinero de los ciudadanos por un ciclo de conciertos suspendido legalmente, desobedeciendo así las órdenes del Tribunal Administrativo Central (TACRC) y los propios decretos municipales.
Cronología de un caos administrativo
Para Almond Studio, el actual escenario es el resultado de una gestión «negligente» que suma dos procedimientos fallidos. El primero (Exp. 2026/06) tuvo que ser retirado por el propio Ayuntamiento tras demostrar esta mercantil la ilegalidad de sus pliegos, motivo por el que el TACRC dictó medida cautelar de suspensión. El segundo (Exp. 2026/22) nació viciado, con la venta de entradas iniciada incluso antes de que finalizara el plazo para presentar ofertas, lo que motivó una nueva suspensión cautelar por parte del TACRC el pasado 16 de abril.
El punto de no retorno se alcanzó cuando el Alcalde de Daimiel, mediante el Decreto 2026/303, ordenó la paralización de cualquier actuación frente a terceros. «Sin embargo, hemos aportado pruebas certificadas de que la venta de entradas ha seguido activa días después de ese decreto. Permitir un negocio privado sin contrato y bajo suspensión, teniendo conocimiento de ello y no actuando para impedirlo, es la definición técnica de una prevaricación por omisión», afirma Sandalio León, representante de la empresa.
Exclusión de licitadores y protección al consumidor
Ante esta situación de «vía de hecho», Almond Studio ha solicitado en el día de hoy al TACRC medidas drásticas: la exclusión del procedimiento del licitador beneficiado por estas ventas irregulares y la prohibición expresa de contratar con la administración para dicha empresa por desobedecimiento y quebrantar las medidas cautelares. Asimismo, se insta al Ayuntamiento a ordenar a dicha empresa la anulación de las entradas vendidas de forma ilícita y a la devolución inmediata de los importes a los usuarios para evitar un perjuicio económico masivo.
La indemnización, a la vía judicial
Respecto a la indemnización por los gastos del primer concurso fallido —denegada recientemente por el Ayuntamiento mediante el Decreto 2026/321—, Almond Studio ha restado importancia al hecho frente a la gravedad del desorden administrativo general. No obstante, ha confirmado que reclamará dicha cuantía por la vía Contencioso-Administrativa.
«El Ayuntamiento pretende eludir su responsabilidad técnica tildando de ‘riesgo empresarial’ sus propios errores legales en los pliegos. Será un Juez quien determine la indemnización, incluyendo intereses y costas, mientras nosotros nos centramos ahora en que los organismos de control y, llegado el caso, la Fiscalía, depuren las responsabilidades por este caos que afecta a la fe pública y a la legalidad de la contratación en Daimiel», concluyen desde la mercantil.
