Vox ha pedido al Gobierno regional ayudar a los municipios a pagar el mantenimiento de las antenas para que los vecinos puedan ver la televisión, con una línea de apoyo que «cofinancie al menos el 25% esos costes», una demanda recogida en una Proposición No de Ley que no ha salido adelante en el pleno de las Cortes, tras el rechazo de la mayoría de los diputados del PSOE.
Tal y como ha trasladado el diputado de Vox Iván Sánchez, no están pidiendo que la Junta asuma el gasto completo, algo que, según ha afirmado, «sería lo más coherente».
«No estamos hablando de cantidades ingentes como las que sí que se gastan aquí en duplicidades que no ayudan en absolutamente nada a los castellanomanchegos. No puede haber una Castilla-La Mancha para fotos y otra que esté completamente olvidada para quienes siguen resistiendo y manteniendo nuestros pueblos. Porque defender el medio rural no consiste en hacer campañas publicitarias y gastarnos millones hablando de despoblación», ha afirmado Sánchez.
Se trata de «garantizar servicios, la igualdad, la dignidad y garantizar que un vecino de Valdesoto o de Embid tenga las mismas oportunidades y los mismos derechos básicos de quien vive en Toledo, en Guadalajara o en Albacete».
Por su lado, el diputado del PP Ignacio Redondo ha apoyado el mantenimiento de los centros emisores de televisión, con una «ayuda suficiente, que sea estable y que no suponga una carga a la burocracia para llevarla a cabo», no limitando esta medida «solo a zonas de extrema despoblación, porque hay municipios pequeños en zonas de intensa despoblación o en riesgo que sufren el mismo problema».
Ha lamentado que muchos ayuntamientos pequeños están pagando el mantenimiento de centros emisores de televisión en abierto con sus presupuestos», con un coste de unos 2.000 euros, que para «un pequeño municipio puede ser una carga importante».
Demandan que «se audite el estado real de los centros de televisión, de los centros emisores, de los puntos vulnerables del suministro eléctrico y de las zonas donde cae la cobertura», con un «protocolo de actuación rápida cuando un municipio se queda sin televisión, sin datos o sin posibilidad siquiera de llamar a emergencias».
«Un pueblo no se vacía solo porque falta empleo, también se vacía cuando sus vecinos sienten que viven con menos derechos, cuando cada tormenta les recuerda que están al final de una lista, cuando llamar, informarse o ver la televisión depende de que no sople el viento», ha asegurado.
Por su lado, la diputada del PP Silvia Fernández ha puesto en valor que el Gobierno de Castilla-La Mancha está destinando «ahora mismo» unos 10,5 millones de euros durante los próximos cinco años a la prestación de difusión de la televisión digital terrestre, tanto pública como privada, que afectará aproximadamente a 130.000 habitantes de 477 localidades de la región.
Al encargarse la Junta de pagar este gran servicio de difusión a las empresas de telecomunicaciones, «evita que centenares de pequeños pueblos tengan que asumir la contratación de la señal principal».
La propuesta de Vox, critica Fernández, «no define cuántos municipios podrían acogerse, cuántos centros emisores existen, qué impacto presupuestario tendría o qué alternativas tecnológicas» se contemplan.
Por ello, la diputada del PSOE ha indicado que la solución al aislamiento rural «no es multiplicar subvenciones permanentes a infraestructuras locales, sino garantizar la conectividad universal». mediante redes modernas».
RUIZ MOLINA: «PROPUESTA ABSOLUTAMENTE DEMAGÓGICA»
Por su lado, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha criticado esta propuesta, «absolutamente demagógica», pues «la televisión digital terrestre se ve en todos los municipios».
Ha pedido al PP «que revisen acuerdos que se han adoptado incluso con los ayuntamientos de su partido», señalando que «los ayuntamientos están cubiertos de una doble manera», por los convenios que firmó la Comunidad Autónoma para aquellos centros receptores en municipios pequeños.
Y también, «de aquellos que estaban soportados por las cadenas, incluso por convenios con las diputaciones, un cambio que suponía un alto coste para esos ayuntamientos».
