Patrimonio Manzanares ha entregado recientemente en el Ayuntamiento una propuesta formal dirigida a los representantes de los tres grupos políticos municipales, PSOE, PP y VOX, en la que reclama una compensación justa para los cientos de propietarios de casas incluidas en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de la localidad, que ven limitados gravemente sus derechos sin recibir a cambio ninguna bonificación, ayuda o exención por parte de la administración.
Para ello, la asociación patrimonial ha remitido a la atención del alcalde socialista Julián Nieva Delgado, la portavoz del Grupo Popular, Rebeca Sánchez-Maroto, y el concejal de VOX, José María Molina-Prados, un dossier de 32 páginas con el título “Teoría del Justo Equilibrio”, que pretende armonizar el deber de los propietarios de conservar los inmuebles catalogados y el derecho a ser compensados por la administración responsable. Hay que tener en cuenta que los inmuebles catalogados, a diferencia del resto, están sujetos a la imposición de distintos grados de protección (integral, parcial o ambiental) que restringen y acotan sensiblemente su disponibilidad y disfrute.
Más de 1.000 perjudicados: el 10 % de los votos emitidos en 2023
Actualmente, existen más de 110 inmuebles en Manzanares inventariados en el Plan de Ordenación Municipal (POM), lo que significa, de acuerdo a una estimación conservadora, que probablemente haya más de 1.000 perjudicados (entre propietarios y familiares directamente implicados) que se ven sometidos a una situación “expropiatoria” que limita notablemente sus derechos, sin recibir, a cambio, ninguna contrapartida (reducción del IBI, exenciones de gravámenes o tasas, implementación de ayudas, cooperación informativa…). Se trata de un colectivo de afectados que representa, aproximadamente, el 7 % del censo electoral y el 10 % de los votos emitidos en las últimas elecciones municipales.
Al mismo tiempo, Patrimonio Manzanares hace hincapié en que los inmuebles catalogados se encuentran, con frecuencia, deshabitados, inutilizables o infrautilizados. Ese hecho no evita, pese a ello, que el Ayuntamiento les imponga, frecuentemente, un IBI de más de 1.000 euros al año. “Una pesada carga”, que según fuentes de la asociación, “resulta desproporcionada y agrava la dificultad que, de por sí, implica la conservación del patrimonio, favoreciendo, indirectamente su decrepitud, como se puede contemplar fácilmente paseando por el casco urbanos de la localidad o, en general, por cualquier otro municipio del resto de España”.
“La necesidad innegociable de preservar el patrimonio común y el deber de los propietarios de custodiarlo”, sostienen las mismas fuentes, “debería, en buena lógica, encontrar en la administración más cercana a un aliado capaz de anteponer ese objetivo compartido a un mero afán recaudatorio”.
Dos varas de medir
Los inmuebles propiedad del Estado, comunidades autónomas o entidades locales destinados a servicios oficiales o públicos están exentos, legalmente, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por su pretendida utilidad social, al igual que la mayoría de los que pertenecen a la Iglesia, merced al Acuerdo entre el Estado y la Santa Sede de 1979. En este sentido, Patrimonio Manzanares solicita al Ayuntamiento que aplique la misma vara de medir a los propietarios de casas catalogadas de Manzanares, ya que la administración esgrime también una utilidad social para justificar su inclusión en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos.
“No se trata, por supuesto”, destacan en el seno de la asociación, “de la utilidad propia de unas oficinas de gestión tributaria o de aquellas destinadas a la información turística o los servicios sociales, sino de la que se deriva del mantenimiento de la memoria de los pueblos a través del paisaje urbano, la que cimenta y ejemplifica su carácter y trayectoria histórica, lo que, desde luego, no parece una cuestión menor”.
Fórmula correctora y tratamiento de fachadas
La Teoría del Justo Equilibrio, ideada por el editor Pablo Díaz-Pintado Fernández-Pacheco y desarrollada por el procurador y mediador Jesús Isidro Sánchez de la Blanca Romero-Nieva, pone a disposición de los representantes municipales y de los propios interesados una posible fórmula correctora que pretende satisfacer a ambas partes, atendiendo a los principios de proporcionalidad, equidad y reciprocidad.
Por un lado, el autor describe de manera sistemática el marco normativo aplicable, las obligaciones de los propietarios y las carencias detectadas en la actualidad fruto del desequilibrio entre las obligaciones y los incentivos. Un preámbulo necesario para aproximarse al escenario presente.
Igualmente, el estudio dedica un apartado específico al tratamiento de las fachadas por terceros (empresas energéticas, compañías de telecomunicaciones, administraciones, etc.) desgranando la regulación existente y las dificultades de aplicación práctica, además de aportar una propuesta de mejora normativa.
En última instancia, se expone un análisis comparativo que, sin ser exhaustivo, permite conocer algunas medidas adoptadas en otros municipios españoles, que se ve complementado con una serie de sugerencias concretas para su posible aplicación en la localidad. Entre ellas, se hace constar la posibilidad de establecer beneficios fiscales (IBI e ICIO), subvenciones y ayudas a la rehabilitación, convenios con entidades financieras, junto a la creación de una oficina municipal de apoyo al patrimonio, para finalizar con una tabla-resumen de todo lo expuesto y un apartado de conclusiones.
Un dossier aplicable en muchas otras localidades
El dossier realizado por Sánchez de la Blanca supone un análisis detallado y perfectamente estructurado que, evidentemente, no agota las posibilidades existentes, pero que, sin duda, sirve para poner encima de la mesa, por primera vez en Manzanares, una propuesta realista, positiva y regeneradora que, del mismo modo, podría tener aplicación práctica en cualquier otra localidad española afectada por la misma problemática.
En definitiva, Patrimonio Manzanares pretende, de este modo, invitar a la reflexión y abrir una vía para que los afectados y la población en su conjunto reclamen sus legítimos derechos y sus representantes políticos afronten sus obligaciones y adopten una serie de medidas, guiados por el justo equilibrio, en defensa del patrimonio común y el interés general.
