El subdelegado del Gobierno de España en Ciudad Real, David Broceño, ha presidido la reunión de la Comisión Provincial de Flujos Migratorios, un órgano de coordinación interinstitucional clave para la planificación de la contratación en origen y la organización de las campañas agrícolas en la provincia.
Durante la reunión se ha puesto en valor el modelo de migración regular, ordenada y segura que impulsa el Gobierno de España, orientado a garantizar tanto las necesidades de mano de obra del sector agrario como los derechos laborales y las condiciones dignas de trabajo.
Asimismo, se ha destacado la importancia de la regularización extraordinaria como herramienta para favorecer la incorporación al mercado laboral de personas migrantes en situación irregular, facilitando su integración y contribuyendo a combatir la economía sumergida.
En este sentido, también se ha subrayado la posibilidad de contratación desde la admisión a trámite de la solicitud, sin necesidad de esperar a la resolución definitiva del expediente, lo que aporta mayor agilidad y seguridad jurídica a las empresas del sector.
El subdelegado del Gobierno ha señalado que “la contratación legal y ordenada es fundamental para garantizar campañas agrícolas eficaces, proteger los derechos de los trabajadores y ofrecer estabilidad a las explotaciones agrarias”.
En el transcurso de la reunión se han analizado los principales datos del mercado laboral en la provincia. Actualmente, Ciudad Real cuenta con 180.883 personas afiliadas a la Seguridad Social, de las cuales 8.519 pertenecen al sector agrario. Asimismo, de las 20.105 empresas registradas en la provincia, 2.965 desarrollan su actividad en el ámbito agrario.
También se ha destacado que la media anual de trabajadores extranjeros afiliados representa el 40,5 % del total del sector agrario, lo que evidencia la relevancia de la población migrante para el sostenimiento de las campañas agrícolas y la actividad económica provincial.
Durante la Comisión se ha reconocido igualmente el compromiso mayoritario del empresariado agrario de la provincia con el cumplimiento de la normativa laboral y de contratación.
No obstante, se ha alertado sobre algunas problemáticas detectadas, especialmente relacionadas con la suplantación de identidad y la cesión ilegal de trabajadores.
En este contexto, se ha recordado que las sanciones por emplear a trabajadores inmigrantes en situación irregular y sin contrato pueden alcanzar los 10.001 euros por trabajador, reforzando así el mensaje de tolerancia cero frente a las prácticas ilegales.
Finalmente, se ha incidido en la necesidad de continuar avanzando hacia un modelo de contratación legal y segura que permita dar respuesta a las necesidades del sector agrario, garantizando al mismo tiempo condiciones laborales adecuadas en materia salarial, alojamiento y habitabilidad.
En la reunión han participado representantes de la Administración General del Estado —Inspección de Trabajo, Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia Tributaria, SEPE y unidades de Trabajo, Inmigración y Extranjería—, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, organizaciones agrarias, sindicatos y representantes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
