Daimiel Noticias. – El Pleno del Ayuntamiento de Daimiel debatió este lunes la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista relativa a la revocación del informe de compatibilidad urbanística favorable emitido para la consulta sobre un proyecto de planta de biometano en el municipio.
El Grupo Popular presentó una enmienda a la moción que modificó sustancialmente el enfoque inicial de la propuesta. Frente a la revocación directa del informe urbanístico, el concejal de Urbanismo, Jesús Javier Villar, defendió una posición centrada en la necesidad de contar con un marco regulador regional “claro” y “definitivo” antes de continuar con la implantación de nuevas infraestructuras de biometanización.
La enmienda apuntaba a la fase de elaboración del Plan Regional de Biometanización de Castilla-La Mancha y las reacciones sociales generadas en torno a este tipo de proyectos en distintos municipios de la región, con miles de alegaciones durante los procesos de información pública.
Como resultado del debate, el Pleno respaldó por unanimidad la propuesta orientada a reclamar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha una moratoria cautelar para la tramitación administrativa, ambiental y urbanística de nuevas plantas de biometano hasta que se apruebe definitivamente el Plan Regional de Biometanización y se dé respuesta motivada a las alegaciones registradas por ciudadanos, colectivos y entidades afectadas.
La sesión puso de manifiesto la preocupación existente en Daimiel sobre las posibles repercusiones de este tipo de instalaciones, especialmente en cuestiones relacionadas con la gestión de residuos, el impacto ambiental, los recursos hídricos, el sector agrícola y la calidad de vida de los vecinos.
Aunque los tres grupos municipales (PP, PSOE y Vox) coincidieron en la necesidad de que cualquier decisión futura se adopte con las máximas garantías técnicas, jurídicas y ambientales, además de aplicarse con la «mayor celeridad posible», la concejal socialista, Teresa Ortega, insistió en la necesidad de «eliminar el fleco» que supone el informe de 2023 y «partir de cero» en la tramitación.
Por su parte, el concejal de Vox, Juan Carlos Sendarrubias, defendió actuar con «prudencia» y «responsabilidad» y justificó la abstención de su grupo en las dudas jurídicas que, a su juicio, plantea la revocación presentada por el PSOE.
Fue el asunto central del pleno ordinario de junio, donde se evidenció la relevancia que esta cuestión ha adquirido en el municipio y la demanda de un marco normativo claro, como reclamó el alcalde, Leopoldo Sierra, “que aporte seguridad jurídica” tanto a las administraciones como a la ciudadanía.
En su intervención, el alcalde subrayó que el documento cuestionado respondía únicamente a una “consulta previa” basada en el Plan de Ordenación Municipal de 2009 y recordó que no supone la concesión de ninguna licencia urbanística. Asimismo, advirtió de que una revocación “podría acarrear responsabilidades patrimoniales” para el Consistorio al tratarse de un acto emitido conforme a la legalidad vigente en el momento de su emisión.
El regidor recordó que el Ayuntamiento acordó en febrero de 2026 la suspensión del otorgamiento de licencias relacionadas con instalaciones de tratamiento y gestión de residuos mientras se estudia una regulación específica para este tipo de actividades. Según indicó, desde entonces se han paralizado todos los trámites municipales vinculados a proyectos de estas características.
Sierra insistió en que la prioridad debe ser actuar con “prudencia” y “dentro del marco legal”, al tiempo que defendió la necesidad de una planificación regional que ordene la implantación de plantas de biometano en Castilla-La Mancha.
Con la aprobación de la enmienda consignada por los populares, el Ayuntamiento traslada ahora a la Junta de Comunidades la petición de paralizar cautelarmente la tramitación de nuevas plantas de biometano hasta que se complete la planificación regional actualmente en desarrollo.
Además del debate sobre la planta de biometano, la Corporación Municipal abordó otros asuntos de carácter económico y de control de la gestión municipal. Entre ellos, el Pleno aprobó el borrador del acta correspondiente a la sesión anterior y tomó conocimiento del Informe Resumen Anual de Control Interno correspondiente al ejercicio 2025, documento que recoge las actuaciones de fiscalización y control realizadas por la Intervención municipal.
La sesión también dio luz verde al Plan Anual de Control Financiero para 2026, herramienta que establece las actuaciones de supervisión y control previstas para este ejercicio con el objetivo de reforzar la transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos.
Otro de los asuntos tratados fue el expediente de modificación de crédito número 07/2026, por el que se destinarán 55.000 euros a atender distintas necesidades de gestión municipal reservando partidas presupuestarias para ello.
La sesión plenaria se prolongó durante alrededor de dos horas y media y contó también con la participación de vecinos presentes en el salón de plenos interesados en el debate sobre la posible instalación de plantas de biometano en el municipio.
En el apartado de participación ciudadana se formularon tres preguntas, a las que se sumaron las intervenciones realizadas desde el público por representantes de la plataforma vecinal Stop Biometano Daimiel, colectivo que viene movilizándose contra este tipo de proyectos.
Además, durante la sesión se dio respuesta a los tres ruegos pendientes del pleno anterior y a otras tres preguntas registradas durante el mes de mayo. En este punto, el portavoz de Vox, Juan Carlos Sendarrubias, formuló un ruego para que se mantenga informada a toda la Corporación municipal de cualquier avance o actuación encaminada a paralizar la instalación de plantas de biometano en Daimiel, una cuestión por la que también volvió a interesarse el Grupo Municipal Socialista en ese mismo apartado del orden del día.
