José Arribas Santos.- Hay comportamientos que no admiten matices cuando se ocupa un cargo público. La apertura de un expediente sancionador a un concejal del Ayuntamiento de Fuente el Fresno—que además fue candidato a la alcaldía— por una presunta conducta incívica en la puerta del propio ayuntamiento no es un asunto menor. Es, directamente, una cuestión de dignidad institucional.
Sí, el procedimiento está en curso y debe respetarse la presunción de inocencia. Pero la política no se rige solo por el Código Administrativo: también por estándares de ejemplaridad que deberían estar muy por encima de lo exigible a cualquier ciudadano. Y ahí es donde este caso hace aguas.
No hablamos de una multa de 100 euros. Hablamos de la imagen de una institución que representa a todos. De la coherencia entre las normas que se aprueban en un pleno y la conducta de quienes levantan la mano para aprobarlas. Cuando esa coherencia se rompe de forma tan burda —y además, presuntamente miccionando en el entorno del consistorio— el mensaje que se lanza a la ciudadanía es devastador.
La pregunta ya no es jurídica, es política: ¿puede alguien que se encuentra en esta situación seguir representando con credibilidad a sus vecinos? ¿Puede exigir civismo cuando él mismo está siendo investigado por lo contrario?
En muchos lugares, la respuesta sería inmediata: dimisión o, como mínimo, la asunción clara de responsabilidades políticas. No como castigo anticipado, sino como gesto de respeto hacia la institución y hacia los ciudadanos. Porque el listón de la ética pública no debería marcarlo la cuantía de una sanción, sino la altura de las responsabilidades asumidas.
A veces se olvida que la confianza no se pierde de golpe, sino a base de episodios que la erosionan. Este es uno de ellos. Y mirar hacia otro lado solo agrava el problema.
La política local necesita menos excusas y más consecuencias.
