Colectivos vecinales de toda la región reclaman la suspensión cautelar del Plan Regional de Biometanización 2024-2030
Más de una veintena de colectivos vecinales de Castilla-La Mancha se manifestaron este sábado en Toledo para mostrar su rechazo a la proliferación de macroplantas de biogás y reclamar la suspensión cautelar del Plan Regional de Biometanización 2024-2030 impulsado por la Junta de Comunidades.
La concentración tuvo lugar a las 17.00 horas en la plaza de Zocodover, en el Casco Histórico de Toledo, y reunió a alrededor de 1000 personas procedentes de diferentes municipios de la región, según datos facilitados por las plataformas convocantes.
Los organizadores aseguraron que la movilización refleja “el creciente rechazo social” al modelo planteado por el Ejecutivo autonómico y defendieron la necesidad de mostrar una postura conjunta de los municipios afectados. “Queríamos demostrar que en ninguno de los pueblos estamos a favor de las macroplantas de biometano”, señalaron representantes vecinales.
En la provincia de Ciudad Real están previstos actualmente doce proyectos de macroplantas de biogás, repartidos entre municipios como Llanos del Caudillo, Torralba de Calatrava, Carrión de Calatrava, Daimiel, Manzanares, Membrilla, Valdepeñas, Tomelloso, Socuéllamos y Campo de Criptana.
Las plataformas ciudadanas sostienen que una de las principales preocupaciones de los vecinos son los posibles efectos sobre la calidad de vida y el medio ambiente. Entre los problemas que denuncian figuran los malos olores, el impacto sobre la calidad del aire, la posible contaminación de acuíferos por nitratos derivados del vertido sobre el terreno del digestato generado en estas instalaciones, y la contaminación del suelo con metales pesados.
Asimismo, alertan que además de los fétidos olores, se pueden producir la emisión de gases como sulfuro de hidrógeno y amoniaco, que, según afirman, podrían provocar afecciones respiratorias y otros problemas de salud. También consideran que estas instalaciones pueden afectar al valor de las viviendas y favorecer la despoblación de los municipios.
Los colectivos críticos cuestionan además la dimensión de algunos proyectos previstos. En este sentido, destacan el caso de la planta proyectada en Daimiel, que, según indican, tendría capacidad para tratar hasta
460.000 toneladas anuales de residuos. A su juicio, muchas de estas instalaciones están “sobredimensionadas” y tratarían residuos procedentes de otros territorios, no únicamente de los municipios donde se ubicarían.
Las plataformas también acusan a las administraciones locales y autonómicas de falta de transparencia durante la tramitación de los proyectos. Según denuncian, en numerosos casos la población tuvo conocimiento de las iniciativas a través de declaraciones públicas o informaciones en prensa, y no mediante procesos de información directa a la ciudadanía.
Además, critican que la Junta de Comunidades no haya respondido todavía, de forma individualizada y motivada, a las más de 15.000 alegaciones presentadas por ciudadanos, asociaciones y ayuntamientos de toda la región contra el plan regional.
Frente al modelo de biometanización, los colectivos afirman que existen alternativas para la gestión de residuos agrícolas y ganaderos, como vinazas, alpechines, alperujos o estiércoles. También muestran preocupación por el tratamiento de lodos de depuradora, al considerar que pueden contener metales pesados cuyos digestatos no serían aptos para uso agrícola y terminarían finalmente en vertederos.
